La Asamblea Nacional cumplió 75 días de crisis institucional y las acciones judiciales planteadas por quien la preside, Guadalupe Llori, se derivan en amenazas de juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por parte de algunas bancadas, cuyos representantes cuestionan que haya dado paso a una investigación previa por designar una comisión pluripartidista.

A esto se suma la intención de la presidenta Llori de involucrar a la Corte Constitucional (CC) para que proceda a destituir a los 81 legisladores que votaron por la integración de la citada comisión que procesa la denuncia presentada en su contra por parte del asambleísta Esteban Torres (PSC) por supuesto incumplimiento de funciones.

Julio César Sarango, asesor jurídico de Llori, confirmó que notificaron al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha el incumplimiento de las medidas cautelares por parte de una mayoría de los legisladores, y por tanto la Corte Constitucional debería destituir a los legisladores que votaron por la conformación de la comisión que investiga a la titular de la legislatura, afirmó.

Sarango reiteró que los legisladores incumplieron una medida dispuesta por el Tribunal Penal y está convencido de que esas medidas estaban vigentes cuando se conformó la comisión pluripartidista; por lo tanto, insistió en que están inmersos en un incumplimiento, e inclusive los artículos 162 y 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales obligan al Tribunal Penal enviar a la CC el caso para que analice el incumplimiento de la disposición e inclusive la destitución de todos los asambleístas que votaron a favor.

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Una nueva audiencia se espera que se instale este 10 de mayo, a las 09:20, en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, en Quito, por la acción de protección solicitada por Guadalupe Llori, para que se deje sin efecto la calificación de la denuncia presentada en su contra por supuesto incumplimiento de funciones, realizada el 11 de abril por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Al no existir conciliación entre Guadalupe Llori y cinco miembros del CAL, jueza define para el 10 de mayo la audiencia para resolver acción de protección

En tanto, la comisión pluripartidista continúa con el proceso de investigación y está decurriendo el plazo de diez días para que tanto Llori en su calidad de acusada presente las pruebas de descargo y Esteban Torres argumente con pruebas su acusación.

Juicio político

La fiscal general ordenó el viernes anterior notificar con el inicio de una investigación previa a 93 legisladores que votaron a favor de la moción planteada por la correísta Marcela Holguín para cambiar el orden del día, a fin de designar la comisión pluripartidista que terminó integrándose con el voto de 81 legisladores.

Esa decisión de la fiscal fue cuestionada por los legisladores de UNES y PSC, por ello la convocaron para el miércoles, a las 10:00, en la Comisión de Transparencia del Parlamento que está compuesta por siete legisladores correístas y dos socialcristianos.

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El legislador Fausto Jarrín (UNES) comentó que es una vergüenza lo sucedido con la Asamblea y que es una barbaridad que afecta la seguridad jurídica del país; pues una cosa es que la Fiscalía pueda iniciar una investigación previa por una denuncia de cualquier delito común y requiera de la autorización de la Asamblea, a través del levantamiento de la inmunidad, cuando se va a formular cargos, y otra cosa es “que tengan que ser notificados de una investigación previa que se abre producto de un voto, lo cual es irse muy más allá de lo que le permite la Constitución al trabajo de los asambleístas”.

Jarrín dijo que la Fiscalía debió acogerse al principio de oportunidad y disponer el archivo de la causa por no tener fundamento constitucional. La investigación se inicia, según Jarrín, por haber votado cuando la Constitución señala que por lo que se vota no hay responsabilidad penal para el legislador.

El representante de UNES manifestó que Salazar incurrió en una serie de incumplimientos de funciones, y no descartó que se inicie un proceso de juicio político en su contra porque personalmente considera que hay una intromisión en la función Legislativa y un abuso del derecho, pero dijo que esperará escucharla el próximo miércoles.

Torres consideró que Llori entró a un acto de desesperación y trata de atemorizar a los legisladores, pues pretende involucrar no solo a la Fiscalía, sino también a la Corte Constitucional.

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Coincide con Jarrín en que por el principio de oportunidad la Fiscalía del Estado bien pudo archivar la denuncia de Llori y no haber llegado ni siquiera a la notificación. Dijo que espera que la entidad archive el tema lo antes posible porque ni siquiera tiene que investigar algo que riñe con la Constitución y la ley por la actuación de un legislador en el ejercicio de sus funciones.

Mario Ruiz, legislador de Pachakutik Rebelde, cuestionó que los asesores de la presidenta de la legislatura la lleven a un “precipicio político”, pues la propia Defensoría del Pueblo determinó que se cumplieron las medidas cautelares y, por lo tanto, había la posibilidad de formular cambios en el orden del día del pleno e integrar la comisión para que se inicie la investigación.

Ruiz también cuestionó la decisión de la Fiscalía ya que la inmunidad parlamentaria está siendo “avasallada” por el inicio de la investigación previa, sin respetar lo que señala la Constitución y poniendo en riesgo la seguridad jurídica.

La segunda vicepresidenta del Parlamento, Yeseña Guamaní (ID), en cambio, defendió el accionar de la Fiscalía y dijo que está de acuerdo que se abra una investigación previa porque hay una denuncia presentada. Que pretender enjuiciar a la fiscal Salazar sería presionarla por actuar ante un pedido de la presidenta de la legislatura.

Además, cuestionó la conformación de la comisión pluripartidista que investiga a Llori porque no se cumplieron los procedimientos en el momento que se tuvo que calificar una denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea; por lo tanto, “van a desconocer todo lo actuado por la comisión multipartidista”. (I)