En calidad de autores del delito de delincuencia organizada es como vinculó la fiscal general, Diana Salazar, al caso por delincuencia organizada denominado Metástasis a Xavier J., Christian R., Daniel S., Gilmar C., Carlos Z., Víctor Hugo A., Fernando G. y Jairo V. A excepción de Xavier J., los restantes siete eran parte de la lista de personas que debían ser detenidas el 13 de diciembre pasado, pero debido a la filtración de información ellos escaparon de la acción policial.

Ya instalada la audiencia, Christian R., a quien se lo ubica con el alias de Globalpax y sería el abogado del narcotraficante Leandro Norero, se opuso a la diligencia asegurando que llegaba a la formulación de cargos sin conocer elementos importantes y sin tener las herramientas necesarias para defenderse. Indicó que había presentado a la Fiscalía 22 escritos en los que solicitó 74 diligencias, y que la respuesta que recibió es que no se le daba paso pues no era sujeto procesal.

El juez a cargo del procesamiento penal, Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia, rechazó el pedido, explicándole al abogado y procesado que ese no era el momento oportuno para tratar la situación expuesta.

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“Para nadie es desconocido que el Ecuador es un país frágil institucionalmente, característica que ha permitido que el Estado sea utilizado por grupos criminales organizados, sobre todo en el ámbito de la justicia, que, hasta ahora, su uso a merced de la impunidad no ha sido más que meras murmuraciones en el día a día de nuestra sociedad. Hasta hoy, que estas suposiciones han aterrizado en una radiografía íntegra de la profunda descomposición que atraviesa nuestra justicia y cómo esta ha sido vejada, sin discriminación, por parte de todos los niveles de la institucionalidad judicial: jueces, fiscales, secretarios, policías, peritos, abogados en libre ejercicio, guías penitenciarios y un largo etcétera”, refería Salazar.

Para la Fiscalía, este caso revela cómo el sistema judicial está “gangrenado de tal manera que es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda de todas las estructuras corrompidas, si no luchamos contra la impunidad”. Salazar recordó que este caso nace a raíz del asesinato de Leandro Norero, el 3 de octubre de 2022, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga; y dentro de las investigaciones emprendidas por ese asesinato se obtuvieron varias evidencias, entre ellas al menos quince celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar la justicia.

A decir de Salazar, base de este “caso de gran magnitud” es la información que se desprendió de la explotación de los referidos celulares, que dan cuenta de que desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi esta “empresa criminal” se gestó desde el 25 de mayo de 2022, fecha en que Norero, sus hermanos Israel y Joana, y su esposa, Lina Romero, fueron detenidos tras un operativo a consecuencia de una investigación y posterior procesamiento por el delito de lavado cuyo origen es el narcotráfico.

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“A partir de este suceso, la seguridad dentro de la cárcel, la libertad y la impunidad se convierten en los beneficios centrales a conseguir por parte de Leandro Norero y toda su estructura. Metas que, por obvias razones, eran imposibles conseguir al estar privado de la libertad, sin la integración de un grupo estructurado que consiste en estos pisos, uniendo para ello dos armas letales para toda institución democrática, la corrupción judicial y la delincuencia organizada”, anotó la fiscal general.

Según Diana Salazar, a la cúpula criminal de esta organización, en la que ya inicialmente ubicó a los abogados en libre ejercicio Hélive A., alias Estimado o Larry, y Alexander N., alias Novita o Novi, quienes de momento ya son procesados, sumó a Gilmar C., alias Yankee; al abogado Christian R., alias Globalpax; a Daniel S., alias DS o el Bellito; y Xavier J., alias Pili, Ravioli, Daddy Yankee o Marido, a quien la Fiscalía señaló como “jefe, líder de la organización criminal”.

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Cada uno de ellos, refirió la fiscal, actuó en la organización con intervenciones principales dentro del propósito de cometer varios delitos para conseguir los beneficios de seguridad en la cárcel, libertad e impunidad de Leandro Norero y sus familiares.

De Carlos Z. se dijo que fue presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí y contacto de la organización para concertar fallos judiciales a favor de cercanos a Norero; el exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo A.; el cabo primero de la Policía Fernando G., y el ciudadano Jairo V., quien habría dado el dinero que se entregaba a modo de coimas por los favores conseguidos para Leandro Norero, su familia y cercanos.

La fiscal Diana Salazar por el momento da a conocer los elementos de convicción que mantiene para asegurar que los vinculados son parte de la organización criminal que está siendo investigada. Entre los elementos presentados estuvieron chats que habrían sido encontrados en los teléfonos de Norero que revelarían la influencia que tenía la organización narcocriminal en la Asamblea Nacional, en donde se decía tener los votos suficientes para atacar a personajes políticos que le eran incómodos no solo a Norero, sino a Xavier J.

Entre los hechos tratados en los chats entre Norero y Xavier J. está el relacionado al habeas corpus entregado al líder del correísmo y exvicepresidente Jorge Glas. Se habla de haber pagado un audio de un funcionario del Gobierno de Guillermo Lasso para bajar el escándalo producido sobre ese tema. También se presentaron chats en los que la organización criminal y cercanos de Norero buscaban la presidencia de la República, atentar contra la vida de Diana Salazar, así como a periodistas como Fernando Villavicencio, Sara Ortiz y Christian Zurita y contra el expresidente de la Asamblea César Litardo.

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Salazar aseguró que ha tenido información de que se habría contratado al mismo grupo que atentó y asesinó al estilo sicariato al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, e incluso mantendría datos de que se habrían comprado las mismas municiones para atentar contra la fiscal general, su familia y su grupo de trabajo.

Al final de esta parte, la fiscal Salazar dará a conocer las medidas cautelares que solicitará para cada uno de los procesados. Luego intervendrán los abogados de los ocho sospechosos y, finalmente, el juez decidirá qué medidas cautelares personales y reales otorga a cada uno de los ocho vinculados. (I)