En seis meses de gestión, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre, de las filas del movimiento Revolución Ciudadana (RC), enfrenta las críticas que surgen desde los mismos integrantes de la mesa y de aquellos legisladores que consideran que su conducción tiene el propósito político de beneficiar al correísmo. Ella perdió la mayoría en la comisión.

La presidenta de la mesa de Fiscalización ha recibido tres quejas en su contra por la forma de dirigir las sesiones, conducta y decisiones inconsultas a los integrantes de la comisión, pero estas no han pasado del Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Henry Kronfle.

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La última se refiere al pedido de la legisladora Gissella Molina de que se sancione a Aguirre por haber violado procedimientos y permitido la conexión vía online al exlegislador de RC Ronny Aleaga, en una sesión donde la fiscal del Estado, Diana Salazar, comparecía por los casos León de Troya y La Madrina. El CAL archivó la causa.

El trabajo de la Comisión de Fiscalización en este tiempo ha estado enfocado en la fiscalización de la crisis energética manifestada en los cortes de energía y en la evacuación de los juicios políticos.

La agenda definida en noviembre de 2023 incluía fiscalizar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos referente a la respuesta del Estado ante el Fenómeno de El Niño; las denuncias sobre irregularidades en la contratación y ejecución del sector petrolero y la calidad de combustibles; y, ejecución de los programas sociales relativos a desnutrición y trabajo infantil.

También se resolvió fiscalizar la situación de la caja fiscal, liquidez del Gobierno, recaudación tributaria y la deuda pública; el desabastecimiento de medicina, falta de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y centros médicos del Sistema Nacional de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, el estado de la infraestructura y el plan vial nacional.

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De todos estos temas definidos en la agenda, en seis meses priorizó la crisis energética y generó un informe.

Respecto a los juicios políticos, la comisión tramitó el juicio político al exministro de inclusión Económica y Social Esteban Bernal, quien fue censurado; al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y al exvocal de la Judicatura Juan José Morillo, ambos censurados y en el caso de Murillo destituido también; al exministro de Energía y Minas Fernando Santos Alvite, quien fue censurado, y está en proceso el juicio al exministro del Interior Juan Zapata.

Pero también abordó temas como las denuncias sobre casos de lavado de activos y del desarrollo de los casos Metástasis y Purga, procesos de investigación vigentes en la Fiscalía General del Estado.

Además, se fiscalizó en caso La Madrina, para ello llamaron a las autoridades de la UAFE y hubo sesiones reservadas. En esa reunión realizada el 13 de marzo pasado, José Serrano, exministro de Gobierno, acusó a la excomandante general de la Policía Nacional Tannya Varela de tener vínculos con la mafia albanesa y el crimen organizado. Se presentó un altercado.

Aguirre no tiene mayoría en comisión

En la gráfica los cinco asambleístas que actúan unidos y que esperan coincidir respecto a la actuación de la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre. Foto: Carlos Granja Medranda

En este tiempo, Pamela Aguirre se quedó sin mayoría y ahora cinco de los nueve integrantes están unidos y no descartan que más adelante ella pueda ser removida de la presidencia, todo dependerá de su accionar.

César Umajinga, miembro de la Comisión de Fiscalización por SUMA-ADN, dice que se nota que hay un direccionamiento claro de la mesa hacia una agenda que le interesa al correísmo que es bajarse a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que para ese grupo político se ha convertido en la joya de la corona.

Lo que busca siempre este grupo político es que la fiscal “deje de molestar y retroceda sobre todo en muchas causas públicas y procesos de investigación que está dando duro a gente de la Revolución Ciudadana y otros aliados, porque es una organización grande y delictiva”, anota Umajinga.

Ahora mismo, añade, se pretendió provocar un careo entre la fiscal Diana Salazar con un prófugo de la justicia y uno de los implicados por delincuencia organizada, eso fue demasiado atrevimiento. “Nosotros nunca conocimos de la comparecencia de Ronny Aleaga, pero los correístas sabían que iba a comparecer y a lo mejor con días de anticipación, y eso se debe investigar”, recalca.

Adriana García, legisladora nacional por Gente Buena, coincide con Umajinga y afirma que hay un direccionamiento de la Comisión de Fiscalización hacia la agenda correísta.

García considera que no hay un equilibrio en las acciones por parte de la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, pues hasta para tomar las asistencias existen preferencias para quienes representan a la Revolución Ciudadana. Pues Adriana García tuvo que revisar y apelar un descuento porque supuestamente llegó tarde a la sesión, pero que haciendo la validación estuvo puntual.

En torno a las intervenciones, la presidenta de la mesa no da paso al uso de la palabra a quienes no comparten con sus propuestas, afirma García, quien reclama su derecho a expresar sus ideas.

Adriana García recuerda que también ha habido sesiones accidentadas donde la “propia presidenta incita a que haya confrontación, como lo que pasó con el exministro José Serrano”, también hay veces en que se falta el respeto y levanta la voz.

Añade que interpuso dos quejas ante la presidencia de la Asamblea Nacional sobre el comportamiento que ha mantenido Pamela Aguirre. La primera queja se refiere al altercado que mantuvo con el exministro José Serrano, en marzo de 2024, y la segunda queja fue cuando se presentaron los hechos en la Comisión de Relaciones Internacionales cuando todos los asambleístas de la Revolución Ciudadana, incluida Aguirre, “hicieron quedar mal” al Parlamento.

Personalmente, García considera que Pamela Aguirre intenta siempre manejar su agenda propia apegada a los intereses de su movimiento político, y citó como ejemplo la investigación planteada por ella sobre el contrato de la delegación del puerto de Manta, en la que la presidenta de la comisión señaló que podría atender a la investigación de manera independiente y no como comisión; pero cuando se avanzó el proceso y se encontraron temas delicados que afectan directamente a la toma de decisiones del exmandatario Rafael Correa, el legislador Lenin Barreto (RC) mocionó para que la mesa investigue el caso y de esa manera bloquear la fiscalización “bajo un manto de impunidad”. “Ellos pretenden manejar ese proceso de investigación conforme quieren y de esa forma redireccionar el informe”.

Los cinco legisladores están evaluando el proceso de separación de la presidencia de la Comisión de Fiscalización a Pamela Aguirre, y si comete los mismos errores que se registraron el pasado lunes 13 de mayo, definirán una sanción.

En un comparativo con la anterior comisión presidida por Fernando Villavicencio, la legisladora García señala que muy aparte de sus consideraciones personales hacia el exlegislador, dice que hay una diferencia abismal porque en la anterior comisión no solo se hablaba sino que se actuaba en la lucha contra la corrupción y las mafias. Se puede medir el crecimiento en redes sociales, porque antes la gente estaba a la expectativa de los casos de corrupción, pero hoy no pasa eso.

Lenin Rogel, del las filas del PSC, manifestó que la Comisión de Fiscalización cumple lo programado. Dice que hay aciertos, que en todos los casos se ha cumplido y garantizado el uso del derecho a la defensa.

Los desaciertos, añadió, son las imprudencias cometidas por Pamela Aguirre, quien pone en evidencia la implementación de una agenda política afín a la bancada a la que se pertenece. (I)