El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió solicitar a la Fiscalía General que abra una investigación en contra de dos miembros de la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso público para la elección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

Este miércoles, 16 de agosto de 2023, el pleno del CPCCS decidió sobre recursos de apelación a las impugnaciones ciudadanas que se presentaron en contra del postulante a ese cargo, Juan Falconí Puig.

El concurso para la elección de esta autoridad cuenta con 108 postulantes, de los que cuatro fueron objetados por la ciudadanía por presuntamente incurrir en inhabilidades para ejercer cargo público.

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Los impugnados fueron Franklin Zambrano Loor, porque registraba indicios de responsabilidad administrativa; Fernando Polo Elmir, por indicios de responsabilidad administrativa; Luis Arcentales Astudillo, por indicios de responsabilidad penal; y, Juan Falconí Puig, contra quien se aprobaron dos impugnaciones, en las que se alegaba que registraba indicios de responsabilidad penal.

Todos esos indicios habrían sido emitidos por la Contraloría, según los argumentos de las impugnaciones.

La comisión sustanció las objeciones en audiencias públicas y el 1 de agosto pasado, por decisión de la mayoría de sus miembros, se inadmitieron.

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El reglamento que guía el concurso permite que se presenten recursos de apelación que deben ser resueltos por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y este 16 de agosto se conocieron dos apelaciones planteadas por el impugnante de Falconí, Edison Almeida Granda, y por el propio postulante, Juan Falconí Puig.

Con cuatro votos de mayoría: Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Alembert Vera, se rechazó la apelación de Almeida, que insistía en la descalificación de Falconí.

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Los vocales Mishelle Calvache, Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni se abstuvieron porque el expediente del postulante no consta completo en el portal web del CPCCS.

Pero, además, como parte de esta resolución, los cuatro vocales aprobaron que se envíe un oficio a la Fiscalía General para que inicie una investigación en contra de la expresidenta de la comisión ciudadana, Janeth Ojeda Polo, y el exsecretario Jossueth Almeida (delegado de la Presidencia de la República en la comisión) por la «presunta comisión de un delito» que sería el de fraude procesal.

Ello debido a que el aspirante al cargo, Juan Falconí Puig, exembajador de Ecuador en el Reino Unido en el 2013, presentó una apelación ante el CPCCS en la que reclama que cuando se inadmitió la impugnación la comisión ciudadana no tomó acciones para corregir en su expediente de admisibilidad que reportaba indicios de responsabilidad penal en la Contraloría.

Falconí reclamó que en el informe de admisibilidad de su carpeta de postulación se incluyó un documento en el que se registra un supuesto indicio de responsabilidad penal que es «inexistente» y que no ha sido corregido.

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También señaló que no se menciona sobre tomar acciones por el cometimiento de un posible delito de falsificación de documentos públicos.

El aspirante aseguró que el certificado de la Contraloría en el que reseña que registra los supuestos indicios de responsabilidad penal es «falso».

Añadió, que en la presentación de su postulación entregó una carpeta con 264 páginas, pero en la página web del CPCCS constarían solo 204 páginas, por lo que denuncia una posible «sustracción» de 60 páginas.

Como parte de las acciones de investigación, el pleno del Consejo dispuso también que su Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción realice investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales, debido a que «no se encuentran» estas 60 páginas del expediente del postulante y tampoco una hoja numerada «2».

Una vez que el CPCCS se pronunció sobre estas acciones de apelación, la comisión ciudadana abrió la fase de calificación de méritos de 108 concursantes, en las que se calificarán ámbitos como títulos de tercer y cuarto nivel, experiencia laboral, iniciativas en participación ciudadana, entre otros.

La calificación de méritos se puntúa sobre 50 puntos, a lo que se suman otros 50 puntos de un examen escrito, al que deberán someterse en las próximas semanas.

La comisión ciudadana estima que en octubre próximo podría estar designada la nueva autoridad de la Contraloría, en reemplazo de Carlos Riofrío González, actual contralor subrogante. (I)