El próximo martes, 27 de mayo, el pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado, desde las 09:00, para conocer el pedido hecho por la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho para que el Legislativo emita la autorización para iniciar el enjuiciamiento penal contra la exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Esther Adelina Cuesta Santana dentro del caso Liga2.

El pedido de Camacho fue enviado a la Asamblea a través del secretario relator de la Sala Penal de la CNJ el 22 de mayo último.

“La Fiscalía General del Estado solicita la vinculación de los ciudadanos Andrés Arauz, Raúl González y Esther Cuesta; esta última, como es de conocimiento público, ostentaba la calidad de asambleísta nacional. Con este antecedente y previo a proceder conforme lo establecido en los artículos 593, 594 y 595 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados, para que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad (...), solicítese a la Asamblea Nacional la autorización para ‘iniciar causa penal’ de la ciudadana Esther Adelina Cuesta Santana”, apunta el escrito dirigido al titular del Legislativo, Niels Olsen.

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La solicitud de la magistrada se hace antes de responder al pedido hecho por la entonces fiscal general, Diana Salazar, quien el 19 de mayo pasado solicitó dentro del caso Liga2 que se defina una fecha para la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita de la exlegisladora Cuesta; del excandidato presidencial de la RC y actual secretario de ese movimiento político, Andrés Arauz; y de Raúl Carrión, quien fue elegido superintendente de Bancos en 2022, aunque se anuló su designación en la justicia ordinaria.

La magistrada penal de la Corte Nacional resalta en su pedido que, en aplicación del principio de celeridad y de las garantías del debido proceso, y dado que se encuentra decurriendo el plazo de la instrucción fiscal, que finaliza el 13 de junio próximo, a la brevedad posible, el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento.

Quito, martes 6 de mayo del 2025. Audiencia de revisión de medidas cautelares. Augusto Verduga, dentro del caso Liga2. La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, lleva la causa. Fotos: API /Rolando Enríquez Foto: API

Como argumento para el pedido, en el estilo enviado se recuerda que han existido otras causas en las que se han solicitado procedimientos similares; por ejemplo, el que el presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso Nacional para que se autorice el enjuiciamiento penal del expresidente de la República Jamil Mahuad; en los casos penales en los que se solicitó la autorización para enjuiciamiento penal del ex primer mandatario Rafael Correa; o en el proceso en el que se solicitó la autorización para el enjuiciamiento de Verónica Abad, en ese momento vicepresidenta de la República.

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Según la norma vigente en la Asamblea, para levantar la inmunidad de la hoy exlegisladora Esther Cuesta se necesitan 101 votos en el pleno del Legislativo. Esos números no podrían alcanzarse directamente, pues el bloque corresísta en la Asamblea cuenta con 66 votos, mientras que el oficialismo, movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), tiene un número similar, aunque podría llegar a 71 con el respaldo de otros legisladores.

Una de las posibilidades es que el pleno de la Asamblea responda que Cuesta ya no es asambleísta y que no tiene ningún impedimento para ser enjuiciada, de tal forma que la justicia pueda proceder. O también otro escenario es que no exista una respuesta como tal desde el Legislativo y se deje en manos y el criterio de la jueza solicitante el inicio del procesamiento penal.

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Por ejemplo, en 2023 la Asamblea no tuvo los votos para levantarle la inmunidad al exvicepresidente Jorge Glas y tampoco se presentó otra moción para negar su enjuiciamiento. El pleno del Legislativo dejó la decisión en manos del juez, que finalmente procesó al líder correísta por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.

Al 21 de diciembre de 2023 se necesitaban 92 votos afirmativos para que se dé luz verde al enjuiciamiento del excompañero presidencial de Rafael Correa. Sin embargo, la votación final quedó con 44 votos a favor, 48 negativos, 0 blancos y 23 abstenciones. Con ello, el pleno de la Asamblea Nacional no se pronunció por el juicio penal contra Jorge Glas.

En ese momento se conoció y debatió el pedido hecho por el entonces juez penal de la Corte Nacional Luis Rivera.

La exlegisladora Esther Cuesta; Andrés Arauz es secretario del movimiento RC y excandidato presidencial y vicepresidencial; y Raúl González Carrión, que fue electo superintendente de Bancos en el 2022.

En el caso Liga2, el 15 de marzo pasado se abrió una instrucción fiscal de inicialmente 90 días contra Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, quienes fueron parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) e integraron la denominada Liga Azul, cercana al correísmo. También la formulación de cargos y posterior inicio de instrucción fiscal alcanzó a la actual consejera de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz.

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Durante algo más 60 días, los cuatro iniciales procesados han sido investigados por planificar desde el CPCCS una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.

En este punto, para la Fiscalía, las tres personas por vincular tendrían que ver con los hechos investigados, respecto de los cuales existirían elementos de convicción suficientes para presumir su participación como autores o colaboradores. En el expediente, Cuesta aparecería en chats entre Andrés Arauz y el entonces consejero Verduga. Ambos mencionan a Cuesta, quien ocupaba el cargo de presidenta de la Asamblea encargada, como parte de un plan para evitar la posesión de Roberto Romero como superintendente de Bancos. Según la Fiscalía, el correísmo quería a Raúl González en ese cargo.

Tras la renuncia irrevocable de Diana Salazar al cargo de fiscal general, la aceptación de la renuncia de la Asamblea Nacional y la posesión de Wilson Toainga como fiscal general encargado, será responsabilidad de este último el llevar adelante la vinculación en el caso Liga2. Una vez que se concrete la vinculación, la instrucción fiscal se alargará por 30 días más. (I)