Dos meses y días les falta por cumplir de la condena de 15 meses de prisión recibida como culpables en el caso Metástasis a Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas, y Álex Palacios, exasesor del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, quien es nombrado en este expediente con el alias de Diablo.
Pese a ello, desde septiembre de 2024 las defensas de ambos buscan acceder al beneficio penitenciario de régimen semiabierto, es decir, una vez completado el 60 % de la pena, además de otros requisitos y normas del sistema progresivo, para que pueda el interno desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. Así se define en el artículo 698 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del régimen semiabierto, parte del capítulo que refiere la progresión en los centros de rehabilitación social.
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La norma refiere que el juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia electrónica y se ordenará la realización de actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria. Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60 % de la pena impuesta. Se aclara que, en el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y probada, el juez de Garantías Penitenciarias revocará el beneficio y declarará a la persona privada de libertad en condición de prófuga.
Mayra Salazar fue sentenciada a 15 meses de prisión por el caso Metástasis
El proceso relacionado con Palacios por sorteo se radicó en la jueza de Garantías Penitenciarias de Latacunga, en Cotopaxi, Ana Sánchez; mientras que la solicitud hecha por Mayra Salazar, aunque inicialmente estuvo en manos de Sánchez, luego de su inhibición por competencia territorial, pasó a manos del juez de Garantías Penitenciarias de Ambato, en la provincia de Tungurahua, Christian Rodríguez.
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Son diferentes provincias en las que se llevan las causas, debido a que los pedidos deben ser dirigidos a las unidades de Garantías Penitenciarias del lugar donde se ubica el Centro de Privación de la Libertad (CPL) en el que está internado cada condenado.
La causa relacionada con el exasesor de Terán, quien también fue condenado en Metástasis a nueve años y cuatro meses en calidad de cómplice, va adelante en su procesamiento, a tal punto que este 7 de enero estaba dispuesta la audiencia de incidente de ejecución de pena privativa de libertad en Latacunga.
La diligencia se difirió debido a que este viernes, 10 de enero, se convocó a los doce sentenciados mediante procedimientos abreviados en Metástasis para que ofrezcan disculpas públicas por los actos de corrupción cometidos usando al sistema de justicia.
La acción está definida para que se realice con la presencia física de los sentenciados y sus abogados, a las 14:00, en el mezanine 1 de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ante el juzgador, el magistrado Manuel Cabrera. Este juez fue quien entre el 15 de julio y el 1 de agosto pasado emitió sentencias reducidas a los doce procesados que reconocieron su responsabilidad en los hechos investigados y se acogieron al procedimiento abreviado.
En cambio, en el proceso de Mayra Salazar, el 24 de diciembre pasado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) emitió un informe en el que señala que la sentenciada no tiene otras condenas ejecutoriadas, no ha sido sometida al mecanismo de acumulación de penas y no ha sido sometida a otro tipo de regímenes previstos en la norma.
Tanto Palacios como Salazar fueron condenados a una pena reducida de 15 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada en una audiencia de procedimiento abreviado realizada ante el juez Cabrera el 24 de julio pasado. En esa misma diligencia se tomó en cuenta la cooperación eficaz entregada por los dos procesados a la Fiscalía, dejándoles a los dos una pena reducida en un 75 %.
A los doce procesados por procedimiento abreviado, entre los que están Salazar y Palacios, se les impuso el pago de una multa de $ 5.200, una reparación integral de $ 11.040 y para cinco ordenó la devolución al Estado de los dineros que dentro del proceso se demostró recibieron de Norero o de alguien cercano a él. Por ejemplo, Mayra Salazar debe devolver al Estado ecuatoriano $ 6.300.
Luego de estas doce sentencias por procedimiento abreviado, el 25 de noviembre pasado, mediante una audiencia, un Tribunal de Juzgamiento de la CNJ encontró a 20 procesados culpables: uno en calidad de líder y 19 como cómplices.
En el caso Metástasis se investigó a los integrantes de una “empresa criminal” que estuvo manejada por el narcotraficante Leandro Norero, alias el Patrón, con el fin de corromper la justicia en diversos niveles y a varios de sus funcionarios para obtener fallos favorables, beneficios penitenciarios, información privilegiada en procesos penales en los que se los investigaba a él, su familia o integrantes de su grupo criminal. (I)