Con observaciones puntuales sobre las reformas penales, la Asamblea Nacional debatió en primera instancia el proyecto de ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, calificado como económico urgente.
Tras la lectura del informe, se abrió el debate y participaron 18 asambleístas quienes anunciaron su postura frente al proyecto de ley. En esa instancia, inclusive el sector correísta anunció que son oposición propositiva y presentaron sus observaciones, el PSC en cambio señaló que apoyarán el proyecto con algunos ajustes, mientras que un sector de asambleístas de Pachakutik dijeron es necesario que la Asamblea de respuestas al país en materia de seguridad, garantizando los derechos.
El debate se centró en las reformas penales que se plantean en el documento.
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El próximo lunes, la comisión de Desarrollo Económico tiene previsto reunirse para recabar las observaciones formuladas y ajustar los textos para el informe de segundo debate que estaría listo hasta el viernes 6 de junio.
Paralelamente, la mesa legislativa iniciará el análisis del segundo proyecto urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública.
La presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), explicó ante el pleno que el proyecto del ley tiene dos enfoques: el primero en materia económica y tributaria, y un segundo enfoque en materia penal.
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Respecto al enfoque económico tributario dijo que no se hablar de inversión, de empleo, de turismo si no hay seguridad. Por eso, añadió, es fundamental permitir la colaboración de la empresa privada con donaciones en insumos y equipamiento a las fuerzas del orden.
Alfredo Serrano, representante del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que es necesario implementar “mano dura, mano de hierro” contra la delincuencia para intentar parar esta batalla que al parecer la tiene ganada el crimen organizado, para eso es necesario legislación y acciones reactivas de parte del Ejecutivo.
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Anunció que el PSC en la campaña prometió mano de hierro y el combate a la delincuencia organizada, y por coherencia política respaldará el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, con los cambios que habrá que hacer para segundo debate.
Aclaró que no han tenido que hablar con el gobierno para anunciar el respaldo a un proyecto que es positivo más aún con los cambios realizados por la mesa, pero pidió mejorar la redacción para que sus textos sean claros y no ambiguos.
Advirtió que la mesa legislativa no debió modificar los tres primeros artículos de la propuesta inicial del Ejecutivo, que era la razón de la calificación de económico urgente, caso contrario se estaría dando instrumentos de debate para quienes consideran que este proyecto no es económico y menos urgente.
Respecto al tema de los allanamientos sin orden judicial, dijo que si bien es cierto la Constitución determina el derecho a la inviolabilidad de domicilio y obliga a tener orden del juez, pero recalcó que hay que buscarle alternativas para que la fuerza pública cumpla su deber de luchar contra la delincuencia. Plantean que el informe emitido por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), que es la base sobre la cual se realizarán los allanamientos, sea también conocido por el juez. Esto es para dar un mejor membrete jurídico ajustándose a derecho.
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Respecto a la aprehensión y la detención, el legislador Alfredo Serrano, dijo que aún no se encuentra una salida jurídica para que la aprehensión, sin solicitud del juez, se convierta en constitucional. Lo que se pretende es evitar que el esfuerzo que realice la Asamblea se vea truncado por demandas de inconstitucionalidad.
La representante de la bancada Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, indicó que el proyecto del Ejecutivo contrario a combatir las economías ilegales y contrario a combatir el crimen organizado, lo que busca es un velo de impunidad frente a dos instituciones que claramente han sido permeadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Que en lo único que coincide la RC con el bloque oficialista es en el concepto del proyecto de que se necesita una policía y Fuerzas Armadas que estén a la altura para poder hacer su trabajo, pero eso no debe significar un velo de impunidad ni protección y una carta para “matar”, dentro de barrios empobrecidos.
Hablar de indultos anticipados, hablar de un régimen distinto para juzgar casos donde la el uso progresivo de la fuerza no ha sido usado en el debido derecho, no debe ser la solución para brindar a las fuerzas armadas la protección necesaria.
Aseguró que como bancada de la Revolución Ciudadano, en un espíritu propositivo, pero sobre todo con la consigna de sumar en este país los planes y proyectos que se necesita; pues se ha puesto a disposición no solamente del presidente de la República Daniel Noboa, sino del pueblo ecuatoriano algunas disposiciones generales.
“La diferencia fundamental les diría, entre ustedes (ADN) y nosotros (RC), es que ustedes miran al Estado como un espacio de caridad y miran al Estado como esa oportunidad de aprovechar la coyuntura para para ahorrarse unos cuantos dólares”, afirmó Noriega.
La legisladora del movimiento Pachakutik, Cecilia Baltazar, indicó que el Ejecutivo requiere la herramienta necesaria para acabar con la delincuencia organizada, y darle a los emprendedores de todo el territorio nacional la tranquilidad de seguir produciendo y comercializando en las distintas ciudades del país.
Dijo que es necesario dar respuestas urgentes frente a la delincuencia organizada, pues los emprendedores siguen siendo objeto de vacunas, en Tungurahua, por ejemplo, el sector del calzado. Ya no es posible que continúen los asesinatos, los secuestros en nuestro país.
Baltazar mencionó que es obligación como asambleístas entregar una legislación que le permita al Ejecutivo cumplir con su tarea fundamental que es garantizar y cuidar los derechos, como el derecho a la vida, ya no debería haber muertos ni robos.
Manifestó que los seis asambleístas de Pachakutik que es trascendental la lectura de las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador en tema de seguridad que es estructural, que no se puede solucionar a gotas, es decir, no es suficiente armar a la Policía y a los militares, tampoco es suficiente tener expertos dentro del equipo de inteligencia, sino que hay que asignar recursos al sistema judicial ecuatoriano.
La legisladora de Pachakutik destacó que quienes están faltando y están atrasados son los fiscales y jueces de nuestro país; y entonces habrá que responder y comparto con el tema de jueces sin rostro. Es momento de protegerles, pero también es el momento de depurar y ver qué fiscal está comprometido con la garantía de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. (I)
