La bancada de Gobierno, representada en Acción Democrática Nacional (ADN), espera contar con el voto de los asambleístas de Pachakutik y de los disidentes del bloque Revolución Ciudadana para aprobar en segundo debate el proyecto de ley de Transparencia Social, que plantea un marco regulatorio para la prevención, detección y control de los flujos irregulares de capitales a través de las organizaciones sin fines de lucro.
La sesión plenaria está convocada para este martes 26 de agosto a partir de las 10:00. Y el proyecto parte con el respaldo de los 66 asambleístas de la bancada ADN, pero deberá reunir al menos once apoyos para que el proyecto pase.
En la otra orilla está la bancada Revolución Ciudadana (RC), que posee 62 votos y anticipó que votará en contra del proyecto de iniciativa urgente del Ejecutivo.
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Los tres legisladores del PSC, liderados por Alfredo Serrano Valladares, anticiparon que no votarán por el texto del proyecto si se mandan a votar en paquete todas las reformas.
De los seis aliados que tiene el Gobierno en Pachakutik, al menos tres no están de acuerdo con el texto del proyecto de ley. En el sector de los disidentes de la RC existen cinco votos que son clave para el Ejecutivo en el momento de reunir los 77 votos que se necesitan.
Las negociaciones y conversaciones continúan para tratar de convencer al sector de Pachakutik e independientes para aprobar el cuarto proyecto de ley urgente remitido por el Ejecutivo, que a más de reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional, introduce cambios en seis leyes vigentes, incluida la Ley de Régimen Tributario Interno.
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El asambleísta Franklin Samaniego, representante de la bancada Revolución Ciudadana (RC), anticipó que no van a apoyar la aprobación de una ley que promueve “la sobrerregularización, la hiperregularización y la persecución a los líderes sociales como se ha llegado a determinar en los últimos días”.
Manifestó que existe preocupación en las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro de que este proyecto de ley sería el camino para acallar voces que estén en desacuerdo con el Gobierno.
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Samaniego afirmó que la posición de la RC en el pleno será la misma que asumieron sus delegados en la mesa de Desarrollo Económico, que votó en contra del texto.
Explicó que entre las razones que llevarán a la RC a votar en contra de la ley de Transparencia Social está que se introducen reformas a varias leyes que en el fondo violentan lo que señala la Constitución en relación con la unidad de materia, y por otro lado está el tema de la hiperregularización.
Aclaró que la RC no está en contra de la investigación sobre el tema del lavado de activos y los dineros ilícitos, pese a que hace unos meses la misma Asamblea aprobó una ley en relación con el tema del lavado de activos.
Luego del órgano legislativo, porque seguramente tendrá el apoyo de sus aliados, las organizaciones sociales y de la sociedad civil quedarán liberadas para presentar las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
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La legisladora Nathaly Farinango, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), espera que el respaldo al proyecto demostrado en la mesa de Desarrollo Económico se demuestre en el pleno de la Asamblea.
Aseguró que la mesa dio toda la apertura para que las organizaciones y asambleístas presenten sus observaciones. Dijo que hubo una preocupación de las organizaciones sociales de que esta norma sea utilizada para persecución política, pero que la comisión estableció un texto explícito al respecto.
Se trata de la primera disposición general, donde se señala que “ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales. En tal sentido, toda medida de control, sanción o intervención será motivada, proporcional y fundada en criterios objetivos previamente publicados; se garantizará el derecho a la defensa y debido proceso ante el órgano público competente”.
La legisladora Farinango dijo que la ley que será sometida a votación este martes 26 de agosto garantiza el derecho a la libre organización y a la manifestación y que la norma es más bien preventiva para el control del flujo irregular de dinero que podrían estar utilizando organizaciones sin fines de lucro. “Eso esperamos que lo entiendan los asambleístas en el pleno de la Asamblea Nacional”.
El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano anticipó que si la moción para aprobar el proyecto es en paquete, los tres legisladores votarán en contra, porque en el proyecto de ley se incluyen reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno e imponen impuesto a las sociedades y establecimientos que no hayan repartido las utilidades hasta el 31 de julio de 2025.
Fijar nuevos impuestos es una línea roja para el PSC, apuntó Serrano, y además cuestionó que se haya introducido una serie de reformas a varias leyes en el informe para segundo debate.
Además cuestionó que en esta ley se pretenda que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, pase a ser parte del Sistema Nacional de Inteligencia. (I)
