El recurso extraordinario de revisión que solicita Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, solo podrá darse en virtud de la presentación de prueba nueva que demuestre “el error de hecho de la sentencia” en el caso Sobornos 2012-2016, en el que recibió una pena de ocho años de cárcel al ser definido como coautor del delito de cohecho pasivo agravado.

La defensa de Mera presentó el recurso el 1 de abril pasado, a poco más de un año y seis meses de haber sido ingresado primero, el 24 de septiembre de 2020, en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, y luego trasladado, en febrero de 2021, al CPL de Tungurahua, en Ambato.

Esa fue una de las primeras acciones que dispuso el Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una vez que se declaró en firme la sentencia contra 20 personas a las que se les condenó por participar en una “red de corrupción” que operó desde la Presidencia de la República con el fin de financiar las actividades del movimiento político Alianza PAIS, mediante el cobro de cuotas ilegales a contratistas a quienes a cambio se les entregaban obras públicas del Estado.

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Según el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal, el recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la CNJ, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria y por causas como si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas que, por ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada; o si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados.

Aparentemente esta última causal sería la invocada en el pedido para la revisión. Diario EL UNIVERSO intentó comunicarse con la defensa del exsecretario del correísmo y está a la espera de una respuesta. Alexis Mera, además de la pena de cárcel, debe por el cohecho sancionado cancelar como reparación integral al Estado $ 778.000 y pedir disculpas públicas.

Durante la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, en la Corte Nacional de Justicia en febrero de 2020, Fausto Jarrín, defensa del expresidente Rafael Correa, presentó ante el Tribunal de Juicio un dispositivo electrónico que pretendía ser introducido en el proceso como prueba nueva. Foto: Cortesía

Al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, le preocupa que este tipo de acciones judiciales avancen a favor de quienes han sido sancionados por haber cometido actos de corrupción. Cree no solo que se están sentando en el país precedentes inadecuados para castigar la corrupción, sino también piensa que de darse paso a este tipo de pretensiones se estaría abriendo “peligrosamente” la puerta para que otros procesados en la misma causa apunten a que usando este recurso de revisión se les levante la sanción.

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Marcela Aguiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana (RC), en una entrevista en Teleamazonas dijo no conocer detalles del caso, pero resaltó que cada procesado tiene el derecho a presentar todas las herramientas jurídicas que constitucionalmente se permite y la ley da cabida. Desde su perspectiva, hacer uso de los recursos previstos en la ley no debería sorprender a nadie.

En febrero de 2021, con un voto de mayoría, la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección que presentaron Alexis Mera, el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y siete empresarios más.

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La existencia de prueba nueva

El hoy asambleísta de la RC y anteriormente abogado del expresidente Correa, Fausto Jarrín, fue uno de los primeros sujetos procesales del caso Sobornos en no descartar hacer uso del recurso de revisión a través de la presentación de una prueba nueva.

Jarrín en 2020 explicaba que en el “momento oportuno” presentarán el recurso, adjuntando una prueba nueva, la misma que, según él, ya intentaron ingresar, también como prueba nueva, durante el juzgamiento, pero el Tribunal les negó la posibilidad. A lo que se referiría Jarrín era a la pericia de un computador donde, según esa defensa, estaría la información original de los denominados Archivos Verdes.

Alexis Mera fue trasladado a centro de privación en Ambato por temas de seguridad, en febrero pasado

Durante la audiencia de juicio por cohecho, en febrero de 2020, Jarrín pidió un peritaje al dispositivo electrónico que tenían en su poder, porque, según él, los Archivos Verdes presentados por Fiscalía no estuvieron ni fueron extraídos de las computadoras de Laura Terán y Pamela Martínez, ambas también sentenciadas por cohecho, sino que era información del aparato de inteligencia del gobierno de Lenín Moreno que fue entregada a periodistas.

El pedido de revisión de Mera fue planteado ante los jueces del Tribunal de Juzgamiento Walter Macías, Marco Rodríguez y Mercedes Caicedo, quienes lo admitieron a trámite, y al momento el recurso está en manos de la Corte Nacional para el sorteo que definirá qué jueces de la Sala Penal conocerán el trámite.

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En un comunicado, la CNJ señaló que el Tribunal que se conforme será el competente para verificar si el pedido de revisión cumple con los requisitos para su admisión, es decir, que se encuentre debidamente fundamentado, que contenga la petición e incluso las pruebas nuevas.

“Una vez que sea sorteado el Tribunal de Revisión, este resolverá en tiempo oportuno la impugnación propuesta con apego estricto a derecho, luego de escuchar en igualdad de condiciones el debate de los sujetos procesales”, aseguraba la Corte Nacional.

Fiscalía llama a estar vigilante de las actuaciones judiciales

Horas antes, la Fiscalía, también usando un comunicado público, exhortaba a que el recurso de revisión sea tratado en “estricto derecho” y llamaba a que la opinión pública se mantenga vigilante de las actuaciones judiciales. El pedido se hacía para que los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, aquellos que han causado perjuicios directos a los recursos del pueblo, “no terminen en la impunidad”.

El exhorto llegó ante la preocupación de que esta institución mantiene por acontecimientos como el habeas corpus entregado a Jorge Glas por Diego Moscoso, juez multicompetente de Manglaralto, en Santa Elena. La aprobación del habeas corpus permitió la salida de la cárcel del exvicepresidente, pese a que mantenía dos sentencias en firme y un fallo de primera instancia por delitos relacionados con actos de corrupción.

Tribunal de la CC, con voto de mayoría, inadmite recurso extraordinario de protección de Rafael Correa y otros 15 sentenciados en el caso Sobornos

Quien actuó como acusador particular del caso asociación ilícita Odebrecht, César Montúfar, le parece importante el llamado que hace la Fiscalía, pero anota que la pregunta es por qué la Fiscalía no ha avanzado en otras investigaciones contra el propio Alexis Mera y otros personajes que hicieron de la corrupción durante el correísmo no algo aislado, sino todo un sistema generalizado. Recordó que él presentó una denuncia por el delito de delincuencia organizada relacionada a la trama de corrupción de Odebrecht, que incluía a Mera, pero que la misma no ha avanzado de la etapa previa de investigación.

El que Glas haya salido de la cárcel por un habeas corpus y Mera pretenda ahora echar abajo esta sentencia por cohecho le parece a Montúfar que es el resultado de situaciones en las que varias instituciones del Estado han trabajado o han omitido acciones, consolidando el régimen de impunidad que ha vivido el país.

“Hoy están buscando resquicios legales para lograr la impunidad en las sentencias que ya tienen ejecutadas. (...) Hoy tienen la posibilidad de usar el propio sistema legal, en donde tienen enorme influencia, y se abre la posibilidad de que salgan en libertad. ¿Y los otros casos, las otras investigaciones? La corrupción del correísmo no fue en casos aislados, fue todo un sistema”, apuntó. (I)