Caso Liga2: Corte Nacional oficia a Interpol sobre notificación roja requerida contra Augusto Verduga

Casi un día después de que Daniella Camacho, jueza que lleva el caso Liga2, ordenó la prisión preventiva de Augusto Verduga, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y pidió que se oficie a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se emita una notificación roja en su contra, desde la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se notificó del hecho a Interpol y se adjuntó la orden de localización y captura girada para Verduga.

Noticias relacionadas

Para Augusto Verduga, México le otorgó refugio por una ‘persecución política’ por su rol como exconsejero, su pensamiento político y denuncias hechas contra estructuras de poder

hace un día

Caso Liga2: Augusto Verduga recibe orden de prisión preventiva y se oficia a la Interpol para que se emita una notificación roja para ubicarlo y detenerlo

Caso Liga2: Augusto Verduga afirma que no asistió a la diligencia para ‘pedir compasión, sino a exigir lo que corresponde en derecho’

Caso Liga2: Augusto Verduga asegura haber recibido el estatus de refugiado en México

El oficio para la Interpol fue enviado la tarde del miércoles 7 de mayo por Marco Ninabanda como secretario relator de la Sala de lo Penal de la CNJ.

La decisión tomada por la jueza Daniella Camacho

En el documento se adjunta un extracto de la audiencia de revisión de medidas cautelares que se dio en el caso Liga2 un día antes, el 6 de mayo pasado, y en la que se sustituyó la medida de presentación periódica por una orden de prisión preventiva para Verduga, mientras que en el caso de Eduardo Franco Loor, otro de los cuatro acusados por asociación ilícita en Liga2, se le modificó el lugar de presentación cada quince días, dejando de ser la CNJ en Quito y pasando a la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas, en Guayaquil.

En lo relacionado con el exconsejero, en el oficio se aclara que se sustituyeron las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica a Augusto Verduga, imponiéndole la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva, resaltando que para tal efecto se emite en contra del exfuncionario del CPCCS la respectiva boleta de localización y captura.

“Ofíciese a la Interpol a efectos de que se emita la difusión roja en su contra para garantizar su comparecencia a este proceso”, señala el documento en la parte que habla de Augusto Verduga.

Desde el 15 de marzo pasado está abierta una instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita contra Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, los tres primeros como exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, y la cuarta actual consejera de CPCCS.

Como fundamento para arrancar la instrucción, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, aseguró que los tres exconsejeros de la denominada Liga Azul y Bonifaz planificaron una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones.

La teoría del caso Liga2

La acusación de Fiscalía se basa, entre otros elementos, en el informe de los chats obtenidos de los dos teléfonos celulares de Verduga, los cuales fueron incautados durante el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, el pasado 24 de enero. También se tendrían datos de análisis de informática forense realizados a computadores incautados, versiones de los denunciantes, documentos, actas y resoluciones del pleno del CPCCS y de la Asamblea Nacional.

En estos 54 días de investigaciones el expediente del caso Liga2 cuenta con 21.800 fojas, 109 cuerpos, que incluyen pericias a conversaciones de texto ubicadas en plataformas de mensajería instantánea como Ware o WhatsApp y la transcripción de conversaciones grabadas. También se han emitido 29 impulsos fiscales ordenando diligencias e incorporando información requerida por la acusación que maneja la Fiscalía y por los abogados de los cuatro procesados.

De la información expuesta por la Fiscalía se revela que los entonces consejeros de la Liga Azul destituidos por el TCE, en enero pasado, habrían utilizado pseudónimos en tres chats grupales: Buró 2.0, Apoyándose y Jiujitsu, en las aplicaciones de mensajería Wire, WhatsApp, Signal y Telegram para ocultar su identidad.

Al demostrarse en la audiencia del martes último que se incumplió la medida cautelar de presentación periódica, que no existe interés de asistir al procesamiento penal y que es evidente el riesgo procesal de no estar en el juicio ni cumplir una eventual pena, la jueza Camacho dispuso la orden de prisión preventiva para Augusto Verduga y sumó el que se oficie a Interpol para que se emita una notificación roja para ubicar y detener con fines de extradición al exconsejero.

El pedido para que se revise la medida cautelar impuesta a Verduga fue hecho por la fiscal general, Diana Salazar, y se fundamentó en informes de la propia Corte Nacional que confirman que Augusto Verduga no cumplió las presentaciones cada quince días dispuestas en audiencia de formulación de cargos el 15 de marzo pasado. La primera presentación debía ser cumplida el 31 de marzo último en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ, en Quito, la siguiente el 14 de abril pasado, y así sucesivamente mientras se mantenga el proceso.

Ninguna de las presentaciones fueron cumplidas debido a que el exconsejero salió del país por vía terrestre por la frontera con Colombia, el 27 de enero pasado. Al inicio de la diligencia de revisión de medidas se conoció que Verduga, su esposa y sus tres hijos estaban en México, país que les otorgó a todos el estatus de refugiados ante una supuesta persecución política de la que, según el exintegrante de la denominada Liga Azul, harían parte instancias estatales como la Fiscalía y la Policía.

Sobre el refugio argumentado

Justamente el refugio otorgado fue uno de los argumentos que presentó Verduga para oponerse al cambio de medida cautelar a prisión preventiva. A esto se le adjuntó el fundamento de que existe un grave riesgo contra la vida del exconsejero de regresar al país, señalamiento que estaría referido en un informe de una dirección de la Policía Nacional ecuatoriana que asegura que Augusto Verduga mantiene un riesgo de seguridad alto y en el análisis hecho por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que concedió el refugio y señala que el exfuncionario ecuatoriano está protegido por el principio de no devolución al país de origen.

La jueza Camacho, con respecto a que el procesado ostenta la calidad de refugiado del Estado de México y fue presentada una copia simple de la resolución que avalar el hecho, dijo que esto no significa un obstáculo para el ejercicio del poder penal en contra de una persona sobre quien se presume ha cometido una infracción. Indicó que no puede pretenderse que el ser catalogado como refugiado mitigue el riesgo procesal creado por el mismo procesado, quien no ha tenido intención alguna de cumplir con las medidas cautelares no privativas de libertad que le fueron impuestas.

En lo referente al informe de riesgo emitido por la Policía de Ecuador, la magistrada dijo que este no corresponde a la realidad actual, sino que habla de circunstancias de cuando el procesado ostentaba el cargo de consejero en el CPCCS.

Interpol y la notificación Roja

Con la notificación y solicitud hecha a las oficinas en Quito de la Interpol, queda en manos de esta instancia el verificar si la solicitud cumple con los requisitos legales, incluyendo la gravedad del delito y la existencia de suficiente información para identificar a la persona buscada. Si se cumplen los requisitos, Interpol emite una notificación roja, que se publica en su sitio web seguro y, en algunos casos, se hace pública.

Con esta información las autoridades policiales de otros países miembros pueden detener de forma provisional a la persona si la encuentran, basándose en la notificación roja. De no existir recursos para evitar que el ubicado y detenido sea extraditado, la persona requerida será entregada al país que la solicitó para que sea juzgada o cumpla su condena. (I)