La renovación de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) está detenida por una acción de protección y sin un plazo para concluir, provocando que sus actuales cinco vocales extiendan la permanencia en sus cargos en medio del desarrollo de dos procesos electorales. Mientras de forma paralela se alerta del inicio de un posible juicio político en la nueva Asamblea Nacional, que podría llevar a una renovación total del organismo.
El CNE cuenta con cinco vocales principales y suplentes, quienes llevan prorrogados en sus cargos 21 meses, debido a que el concurso público para cumplir con la primera renovación parcial de dos de sus integrantes no se hizo a tiempo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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El Consejo de Participación Ciudadana de Transición integró el actual pleno del CNE en noviembre del 2018 y en noviembre del 2021 cumplió su primer periodo.
Debía renovarse a dos de sus consejeros, pero desde entonces, Diana Atamaint, Esthela Acero, Enrique Pita, José Cabrera y Elena Nájera están en funciones prorrogadas.
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Bajo su gestión ha pasado la organización de cinco procesos electorales, aunque Elena Nájera, ha participado de tres de ellos, luego de principalizarse en reemplazo de Luis Verdesoto, que renunció en abril del 2021.
Entre esos cinco comicios están:
- Las elecciones seccionales y de los vocales del CPCCS del 2019
- Las elecciones presidenciales, legislativas, de parlamentarios andinos del 2021
- Las elecciones seccionales y de los vocales del CPCCS del 2023; además del referéndum de enmienda constitucional que propuso el presidente Guillermo Lasso.
- Las elecciones anticipadas presidenciales y legislativas del 2023, tras la disolución de la Asamblea Nacional en mayo pasado. Aún está pendiente la realización de la segunda vuelta electoral del 15 de octubre.
- Para el 8 de octubre está convocada la repetición de la votación de los vocales de la Junta Parroquial de Calacalí (Pichincha), luego que ganó el nulo en las últimas seccionales de febrero.
Esto, en tanto entre febrero y marzo del 2024, el CNE debe alistarse para convocar a las elecciones presidenciales, de asambleístas y parlamentarios andinos para el periodo 2025-2029.
A poco más de seis meses de que se abra un nuevo periodo electoral, el CPCCS no tiene fecha para renovar el organismo, por una acción de protección que detuvo el concurso público.
La comisión ciudadana que lleva a cabo la elección concluyó en junio pasado con la calificación de méritos de 165 concursantes. Pero un juez, Fausto Inca, de la Unidad Judicial de Samborondón en Guayas, aceptó este recurso y dispuso que el concurso vuelva a la convocatoria de postulaciones.
En el Consejo no se discrepó de esta acción de protección y su presidente, Alembert Vera, confirmó que pedirán aclaración porque el «segundo o tercer punto de la sentencia no nos especifica si debemos hacer un reglamento o debemos volver al reglamento original».
Según Vera, el fallo judicial obligaría a retornar a la convocatoria. Es decir, a la inscripción de candidatos y el concurso de renovación se extenderá.
«El tiempo no lo podríamos determinar, pero la justicia va a enderezar el reglamento. (...) Independientemente de que sacrifiquemos algo de tiempo lo importante es que se pueda acceder de forma libre a la posibilidad de ser autoridad».
Así, mientras en las semanas se repita el concurso, el Consejo Nacional Electoral entregará las credenciales a los miembros de la Asamblea Nacional (electos en los comicios presidenciales y legislativos) el 26 de octubre del 2023, con lo que iniciarán funciones para los próximos 18 meses.
Bajo ese escenario, desde el movimiento Revolución Ciudadana (RC) se anticipa la posibilidad de impulsar un juicio político en contra de los vocales del CNE, por las presuntas incidencias que afectaron el voto telemático en los comicios nacionales anticipados para los ecuatorianos residentes en el exterior.
La presidenta de ese grupo político, Marcela Aguiñaga, ha adelantado que cuando se instale la nueva Asamblea se propondrá un juicio político, antes de que los consejeros electorales convoquen a las elecciones generales del 2025.
Al que se sumaría al que está pendiente de trámite en la Comisión de Fiscalización de la disuelta Asamblea Nacional, que se suspendió en julio del 2022, en contra de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y el exconsejero Luis Verdesoto.
Lo presentaron los exasambleístas de Pachakutik, Joel Abad y Mario Ruiz Jácome, por presunto incumplimiento de funciones al no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero de 2021.
El trámite se suspendió porque el CNE se encontraba en periodo electoral para organizar las elecciones seccionales de febrero del 2023.
Esto acorde con el artículo 19 del Código de la Democracia que impide a la Función Legislativa «designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedido de iniciar (un juicio político) una vez que se hubiera efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que este concluya con la proclamación de resultados».
De apresurarse una interpelación política en la nueva Legislatura y, que de ello devenga una censura y destitución de los cinco vocales principales, ascenderían sus vocales suplentes, entre los que están: Andrés León, Xavier Torres, María Cristina Kronfle y Mónica Noriega.
Con esos posibles resultados, el CPCCS deberá llenar las vacantes faltantes mediante un concurso de méritos, pues la próxima renovación del CNE debe ocurrir en noviembre del 2024.
Por el momento, el CNE concluiría las elecciones nacionales anticipadas –que están en ciernes– el 30 de noviembre, con la entrega de credenciales al presidente y vicepresidente, que resulten electos en la segunda vuelta electoral de este 15 de octubre.
Empero, aún tiene pendiente cerrar las elecciones seccionales del 5 de febrero en la parroquia Calacalí.(I)