Al final de las elecciones presidenciales del 20 de agosto, las juntas receptoras del voto publicarán en sitios visibles el número de electores que sufragaron

Para estas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, del 20 de agosto de 2023, los vocales de las juntas receptoras del voto (JRV) tendrán que publicar, al final de la jornada del sufragio, el número total de electores que depositaron su voto en la respectiva mesa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza los comicios generales anticipados en los que más de 13 millones de ecuatorianos fueron convocados a elegir presidente de la República y 137 asambleístas para completar el periodo constitucional 2012-2025, luego que el jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional en mayo pasado.

Uno de los actores del proceso son los vocales de las juntas receptoras del voto, que son las encargadas de receptar los votos ciudadanos y contabilizarlos, después de las 17:00 del día de la elección.

De su tarea surgen los primeros resultados que el Consejo Nacional Electoral divulga y para esta ocasión ha resuelto aplicar un nuevo mecanismo que tendrán que adoptar los miembros de las juntas.

El consejero electoral José Cabrera informó que al final del día de las votaciones, después de las 17:00, los vocales de las mesas de votación, tendrán que publicar el acta resumen en que constará el número de personas que depositaron su voto.

“Desde este proceso electoral vamos a publicar el ‘acta resumen’, que deberá ponerse en un lugar visible, como en la pared en donde esté instalada la junta. Esta contendrá el número de personas que sufragaron, para que así la ciudadanía conozca cuántos ciudadanos votaron en esa mesa”, detalló Cabrera el miércoles 28 de junio.

Ejemplificó que en ocasiones los sujetos políticos o ciudadanos se preguntan por qué se contaron menos votos si hubo un número mayor de electores. “Por esas preocupaciones de que hay dignidades de elección popular con variación de votos se publicará esta acta y se conozca cuántos ciudadanos ejercieron su derecho al voto y que, a su vez, los miembros de las juntas puedan realizar su trabajo”.

Para estos comicios, el Consejo tiene previsto integrar 40.714 juntas receptoras del voto con 279.244 personas, que serán las mismas que fueron escogidas para las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, debido a lo imprevisto de los comicios que están en ciernes tras la disolución del Parlamento.

Cada junta receptora del voto recibirá a 350 electores y contabilizará los votos de las papeletas de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, la papeleta de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT, que será de carácter nacional.

En tanto, en Quito, los electores recibirán una papeleta para pronunciarse sobre la consulta sobre la explotación de minería metálica en el Chocó Andino.

Otra actividad en desarrollo es la contratación de una arquitectura de seguridad de las actas de escrutinio, denominada “nube virtual de contingencia” para proteger de la manipulación no autorizada estos documentos, que contienen el número de votos por cada dignidad electa.

El consejero Cabrera aclaró que el CNE articula estas actividades y contrataciones de tecnología con la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y que esto no es un procedimiento nuevo.

Al contrario, se lo aplicó en los comicios seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del 5 de febrero pasado y tiene como objetivo dar “seguridad y confianza” en el procesamiento y resguardo de la información para eventos futuros.

Esta tecnología se construye mediante una “cadena de bloques” (blockchain) que asegurará las actas de escrutinio para que “no sean vulnerables y tengan un acto de comprobación, transparencia, seguridad”, según los documentos del proceso contractual que asciende a los $ 300.000.

En esencia, el producto servirá para proteger la publicación de las actas en contra de la “manipulación no autorizada y su degradación”, y que deberían quedar almacenadas en un repositorio que garantice la “inmutabilidad”.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ahondó en que su fin es “garantizar la invulnerabilidad de la información para que todos tengan la certeza de que en ningún momento pueda existir la posibilidad de alteración, de vulnerabilidad o de manoseo de la información que se está acumulando desde el momento en que se escanean las actas de escrutinio”. (I)