El debate sobre el proyecto que reforma a la ley orgánica del Sistema de Contratación Pública se enfocó menos en su contenido y más en la polémica intención del oficialismo de reintroducir, a última hora, disposiciones previamente declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, debido a vicios de forma en la tramitación de la Ley urgente de Integridad Pública.