Una vez han transcurrido hasta la presente fecha ocho meses y diecisiete días desde la lectura de la resolución oral en el caso Encuentro, en la que fueron sentenciados como autores directos del delito de delincuencia organizada Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Clemente Icaza, ex gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), la defensa de Carrera solicita al Tribunal de Juicio que emita la sentencia escrita de la causa.
El 20 de noviembre pasado, por unanimidad, los jueces anticorrupción Víctor Barahona (ponente), Kevin Cabezas y Consuelo Tapia decidieron sentenciar a Carrera a diez años de cárcel y a Icaza a nueve años y cuatro meses de prisión.
Los nuevos abogados de Carrera, Ernesto Albán Ricaurte y Andrés Chasillacta Zurita, presentaron, el 28 de agosto pasado, un escrito en el que hacen el pedido a la Sala de Juzgamiento. Requieren que se tome en cuenta que su representado pertenece a un grupo de atención prioritaria y que la situación de arresto domiciliario que mantiene el condenado agravaría su condición médica.
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En este caso, la Fiscalía investigó una trama en la que se habían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas, como la CNEL, Aduanas del Ecuador y BanEcuador. El grupo investigado habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos.
En relación con Danilo Carrera, en la sentencia se indicó que una vez esté ejecutoriado el fallo él debería cumplir su pena en un Centro de Privación de la Libertad, esto pese a que el condenado tiene 83 años de edad. A más de las penas de cárcel, los juzgadores dispusieron que cada uno de los condenados pague como reparación integral $ 682.188.
#URGENTE | #CasoEncuentro: Tribunal declara culpables a los 2 procesados por #DelincuenciaOrganizada; impone una pena de 10 años de prisión para Danilo C. y 9 años con 4 meses para Antonio I. Además, deberán pagar una reparación integral de 682.188 dólares cada uno. pic.twitter.com/pAFhAy8f1I
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 20, 2024
Que existió una red de corrupción que tenía como objetivo obtener réditos económicos de empresas públicas, que estaba liderada por Danilo Carrera y que contó con la colaboración de funcionarios públicos y privados, es a lo que se comprometió a probar la fiscal Luzmila Lluglla en la audiencia de juzgamiento del caso Encuentro.
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La fiscal Luzmila Lluglla, en la audiencia de juzgamiento del caso Encuentro, en su “alegato de apertura” sostuvo que la red de corrupción en el sistema público ubicada en el caso Encuentro estuvo liderada por Carrera y Rubén Cherres, empresario asesinado en 2023 en Santa Elena, y la delincuencia organizada investigada contó con la colaboración de Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, ex gerente general de la CNEL; los operadores de Cherres, Leonardo Cortázar y Gabriel Naim Massuh; y las empresarias Karen Leonor C. O. y Érika Tatiana F. M.
Según Lluglla, la línea de responsabilidades llevaría a definir que Carrera y Cherres se valieron de la designación de Luque Lecaro en EMCO para nombrar a Antonio I. en la gerencia general de la CNEL, y este a su vez habría direccionado contratos del sector eléctrico a favor de empresas relacionadas con Karen Leonor C. O. y Érika Tatiana F. M. Leonardo C. A. y Gabriel Naim M. V. habrían ejercido acciones de intermediación para concretar el direccionamiento de contratos.
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Massuh, Cortázar, Luque Lecaro, Ericka F. y Karen C. fueron llamados a juicio, el cual quedó en suspenso hasta que sean detenidos o se presenten voluntariamente ante la justicia. Los tres primeros permanecen detenidos en Colombia, Panamá y Argentina, respectivamente, a la espera de que se resuelva el proceso de extradición que mantienen en su contra. Ericka F. es ubicada como prófuga de la justicia y Karen C. mantiene presentación periódica dos veces por semana hasta que complete su periodo de gestación, luego de lo cual se procederá con la etapa de juzgamiento.
Además de los temas relacionados con la edad y la salud del procesado, el que se notifique con la sentencia por escrito abre la posibilidad de que quienes han recibido el fallo de primera instancia puedan presentar recursos horizontales de ampliación y aclaración, así como el refuerzo vertical de apelación a la resolución unánime de Barahona, Cabezas y Tapia. (I)
