Una vez que se había concretado la suscripción del contrato con la empresa china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y las opciones del financiamiento estaban en marcha, la fiscal general, Diana Salazar, señalaba que para la red de corrupción instalada lo lógico era empezar a labrar el terreno para la recepción de los más de $ 76 millones acordados como coimas.