En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se analiza un pedido planteado alrededor del asesinato del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno y de información al Estado ecuatoriano.
La Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Constitucional (CC) que le remita los expedientes que reposan en sus archivos respecto de una acción extraordinaria de protección en la que ordenó la reconstrucción del tercer producto o informe final que elaboró el perito argentino Roberto Meza Niella dentro de una investigación no judicial del asesinato de Gabela ocurrido en el 2010.
Así también, solicitó el expediente de una acción extraordinaria de protección, sobre la que todavía no hay un fallo y que lo planteó la exfiscal general Diana Salazar.
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La exfiscal acudió a la CC luego que el exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera sobreseyó a 18 miembros de las Fuerzas Armadas, el exministro de Defensa Javier Ponce y a otras personas naturales que eran procesadas por el delito de peculado. La sentencia de Rivera se dictó en junio de 2023.
El recurso se maneja de forma reservada en el portal de la Corte.
El 1 de julio de 2025, la Procuraduría General informó a la CC que el Estado ecuatoriano ha sido notificado con una petición denominada “Jorge Fernando Gabela Bueno y familia” que la presentó su viuda, Patricia Ochoa.
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Según el documento de la Procuraduría, Ochoa informó a la CIDH que el asesinato de su esposo fue tratado bajo las disposiciones del Código Penal de la época y no fue abordado como una violación a los derechos humanos ni como un delito de carácter internacional.
Esto, pese a las circunstancias que rodeaban el caso, como las denuncias de corrupción y las amenazas previas que el general Gabela había reportado.
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Adicionalmente, Ochoa detalló a la Comisión, que es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se cerró la investigación del caso por “prescripción” y “dejó a la familia sin acceso a la justicia, a la verdad y la reparación, lo que produjo la violación a los derechos determinados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre estos, el de la libertad de expresión y la inviolabilidad, el derecho a la integridad personal y a las garantías judiciales y a la protección judicial.
De acuerdo con las normas internas de la CIDH, las peticiones pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que consideren que se violaron sus derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (la Declaración Americana), la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos de derechos humanos.
La petición no ha sido admitida, pues está en análisis del cumplimiento de requisitos; y, en el caso de que llegue a ser tratado el caso, “no significa decisión alguna respecto a la materia presentada”, señala el reglamento del organismo internacional.
Como parte del trámite, esta petición se notifica al Estado para que presente sus observaciones y se produce un intercambio de información con la que la CIDH puede solicitar información y resolver sobre la posible admisibilidad.
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Luego la Comisión, mediante la elaboración de un informe, decidirá si la petición es admisible o no.
El comandante Jorge Gabela denunció en el 2008 posibles vicios de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE a una empresa denominada Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de origen indio, que concretó el Ministerio de Defensa en ese entonces, en el gobierno de Rafael Correa.
De los siete helicópteros, ninguno está operativo. Cuatro se accidentaron y los tres restantes fueron inhabilitados y guardados en espacios de la FAE en Guayaquil.
En el régimen de Correa se creó una Comisión Interinstitucional para investigar el caso y se contrató al perito Roberto Meza.
La exministra de Justicia y hoy asambleísta del correísmo Ledy Zúñiga informó en el 2015 que el asesinato fue un delito común.
Sin embargo, Ochoa denunció que no recibió el informe completo y tiempo después, el perito denunció que lo que él investigó, aparentemente, había sido alterado y mutilado.
Finalmente, Ochoa junto con la Defensoría del Pueblo recurrieron a una acción de acceso a la información para tener el informe, pero sin éxito.
El último paso fue una acción extraordinaria ante la CC, cuyos nueve jueces determinaron el 17 de febrero de 2023 que se vulneró el derecho a la verdad de Patricia Ochoa y su familia.
Como medida de reparación ordenó al Gobierno —entonces de Guillermo Lasso— que viabilice la reconstrucción del tercer producto.
Roberto Meza lo entregó en julio de ese año y concluyó que el crimen de Gabela tuvo como “móvil” las denuncias que hizo sobre actos de corrupción en la compra de los helicópteros.
En la Fiscalía General se abrió una investigación por la sospecha del delito de ejecución extrajudicial, del que no se conoce su estado. (I)
