Análisis: presión o fiscalización al Gobierno en seis meses de administración

Son más de tres mil los pedidos de información y trescientas las solicitudes de comparecencias de funcionarios del gobierno de Daniel Noboa hechos por la Asamblea Nacional en sus seis meses de administración.

La fiscalización es entendida como un proceso de control de actividades públicas para verificar y confirmar que cada estamento y cada cartera de Estado cumplan con la normativa vigente bajo principios de legalidad, imparcialidad, logrando el bien común de los ciudadanos.

La normativa que rige a la Asamblea Nacional otorga a las quince comisiones especializadas permanentes la atribución de recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a todas las funciones del Estado y a los otros órganos del poder público. También requerir su comparecencia, y en caso de no presentar la información o no asistir a las invitaciones pueden ser objeto de juicio político.

Pero en la norma también dice que cuando una comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto. Esto último es una quimera en la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional tomó posesión el 17 de noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa asumió el cargo seis días después. Apenas instalada la Asamblea, el presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Patricio Chávez, activó la fiscalización, y sin un plan de trabajo aprobado previamente convocó a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y postulantes para fiscalizar el concurso de méritos y oposición para la selección del contralor general del Estado. El tema aún no concluye.

Antes que finalice noviembre de 2023, los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), a través de la asambleísta de Pichincha Gisella Garzón oficializaron el pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, por incumplimiento de funciones. El proceso está suspendido por un estado de embarazo con alto riesgo de la acusada.

En cambio, la primera acción de fiscalización al gobierno de Daniel Noboa se presentó a los once días de instalado en Carondelet. Fue por pedido de la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pamela Aguirre (RC), y se realizó el 4 de diciembre de 2023, cuando llamó a catorce funcionarios relacionados con el área energética, empezando por la ministra en ese entones, Andrea Arrobo; los ministros de Economía, Juan Carlos Vega, de Producción, Sonsoles García, entre otros.

Dos días después, la Comisión de Derecho a la Salud convocó a la mesa a los ministros de Salud, Franklin Encalada, y de Inclusión Económico y Social, Zaida Rovira.

El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, no cumplía el mes de gestión al frente de la cartera de Estado y ya fue llamado dos veces a las comisiones de la Asamblea. La segunda vez lo requirió la comisión del Derecho al Trabajo, para que junto con la ministra del ramo, Ivonne Núñez, y otros funcionarios de menor rango expliquen sobre las reformas a la ley de seguridad social.

Y a esas primeras comparecencias realizadas a finales del 2023 se sumaron los llamados que realizaba la Comisión de Desarrollo Económico para que expliquen los alcances de las propuestas de los cinco proyectos urgentes remitidos por el Ejecutivo.

El registro de comparecencias solicitadas por la Asamblea Nacional determina que Mónica Palencia, ministra del Interior y que en los primeros meses de gestión también estuvo a cargo del Ministerio de Gobierno fue requerida su presencia 41 veces en 11 comisiones, sin contar las horas empleadas para consolidar la información de 165 requerimientos.

El segundo ministro que más comparecencias registra es el de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien acudió 36 veces a 12 comisiones y tuvo que asignar un departamento jurídico para responder 306 requerimientos de información. Y este martes 28 de mayo está convocado al pleno de la Asamblea a las 14:00 para explicar todo lo concerniente al acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, representado por Sade Fritschi, es la tercera cartera de Estado que más veces fue llamada a las comisiones registra 20 pedidos y 119 solicitudes de información. Para este martes 28 de mayo, a las 15:00, está llamada a comparecer ante el pleno de la Asamblea para explicar el caso Olón, en Santa Elena.

Luego le siguen los ministros de Transporte y Obras Públicas con 16 pedidos de comparecencia y 159 solicitudes de información; el ministro de Defensa Nacional fue llamado 15 veces ; la ministra de Inclusión Económica y Social fue requerida 13 veces y tuvo que responder 105 solicitudes de información; Educación fue llamado 10 veces y se presentaron 326 pedidos de información; la canciller 120 pedidos de información y fue llamada en 9 ocasiones.

A instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también fueron convocadas y también registra 173 solicitudes de información; el Servicio de Rentas Internas once veces acudió a las comisiones y tuvo que responder 70 pedidos de información, en tanto, que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), recibió 39 requerimientos de información y tres veces acudió al legislativo.

El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señala que en democracia el poder Ejecutivo se somete a la fiscalización y al cuestionamiento del Legislativo; pero que hay veces en donde esto se ve que va más allá de la simple necesidad de información o de fiscalización y “ya es una especie de tormento para el funcionario que tiene que delegar oficinas completas de cinco o seis abogados solo para contestar pedidos de información”.

Como gobierno, dice Torres, se ha respondido todo, se ha asistido a todo y a lo que no han asistido algunos ministros es cuando las comparecencias o no tienen razón de ser o se cruzan porque ya fueron respondidas en otra comisión o son llamados el mismo día.

Por ejemplo, en el caso Olón, el pleno de la Asamblea ya votó para que la ministra del Ambiente rinda cuentas de ese tema en el pleno de la Asamblea y paralelamente se activaron pedidos de comisiones para que vaya por el mismo tema cinco ministros. “Entonces ahí se decidió que no era lógico que vayan a las comisiones cuando el Parlamento ha tomado una decisión macro de convocar a la ministra al pleno, donde acudirá”.

Torres está consciente de que esos pedidos, por el momento político, se van a incrementar, pero que el Gobierno sabrá manejarlos. Todos estos requerimientos podrían entenderse como presión a los funcionarios, más allá del derecho que tiene el legislador de pedir información y cuentas.

El asambleísta Leonardo Berrezueta, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), considera que no habría necesidad de hacer tantas solicitudes de información y tantas comparecencias si el Gobierno hiciera su trabajo, porque cada vez que llega un funcionario a la Asamblea lo único que hace es dejar más dudas que respuestas.

Advierte que los pedidos de comparecencias y requerimientos de información a los ministerios y más dependencias de Estado no van a parar y, es más, se van a incrementar, porque “no tenemos respuestas de un Gobierno que improvisa, no da resultados en seguridad y en generación de empleo, que miente permanentemente y la Asamblea lo que tiene que hacer es obtener esa información para contrarrestar”.

El legislador de Azuay sostiene que los funcionarios del Gobierno no tienen conocimiento en materia de administración pública y que a ningún gobierno le gusta la fiscalización, pero que es importante tener un equilibrio de poderes y para eso está la Asamblea Nacional. (I)