En la Asamblea Nacional aún no existen posturas oficiales de las cinco bancadas respecto al informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers, que señaló un incumplimiento por parte del presidente Guillermo Lasso de la Ley del Pacto Ético que prohíbe ocupar cargo público a propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en paraísos fiscales.

Sin embargo, hay asambleístas que tienen sus criterios sobre las recomendaciones del documento que se leyó el viernes pasado y que recibió el respaldo de seis votos provenientes del movimiento Pachakutik y del sector correísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES). Desde la comisión se informó que el informe se entregaría a las 17:00 del 7 de noviembre a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Informe sobre papeles de Pandora de Comisión legislativa afirma que Guillermo Lasso inobservó el pacto ético aprobado en consulta popular

De Pachakutik, el coordinador de bancada, Rafael Lucero, no respondió a su teléfono, pero sí lo hizo su coideario Ricardo Vanegas, quien primero aclaró que su posición no es del bloque sino personal y que difícilmente cambiará frente a lo elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, que -a su criterio- perdió objetividad y la técnica jurídica en el proceso de investigación y ha presentado un informe con una indebida motivación y con base en supuestos llega a varias recomendaciones. Las recomendaciones no pueden ser de supuestos, sino de certezas, replicó.

Para el legislador, en el informe no se puede señalar que el presidente ha cometido un delito, primero se tiene que recabar las pruebas para determinar si adecuó su conducta en un presunto delito, pues la Asamblea no es juez ni fiscal.

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Vanegas insistió en que sin pruebas no se puede acusar a nadie, y en este caso la carga de la prueba está en la Comisión de Garantías y no en el mandatario, quien no está obligado a presentar las pruebas y menos a comparecer a una comisión, y tampoco ante el pleno de la Asamblea Nacional como lo sugiere una de las recomendaciones del informe.

Además, Lasso tiene que responder por sus actos desde el día de su posición, lo que él haya hecho antes no le corresponde al Parlamento, porque no era funcionario público, añadió.

Constitucionalmente, el primer mandatario solo acude al Parlamento para rendir los informes anuales, posesionarse del cargo o cuando haya un llamado a un juicio político, en este caso, no se reúnen las causales señaladas en la misma Constitución. La Asamblea Nacional no puede hacer más allá de lo que la Ley lo permite, advirtió Vanegas.

A su criterio, la Comisión se olvidó de señalar que la Fiscalía General del Estado inició un proceso de investigación sobre los Pandora Papers, y en esa etapa no se puede entregar información, y tampoco las autoridades como la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas pueden entregar información, porque estarían violando la Ley; por lo tanto, es inoportuno recomendar que porque no entregan información tienen que ser enjuiciados.

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Desde la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo consideró que el pleno deberá resolver sobre lo que determinó la mesa legislativa de un incumplimiento de funciones, y que si la Asamblea inició esta investigación no significa que se pretenda perseguir al presidente de la República.

Si hubo o no conmoción social es un criterio subjetivo, recalcó el representante naranja, pues en este momento lo que requiere el país es estabilidad, generación de empleo y el Ecuador no puede seguir empantanado en temas coyunturales desgastantes. Aclara que la ID no defiende a nadie, pero cabe preguntarse si esto le conviene al país: la inestabilidad y el caos.

Jaramillo recordó que en la Fiscalía existe ya abierta una investigación sobre Pandora Papers, y será esa instancia la que determine la existencia o no de un delito. En las próximas horas la bancada se reunirá para definir una postura oficial.

Pero su coidearia Wilma Andrade fue frontal en cuestionar el informe presentado por la mesa de Garantías y sostiene que la Asamblea no tiene las atribuciones para convocar al pleno al presidente. La comisión puede recomendar lo que sea, pero no existe base legal para hacerlo. Incluso si Pachakutik junta sus votos con otros partidos y deciden llamar al primer mandatario, él no está obligado a hacerlo, sostuvo.

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Virgilio Saquicela, primer vicepresidente, miembro de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y de la comisión que investigó los papeles de Pandora, refutó la recomendación de la mesa legislativa de que se convoque al jefe de Estado al pleno. Reiteró que presentó un informe de minoría en que se recomienda que toda documentación relacionada a Pandora Papers se remita a la Contraloría y la Fiscalía del Estado, y que se archive el caso.

Ratificó que el bloque oficialista respalda al presidente y rechazó un informe “manoseado”, para afirmar que supuestamente incumplió con la normativa que prohíbe tener bienes o capitales en paraísos fiscales a un funcionario público.

Cuestionó que se pretenda, en un informe, acomodar el criterio que hay una conmoción interna y consecuentemente fraguar causales para una destitución, cuando la conmoción debió haberse dado en el momento en que salió a la luz la supuesta vinculación del presidente de la República con los Pandora Papers. Si el primer mandatario incurrió en alguna situación, está la justicia ordinaria y la Contraloría del Estado que está actuando.

“Es un galimatías ese informe”, expresó Saquicela, pues a su criterio empieza diciendo una cosa y al final del día afirma que el primer mandatario supuestamente no habría transferido sus propiedades dentro del tiempo establecido en la Ley, cuando eso ya fue juzgado.

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La coordinadora de UNES, Paola Cabezas, no respondió a su teléfono, pero ese sector político también autodenominado Revolución Ciudadana remitió un comunicado en que rechaza las declaraciones del Gobierno que a su criterio son irresponsables y antojadizas, que en lugar de responder sobre las acusaciones internacionales que lo vinculan con los Pandora Papers, amenaza con utilizar armas judiciales en contra de quienes investigan los presuntos delitos de perjurio, defraudación tributaria, testaferrismo y peculado bancario del presidente Guillermo Lasso.

Para la Revolución Ciudadana, la crisis política que enfrenta el país se resuelve con comparecer ante la Asamblea Nacional y presentar sus pruebas de descargo sobre las supuestas cuentas y bienes en paraísos fiscales, así como el incumplimiento del pacto ético. Que no son golpistas ni conspiradores, sino una oposición democrática que presenta salidas constitucionales ante esta crisis política, social, ética y moral.

El PSC emitió un comunicado donde afirma se analiza detenidamente el informe de la comisión de Garantías Constitucionales relativo al presidente de la República y los Pandora Papers, este se refiere en varias partes a un supuesto caso de conmoción interna. Que esa causal no es aplicable a este caso, al tenor de dos dictámenes de la Corte Constitucional, que definen la conmoción interna y que son de conocimiento público.

Que su bancada legislativa no apoyará la destitución de un Presidente de la República al margen de la Constitución y la ley. Las Funciones del Estado tienen competencias claramente establecidas. Que el pleno de la Asamblea Nacional no puede asumir las que correspondan a otras Funciones y organismos del Estado como la Contraloría, Función Electoral y otras.

Aclara que el pleno de la Asamblea si puede destituir a cualquier Presidente de la República, pero exclusivamente cuando su comportamiento se encuentre enmarcado en las causales establecidas en el artículo 130 de la Constitución: arrogación de funciones y grave crisis política y conmoción interna. Y también puede el Pleno enjuiciar políticamente a un madatario en los casos previstos en el artículo 129 de la Constitución.

Que el PSC se opondrá a la creación o aumento de impuestos, pero esa actitud jamás será pretexto para atentar contra el estado de derecho, señala el comunicado. (I)