Como parte del llamado a juicio por el delito de tráfico de influencias para Maribel Barreno, Juan José Morillo y Vladimir Jhayya, hoy inhabilitados como vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), los dos primeros, y como juez provincial de Pichincha, el último, el juez de la Corte Nacional Walter Macías decidió ratificar las medidas de protección existentes para la testigo protegido del caso y para dos fiscales que han participado en el denominado caso Vocales.

La decisión del magistrado fue adoptada por pedido de la fiscal general, Diana Salazar, en el cierre de su dictamen acusatorio contra Barreno y Morillo, en calidad de coautores, y Jhayya, como cómplice. Los tres fueron llamados a juicio ya que a criterio del juez existen los elementos suficientes para presumir la participación de los acusados en una injerencia y presión contra un juez que llevaba una acción de protección solicitada por la expresidenta de la Asamblea, Guadaluipe Llori, quien buscaba evitar su destitución.

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En este punto, Salazar arrancó solicitando que se ratifiquen las medidas dispuestas a favor de la testigo protegido y que se mantienen vigentes desde el viernes 17 de marzo pasado, día en que se dio la diligencia de testimonio anticipado. Según la fiscal, el pedido se hacía debido a que las causas que originaron su otorgamiento no han variado, sino por el contrario se han incrementado. Informaba al juez que tanto es así que el Spavt (Sistema de Protección de Víctimas y Testigos) ha elevado el riesgo de la protegida. “Tengo que poner en su conocimiento que la testigo protegida reportó amenazas, incluso, un día antes de la instalación de una de las audiencias dispuestas”.

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Durante la audiencia de formulación de cargos contra los tres acusados, diligencia dada el 7 de junio pasado, la fiscal Salazar pedía que se ordene prisión preventiva para los vocales Morillo y Barreno señalando que podía existir un nivel de injerencia en la justicia. Entre los hechos que podrían evidenciar la obstaculización o perturbación del normal desarrollo del proceso judicial señaló la suspensión del juez Walter Macías y el inicio de al menos tres acciones disciplinarias contra la jueza que es testigo protegida en esta causa.

En la misma línea de medidas de protección Salazar afirmaba que “dados los últimos acontecimientos que son de dominio público”, al ser la Fiscalía un sujeto procesal en el caso Vocales, solicitaba se conceda medidas de protección a favor de Wilson Toainga, fiscal general subrogante, quien también ha sustanciado esta investigación y tiene la posibilidad de intervenir en las próximas etapas; y de Jefferson Aquieta, en su calidad de fiscal delegado como titular del despacho de la Fiscalía 1 de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, donde se tramita el expediente.

En el pedido se incluía al equipo de apoyo de esa Fiscalía, específicamente a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado que están sujetos a control disciplinario del CJ.

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“Es decir que los vocales a través del pleno del CJ no puedan ejercer actos de persecución y de intimidación a través de estos ya consabidos inicio de procesos administrativos y/o disciplinarios. Esto es a fin de garantizar el principio de objetividad y transparencia en la administración de justicia”, explicaba la fiscal.

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Finalizaba este punto Diana Salazar pidiendo al juez Macías que, de ser procedente, esta medida de protección se haga extensiva a los jueves de la Sala Penal de la CNJ, pues, reflexionaba, “ante la reprochable actuación de los miembros del CJ nada garantiza que haya respeto al principio de independencia. Todo esto es para que puedan actuar con libertad y con base en lo que se está exponiendo y que no fallen por miedo a ser suspendidos o a ser destituidos”.

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En respuesta, Walter Macías ratificó las medidas de protección a favor de la testigo protegido, quien es una jueza de la Corte Provincial de Pichincha y dictó medidas de protección a favor de los fiscales Toainga y Aquieta, en calidad de sujetos procesales pertenecientes a la Fiscalía.

“Se prohíbe que los procesados y terceros, en este último caso los miembros del pleno del CJ y todos aquellos funcionarios y servidores de cualquier nivel jerárquico de dicho órgano administrativo de la Función Judicial, que a través de actos administrativos o disciplinarios realicen actos de intimidación o persecución que puedan menoscabar sus derechos”, apuntó Macías, al tiempo de negar lo requerido sobre los demás servidores de Fiscalía por ser indeterminada la individualización de cada una de ellos.

En cuanto a la extensión de las medidas de protección a los jueces de la Sala Penal de la CNJ, el juzgador negó el requerimiento, argumentando que no existe cobertura legal al no ser parte o sujetos del proceso penal en curso. (I)