Tres fuerzas políticas en la Asamblea Nacional consideran que el anuncio de la consulta popular por parte del Gobierno constituye un distractor tras el revés sufrido en la Corte Constitucional que suspendiera parcialmente varios artículos clave en las leyes sobre seguridad, inteligencia y administración pública.
La propuesta anunciada por el presidente Daniel Noboa no debe desviar la atención de las organizaciones sociales, gremios y profesionales que presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional a las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, afirmaron los asambleístas Alfredo Serrano (PSC), Franklin Samaniego (RC) y Mariana Yumbay (Pachakutik), quienes además consideran que la consulta popular constituye una medida de presión a los jueces constitucionales, porque ellos también deben conocer y pronunciarse sobre la constitucionalidad de las preguntas.
En tanto, que los asambleístas del oficialismo Valentina Centeno y Esteban Torres salieron a cuestionar la decisión de la Corte Constitucional de bloquear la posibilidad de avanzar en el afán del Gobierno de la lucha contra el crimen organizado. Además, presentaron su apoyo al planteamiento de la consulta popular, donde destacaron la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean objeto de un juicio político por parte de la Asamblea Nacional.
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La Corte Constitucional, el pasado 4 de agosto, admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad que organizaciones sociales presentaron en contra de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública y suspendió, de manera provisional, al menos 17 artículos de las tres normativas.
El asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano explicó que la consulta popular se convierte en un distractor por los resultados que obtuvo el Ejecutivo en la Corte Constitucional, pues “el Gobierno nos tiene acostumbrados que cada vez que tiene un problema nos pone a debatir otro tema, y es más incluye en la consulta algo que ni siquiera está aprobado por la Asamblea todavía”.
Las siete preguntas planteadas en la consulta deben ir a la Corte Constitucional, pues el Gobierno cree que muchas son enmiendas, pero es la Corte la que tendrá que mostrar el camino a seguir.
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Serrano Valladares comentó que lo más importante es entender que la Corte Constitucional el día lunes pasado demostró al país que todavía existen resquicios del Estado de derecho, “que lamentablemente ha sido violentado en los últimos meses con la aprobación de leyes inconstitucionales”.
Al plantear una consulta popular que debe ir a conocimiento y decisión de la Corte Constitucional, el Gobierno apunta a “arrinconar a la Corte y es parte de este sainete montado por algunos comunicadores sociales que se prestaron para desprestigiar a la Corte”, anotó el legislador nacional. Nos guste o no debemos acostumbrarnos a respetar las decisiones de la Corte Constitucional, afirmó.
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La asambleísta Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik y de oposición al Gobierno también considera que la consulta es una cortina de humo, y de hecho dijo que hay una pregunta donde propone que los jueces de la Corte Constitucional se conviertan en sujetos de juicio político, y de esa forma asegurar su salida de ese organismo.
Esa intención del Gobierno, añadió Yumbay, es una medida de presión que quiere utilizar para que los jueces probablemente agachen la cabeza a este régimen, lo cual es totalmente inadecuado.
Según la legisladora de Pachakutik, lo único que queda a todos los ecuatorianos es la Corte Constitucional, la que tiene la labor de hacer efectivamente el control de constitucionalidad de todas las leyes, de los actos administrativos y son ellos quienes tienen que precautelar que no se violen los derechos de todo el pueblo ecuatoriano.
Indicó que todas las preguntas de la consulta popular deben ir nuevamente a la Corte Constitucional, entonces añadió, que se convierte también en una arma de presión para los jueces, y si se revisa el contenido de las preguntas, algunas ya fueron expuestas al pueblo ecuatoriano en consultas anteriores y no pasaron.
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Dijo que es acertado el pronunciamiento de la Corte respecto a las tres leyes impugnadas por inconstitucionalidades.
El representante de la bancada Revolución Ciudadana (RC) Franklin Samaniego indicó que la consulta popular se convierte en una cortina de humo no solo para que la gente deje de hablar de la resolución de la Corte Constitucional frente a las leyes urgentes del Ejecutivo, sino también para que no se debate sobre el caso Progen y también de las denuncias formuladas por el procesado Xavier Jordán, en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, sobre corrupción en los hospitales.
Dijo que al Gobierno el último reducto que le falta es la Corte Constitucional y por eso es la presión que ahora ejerce sobre ese organismo y en la consulta popular propone someter a los jueces constitucionales al control político, pues los jueces antes que pensar en motivar su sentencia, van a tener que medir si su pronunciamiento será objeto de un juicio.
Llamó al primer mandatario a poner los pies sobre la tierra, y proponer la reducción del número de asambleístas no solucionar el problema de salud que tienen los ecuatorianos, esos recursos de la consulta popular deberían ir a los hospitales, anotó.
La Corte va a tener que calificar las preguntas de la consulta, y el Ejecutivo lo que buscará es contaminar todo con el relato político sobre la posición que tendrán los jueces a los planteamientos del Gobierno.
La legisladora Valentina Centeno de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), respaldó la decisión del Ejecutivo de impulsar una consulta popular que a su criterio representa el clamor ciudadano.
Dijo que se trata de “una consulta popular que busca enterrar de una vez por todas el pasado nefasto que nos ha hecho tanto daño y abrazar un futuro esperanzador para nuestro país”.
Como bancada ADN, añadió, rechazan la postura de la Corte Constitucional que “le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, la minería ilegal y tantos otros delitos relacionados con crimen organizado”.
Centeno manifestó que es lamentable que desde la comodidad de una sesión de Zoom y a través de un boletín, la Corte “dé la espalda a nuestros militares, a nuestros policías y a todos nosotros ecuatorianos que estamos poniendo el pecho a esta guerra arriesgando todo, nuestras vidas y la de nuestras familias, con argumentos escuetos, con argumentos subjetivos, argumentos arbitrarios que solamente demuestran que existían posiciones preconcebidas de distintas temáticas por parte de los jueces”.
Dijo que el sector oficialista estará expectante del tratamiento que dará la Corte Constitucional a las preguntas de la consulta enviadas por el presidente de la República.
Respecto a la posibilidad de que los jueces de la Corte sean sujetos a control político, la asambleísta Centeno comentó que todos están sujetos a un control y a un juicio, sea presidente de la República, asambleístas, fiscal, cualquier autoridad del Estado, las decisiones que toma son sujetas a un político; entonces, ¿por qué la Corte Constitucional debe ser la excepción?, preguntó. (I)
