Corría la campaña electoral de las elecciones del 2019 por las vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y los excandidatos afines al correísmo ofrecían revisar las actuaciones de sus antecesores del Consejo de transición, sobre la designación de autoridades de once instituciones de control del Estado, entre ellas, los jueces de la Corte Constitucional (CC).

Pero Julio César Trujillo, quien era presidente de ese consejo transitorio, se les adelantó. En marzo de ese año acudió a la misma Corte con una acción de interpretación, que concluyó que los Consejos de Participación definitivos «no están facultados para revisar las decisiones de carácter general o particular tomadas por el órgano transitorio en ejercicio de sus competencias extraordinarias, dado que no puede ejercer revisión sobre potestades que no le han sido atribuidas».

Fue así como nació el Dictamen Interpretativo 02-19-IC/19, que en la actualidad tiene en vilo a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Alembert Vera, que esperan conocer la decisión de los jueces constitucionales si este mandato fue incumplido.

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La idea de pedir una interpretación constitucional fue del jurista y político Julio César Trujillo, con el fin de evitar que las fuerzas políticas venideras intenten revisar los actos de evaluación y cese de las autoridades que fueron nombradas por anteriores consejos que operaron en el gobierno de Rafael Correa; y, la posterior designación de reemplazos de las autoridades electas por el transitorio.

La idea rondaba a Trujillo en marzo del 2019 y la expuso en el seno del pleno de la Función de Transparencia y Control Social que aprobó elevar el pedido a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre las atribuciones extraordinarias que tuvo el transitorio.

Trujillo falleció un 19 de mayo del 2019 y doce días antes conoció que la Corte emitió un dictamen interpretativo favorable en el que determinó que las autoridades de los Consejos de Participación definitivos no están facultadas para revisar las decisiones tomadas durante el régimen de transición que se aprobó en el referéndum del 4 de febrero del 2018.

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«El nuevo Consejo deberá respetar el ordenamiento jurídico», advirtió el jurista entonces.

«Misión cumplida» se titula un libro que se publicó en junio del 2019, que recoge los testimonios del jurista y sus otros seis colegas con los que integró el transitorio: Pablo Dávila, Xavier Zavala, Eduardo Mendoza, Luis Hernández, Miryam Félix y Luis Macas.

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«Creo que hemos cumplido el encargo que nos dio el pueblo ecuatoriano. Me parece que hay mayoritarias expresiones de que hemos realizado nuestra tarea con responsabilidad, con limitaciones y errores, pero con resultados tangibles… Desde luego que hay una minoría, especialmente los aludidos en nuestros informes, algunos de los cuales están en la cárcel, que nos critican y agreden», escribió en su artículo poco antes de fallecer.

Como presidente del Consejo, también ocupó -entre el 2018 y 2019- la presidencia de la Función de Transparencia, que está integrada por las autoridades de las superintendencias, de la Contraloría General del Estado, de la Defensoría del Pueblo y del mismo CPCCS.

Con ese encargo presentó la acción para que se emita un dictamen sobre el alcance de la pregunta 3 y el anexo 3 del referéndum del 4 de febrero del 2018 que obtuvo el 63,08 % de votos por el sí y el 36,92% por el no.

QUITO. Julio César Trujillo se inició en la política en los años 70. En marzo del 2018 asumió la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Archivo

La pregunta planteaba al elector si estaba de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el CPCCS, dar por terminado el periodo de los exconsejeros y que el Consejo que asuma transitoriamente pueda evaluar a las autoridades y anticipar la terminación de sus periodos.

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Se le otorgó seis meses para esa tarea; y, el referéndum cambió también la forma de elegir a los vocales definitivos, para que se haga por voto popular y no por concurso de méritos y oposición.

Con ello, en medio de la efervescencia electoral del 2019, los candidatos a ser consejeros, afines al expresidente Correa, Walter Gómez, Victoria Desintonio y José Tuárez evidenciaron sus intenciones de ‘fiscalizar’ los procesos de selección de autoridades

Darwin Seraquive, exsecretario del CPCCS-t y amigo cercano de Trujillo, relató que fue el expresidente quien hizo la petición porque presentía que las «fuerzas políticas iban a intentar desestabilizar a las autoridades designadas».

Por lo que «si no había un órgano jurisdiccional que precise el alcance de las normas del transitorio, cualquier otro como el actual Consejo, cualquier juez, a través de una acción de protección, la Asamblea Nacional podía hacer la interpretación que quiera y con eso tomar las decisiones que le convenga y desestabilizar aún más el país».

«La consulta se hizo para darle y garantizar institucionalidad para el país», añadió Seraquive.

El exjuez de la CC Ramiro Ávila aseguró también que la idea fue proteger la institucionalidad.

«Julio César Trujillo pensaba que había que blindar la institucionalidad a través de una interpretación y por eso se dijo que ningún Consejo definitivo tiene la capacidad de revisarlas, porque tuvo atribuciones extraordinarias. La finalidad era evitar la desinstitucionalización, que lo hecho perdure para dar seguridad y estabilidad», opinó en una entrevista en Ecuavisa.

Los jueces de la Corte Constitucional electos en el periodo del extinto Consejo de Participación Ciudadana, fue presidido por Hernán Salgado y Daniela Salazar.

El pedido de Trujillo recayó en el despacho de la jueza Teresa Nuques, que por 40 días elaboró el proyecto de dictamen que se aprobó por unanimidad el 7 de mayo del 2019, con Alí Lozada (actual presidente de la Corte), Karla Andrade, Daniela Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral, Teresa Nuques, Agustín Grijalva, Ramiro Ávila, Hernán Salgado, los tres últimos dejaron el organismo al producirse la renovación parcial.

El documento establece que el CPCCS definitivo no está facultado para revisar las decisiones tomadas por el transitorio y que las atribuciones que tienen los consejeros definitivos deben ejercerse «respetando las decisiones de evaluación, cese y selección de autoridades, así como los periodos de designación dispuestos en la Constitución y la ley» y que, «al no ostentar las competencias extraordinarias no goza de la autotutela para revisar las decisiones tomadas por el transitorio».

Pese a ese mandato, en la actualidad, la administración de Alembert Vera acogió el pedido de un colectivo para revisar los documentos y calificaciones de la fiscal del Estado, Diana Salazar.

De esto, en junio pasado, se aprobó un informe de investigación acusándola de plagiar textos de su tesis universitaria con el que obtuvo el título de tercer nivel y de textos de un artículo indexado que los presentó en el concurso público que realizó el Consejo de transición para elegirla.

Luego, Vera, amparado en un fallo de una acción de protección, convocó a la ciudadanía a ser parte de una veeduría ciudadana para revisar los «actos atroces del trujillato», pedida por la ciudadana Betty Moreira, con el objeto de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese y designación de los jueces de la CC electos por el extinto Consejo.

Aseguró que el dictamen interpretativo rige para el CPCCS, pero no para la ciudadanía porque la Constitución le permite fiscalizar los actos del poder público.

Los jueces constitucionales deliberan si Vera, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga, Yadira Saltos (que aprobaron el informe contra la fiscal), Mishell Calvache, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, contravinieron por acción u omisión su dictamen.

El expresidente de la Corte Hernán Salgado recordó que cuando se aprobó ese dictamen se lo hizo con prontitud para garantizar institucionalidad.

«No es posible que se juegue con los dictámenes de la Corte. Es algo que debe respetarse. No se puede decir ‘eso queda para que otros opinen y yo autoridad, no opino’. No, es para todos, tanto para el ciudadano como para la autoridad, es para todos. El objetivo (del dictamen) fue el de no volver a discutir este asunto», aseveró.

Según Seraquive, el dictamen no permite rever las actuaciones del transitorio, pero cree que se busca propiciar dudas sobre las autoridades electas para «desestabilizar» la institucionalidad. (I)