La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las “amenazas a la independencia judicial” de la Corte Constitucional (CC) ecuatoriana, por las acusaciones del gobierno de Daniel Noboa de que está aliada a grupos criminales.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado a garantizar la administración de justicia constitucional sin interferencias y la seguridad de sus integrantes, de conformidad con sus deberes internacionales”, expresa un comunicado del organismo regional difundido este 29 de agosto de 2025.
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— CIDH - IACHR (@CIDH) August 29, 2025
El comunicado se da a propósito de los mensajes del presidente de la República, Daniel Noboa, y su equipo de ministros, que acusan a los nueve magistrados de estar a favor del crimen organizado, en el marco del tratamiento de decenas de demandas de inconstitucionalidad planteadas por organizaciones de la sociedad civil en contra de las leyes orgánicas de Integridad Pública, de Solidaridad Nacional y de Inteligencia.
“La Comisión Interamericana observa, con preocupación, que las acciones y discursos de altas autoridades del Estado que acusan a la Corte Constitucional de aliarse con el crimen organizado constituyen ataques a la independencia judicial y podrían poner en riesgo la seguridad de los integrantes de dicho tribunal y de sus equipos de trabajo”, advierte la misiva.
Agrega: “Estas acciones, sumadas a un ambiente digital hostil, amenazan la autonomía necesaria para la administración de justicia constitucional sin interferencias. Por ello, la CIDH recuerda a Ecuador su deber de asegurar el desarrollo libre de la función de la Corte Constitucional y garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia, incluyendo quienes tienen a su cargo la verificación del cumplimiento de estándares de derechos humanos en las leyes de aplicación general”.
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Las tres leyes, promovidas por el jefe de Estado, se aprobaron con una mayoría de su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional en junio pasado.
Movimientos sociales alegan que son regresivas en derechos laborales y en otros aspectos, por lo que hasta la CC llegaron alrededor de 40 demandas de inconstitucionalidad a los tres cuerpos legales.
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La CC admitió a trámite los recursos y, en algunos casos, suspendió provisionalmente la aplicación de varios artículos hasta resolver el fondo.
La respuesta del Gobierno nacional fue hacer una protesta de rechazo de sus partidarios, encabezada por Daniel Noboa, quien junto con ministros y asambleístas recorrieron varias calles de Quito el 12 de agosto hasta llegar a la sede de la CC para reclamarle por su decisión.
Simultáneamente, grupos que no estarían identificados difundieron propaganda en vallas y en vehículos acusando a los jueces de ser responsables de las muertes violentas.
En las calles se armaron estructuras de metal de las que colgaban gigantografías que exponían los rostros de los nueve jueces y sus nombres.
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Adicionalmente, el primer mandatario propone un referéndum para enmendar la Constitución y una de las preguntas apunta a que los jueces del máximo organismo de control constitucional del Ecuador sean sometidos a juicios políticos tramitados por la Asamblea Nacional.
Este viernes, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, defendió el cuestionario de cuatro preguntas de enmienda y la posibilidad de enjuiciar a los magistrados.
“Todos deben pasar un control político. He escuchado decir que los jueces sí tienen control por delitos penales, pero ese es otro tipo de control... Todos tenemos una responsabilidad y la Corte es parte del Estado”, aseveró la funcionaria, quien los acusó de “alejarse de la Constitución cuando le da la espalda a la ciudadanía”, refiriéndose al trámite de las acciones en contra de las tres leyes.
“No puede existir un órgano superpuesto a todo lo demás que pueda actuar sin ninguna observación ciudadana”, increpó Rovira.
Mientras tanto, los miembros de la CC deberán pronunciarse sobre las demandas, una vez que escuchó a las partes procesales en audiencias públicas que realizó entre el lunes, martes y miércoles.
La próxima semana se realizará una audiencia más para escuchar los alegatos en contra y a favor de la Ley de Inteligencia. (I)
