La Corte Nacional de Justicia (CNJ) manifestó su “profunda preocupación” por la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura (CJ) de destituir a Walter Macías, juez de la Sala Penal de la alta Corte, quien fue separado del cargo el 19 de agosto, con dos votos del pleno de la CJ.
El argumento para la destitución es que, según la Judicatura, Macías habría incurrido en una infracción sancionada en el artículo 109, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial, por vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y los servidores de la Función Judicial.
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En un comunicado difundido el jueves 24 de agosto, la Corte expuso su preocupación “sobre el procedimiento y resolución que concluyó con la destitución del magistrado”.
Si bien la CNJ aclaró que respeta la potestad de juzgamiento y sanción que ostenta el Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario contra los funcionarios judiciales, advirtió que la destitución de Macías “impactaría en el sistema de justicia del país e incidiría en la independencia judicial” debido a que el juez tiene a su cargo el conocimiento y resolución de varios casos penales, “algunos en los que se hallan procesadas altas autoridades del Estado”.
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El pronunciamiento de la Corte se dio un día después de que Walter Macías presentó una acción de protección con petición de medida cautelar para que se impidan de forma inmediata los efectos de lo que califica una “ilegal e inconstitucional” sanción de destitución.
Su destitución se concretó con los votos de Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y del vocal Xavier Muñoz. Los restantes tres vocales de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno y Fausto Murillo habrían votado en abstención.
Entre los procesos judiciales que estaban en conocimiento de Macías se encuentran los casos Las Torres, Sobornos 2012-2016, Sinohydro, Balda. Además, tenía en sus manos el proceso contra dos vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya, por presunto tráfico de influencias. (I)