Ni las críticas desde diversos sectores, ni los pedidos de suspensión, ni el anuncio de un juicio político y tampoco una acción de protección para suspender definitivamente el proceso de selección frenan el concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ), dirigido por Wilman Terán, para designar a siete jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Un total de 136 postulantes siguen en el Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social que se inició el 28 de julio pasado.
La tarde de este martes último, en la sesión extraordinaria virtual 183 del pleno del CJ, el voto dirimente del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, permitió aprobar una resolución en la que se definieron los integrantes de los tres tribunales de recalificación de la prueba teórica. La moción apoyada por Terán fue hecha por el vocal Xavier Muñoz, mientras que en contra votaron los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui.
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Al tener una votación empatada, el voto dirimente de Terán, como presidente, dejó en firme la resolución en la que se integraban los tribunales de recalificación con nombres únicamente planteados por Terán y Muñoz, en lo que tiene que ver con los delegados del pleno del CJ. Tanto Murillo como Yupangui se opusieron a la resolución argumentando que los nombres fueron incluidos en ese momento de la sesión y no se conocía la trayectoria de quienes iban a ser delegados principales y suplentes del pleno del CJ en esos tribunales.
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Al inicio de la reunión, la vocal Yupangui señaló que dentro de los nombres inicialmente propuestos para integrar estos tribunales había dos que no tenían la probidad necesaria para ser parte de estas instancias al tener procedimientos administrativos. Luego de un barrido hecho por la Dirección de Control Disciplinario del CJ respecto a los dos nombres referidos por Yupangui, se ubicó que uno tenía una solicitud de declaratoria previa ante una falta gravísima y el segundo tiene un expediente abierto por una infracción leve. Ambos nombres quedaron fuera de la integración de los tribunales.
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Los tribunales de recalificación pudieron definirse al tercer intento. Dos sesiones previas no lograron instalarse para tratar este tema debido a que no existió el quorum necesario.
Finalmente, el Tribunal de Recalificación número uno quedó integrado por Patricia Alume Jaramillo, como delegada principal del pleno del CJ; Eduardo Alvear Flores, delegado de la Dirección General del CJ; y Leonel Zambrano Oñate, delegado de la Dirección Nacional de Gestión Procesal del CJ. Darío Salinas Pacheco, Teodoro Vásquez Cajamarca y Eddie Sánchez Sosa son los delegados suplentes, respectivamente.
El Tribunal de Recalificación número dos estará compuesto por Geovanny Tapia Cabrera, delegado del pleno del CJ; Galecio Alarcón Prado, de la Dirección General del CJ; y Emma Villamar Guerrero, de la Dirección Nacional de Gestión Procesal del CJ. Sus alternos serán, respectivamente, Alejandro Aguayo Urgilés, Georgina Marquina Bermeo e Indira Medina Muñoz.
El tercer Tribunal de Recalificación lo integrarán Vicente Guaranda Mendoza, como delegado del pleno del CJ; Alexandra Rivadeneira Cabezas, de la Dirección General del CJ; y Natalia Delgado Intriago, de la Dirección Nacional de Gestión Procesal del CJ. Como delegados suplentes de estos titulares están, respectivamente, Fernando Rojas Barros, Ernesto Jaramillo Zurita y Shirley Lindao Villón.
El artículo 56 del Instructivo del concurso señala sobre la recalificación en la prueba teórica que los postulantes que encuentren alguna inconformidad respecto de los resultados obtenidos en la prueba teórica podrán, dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de sus resultados a su correo electrónico, presentar de manera motivada, a través de la misma plataforma tecnológica, la petición de recalificación. La petición contendrá el detalle de la o las preguntas y la opción de respuesta que se considere correcta y de la que se requiera la recalificación, fundamentada y motivada en derecho, de manera individual.
El articulado siguiente explica la conformación del Tribunal de Recalificación y se aclara que este estará integrado por el delegado del pleno del Consejo de la Judicatura, quien lo presidirá y su alterno; el delegado de la o el director general, y su alterno; y el delegado de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, y su alterno.
Como atribuciones del Tribunal de Recalificación de la prueba teórica está el elaborar y cargar el informe individual con las resoluciones adoptadas acerca de las solicitudes de recalificación presentadas por los postulantes a través de la plataforma tecnológica y remitir a la Dirección Nacional de Talento Humano su informe para que continúe el procedimiento. Los tribunales de recalificación, dentro de la plataforma tecnológica, podrán aceptar la solicitud o ratificar el resultado respecto de la pregunta sobre la que se solicitó su recalificación.
Ante la existencia de supuestas irregularidades y una presunta falta de transparencia en diversos momentos del concurso, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paúl Ocaña, presentó la semana pasada una acción de protección, con medidas cautelares, para suspender definitivamente el proceso de selección. Inicialmente la audiencia fue definida para este 4 de diciembre, pero se difirió para el próximo jueves 14.
Las críticas del organismo que aglutina a los abogados de todo el país se suman a las ya hechas por la Misión Internacional de Observadores al concurso que lleva adelante el CJ. Diego García Sayán, uno de sus miembros, ha sugerido revisar el proceso para garantizar transparencia. Uno de los hechos que harían que empiece a verse un “proceso objetivamente borroso”, dijo García Sayán, por ejemplo, es que el primer examen de confianza que se tomó tuvo una serie de dificultades y se decidió realizar nuevamente la prueba a unos y no a todos.
Terán cree que las críticas sobre el proceso de renovación parcial de la CNJ responden más a un andamiaje de desinformación, pues el concurso “goza de transparencia”. Al ser consultado sobre qué sucedería si se suspende el concurso, él reconoció sentirse tranquilo y que si sucede aquello debería darse lo que se da cuando algo se para, es decir, vuelve a la marcha.
Por su parte, en la sesión del martes último, el vocal Murillo señaló que lo que espera la ciudadanía es que este concurso sea riguroso y técnico. “No podemos desconocer, estamos recibiendo serias críticas y cuestionamientos al concurso, no podemos desatender ese clamor ciudadano en el que se está convirtiendo”, dijo
A las críticas y la acción de protección, en estos últimos días, contra Terán y Muñoz se ha anunciado la posibilidad de llevarlos a juicio político en la Asamblea Nacional. La moción viene desde el bloque de Construye, pero se estarían sumando a la idea legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN). (I)