Tres días después de que Walter Macías fue notificado con la resolución del Consejo de la Judicatura (CJ) con la que se lo destituyó del cargo de juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el afectado presenta una acción de protección con petición de medida cautelar para que se impidan de forma inmediata los efectos de lo que califica una “ilegal e inconstitucional” sanción de destitución.

La decisión de destituir al magistrado fue tomada dentro de una sesión extraordinaria convocada para el sábado 19 de agosto pasado y en la que únicamente votaron a favor de la medida el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y el vocal de ese organismo Xavier Muñoz. Los restantes tres vocales de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno y Fausto Murillo, habrían votado en abstención.

Macías recordó que la suspensión temporal y hoy la destitución se dieron ante una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado a siete años por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres e investigado por el delito de cohecho en el caso China CAMC.

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Según el accionante, esto es algo que ha ocurrido de forma sistemática desde el CJ. Piensa que se ha iniciado este tipo de “persecución administrativa” desde que él tomó conocimiento del denominado caso Vocales, en el que por el delito de tráfico de influencias son procesados los vocales del CJ Barreno y Morillo, además del juez provincial Vladimir Jhayya.

Esa situación continuó, dice Macías, cuando él como juez señaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el viernes 25 de agosto y se incrementó cuando calificó la acusación particular de la Procuraduría General del Estado en esta misma causa. “Parece que estos fueron los detonantes para que cumplieran la misión los dos vocales del CJ que son el presidente Wilman Terán y Xavier Muñoz”.

En la resolución de destitución, que solo contó con el voto afirmativo de Terán y Muñoz, se explica que se declara al juez Macías “responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 1, del Código Orgánico de la Función Judicial, por el hecho de haber suscrito la providencia del 8 de febrero de 2023, encontrándose suspendida la competencia para resolver”. Por ello, se asegura, se dicta la sanción de destitución del cargo.

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También con los votos a favor de Terán y Macías, el 11 de mayo pasado, se decidió la suspensión temporal por 90 días de Macías. Los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo se abstuvieron en esa votación y solo el vocal Fausto Murillo votó en contra. Poco más de un mes después, el juez de Pichincha Santiago Altamirano acogió una acción de protección de Macías, levantó la suspensión al declarar que se vulneraron los derechos del juez de la CNJ y lo restituyó a sus funciones.

Discrepancias en torno al número de vocales de la Judicatura que permitieron la destitución de Walter Macías como juez de la Corte Nacional

Macías sostiene que la metida de mano a la justicia que existe y la violación al principio de independencia de la Función Judicial que se han dado solo buscan generar la impunidad en el caso Las Torres y en el proceso contra los vocales del CJ. Sostiene que más allá de Walter Macías o el juez nacional, lo que se está haciendo desde la Judicatura es enviar un solo mensaje: “a cualquiera que se atraviese en el camino del CJ se lo puede destituir, cueste lo que cueste, como dice el presidente Wilman Terán”.

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En paralelo a la destitución, Walter Macías también enfrenta una denuncia de tipo administrativo ante una queja planteada por la vocal Maribel Barreno ante una supuesta “falta grave” del juez en el trámite del proceso penal por tráfico de influencias en el que la denunciante es una de las procesadas. Respecto a ese trámite, justamente este miércoles 23 de agosto en el pleno de la CNJ se tenía planificado tratar en el orden del día un informe de declaración previa de error inexcusable elaborado por el también juez penal Byron Guillén.

Juez de Pichincha declara vulnerados los derechos del magistrado de la Corte Nacional Walter Macías y deja sin efecto la suspensión que le dispuso la Judicatura

El informe que entregue Guillén debería contener la recomendación de si Macías incurrió o no en el error inexcusable denunciado, hecho que habilitaría al CJ a decidir si se tramita su destitución en esta causa. Para aprobar un informe a favor de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, la propuesta debe alcanzar al menos 12 de los 21 votos del pleno de la Corte Nacional.

Macías sostiene que la denuncia disciplinaria se dio respecto al pedido de diferimiento de un testimonio en el conocido como caso Vocales. “No había una razón jurídica y jurisdiccionalmente se indicó por qué no debía aceptarse ese diferimiento. Esa es una molestia que tiene una de las partes procesales”, explicó.

El pleno de la Corte Nacional fue convocado para las 08:30 de este 23 de agosto para tratar, entre otros temas, el informe en relación a Macías del magistrado Guillen, quien no asistió a la cita. Se conoció que la sesión ordinaria demoró en ser instalada por no existir el quorum respectivo, pero finalmente la reunión se instaló.

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La sesión ordinaria se hizo pública hasta las 11:00, púes se trataron puntos reservados. Luego de ello la transmisión se abrió al público y se trataron dos temas, hasta las 12:20 de eset miércoles, y existió la moción del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, para que se suspenda la sesión ordinaria, pues eran temas complejos e importantes los que venían y se necesitaba un mayor tiempo para su tratamiento.

Quedaron pendientes por ser analizados cuatro puntos del orden del día, los cuales serán evacuados en la próxima sesión ordinaria o, incluso, se analizaría la posibilidad de hacer una convocatoria a una sesión extraordinaria. (I)