Ante el incumplimiento del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) de trasladar a la cárcel de Ibarra (Imbabura) a los siete indígenas detenidos en Otavalo (Imbabura) que fueron llevados a la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo, Manabí, en el contexto del paro, las defensas de los procesados por el delito de terrorismo pretenden que los funcionarios que no han cumplido con la decisión judicial sean sancionados como la norma lo define.
El 6 de octubre pasado, un tribunal constitucional de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Manabí aceptó parcialmente un habeas corpus presentado a favor de Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Diego Armando L. R., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Jeremy Washington L. P. y Juan Sebastián M. T., ordenando de forma inmediata el retorno de los privados de libertad al Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Ibarra, a la jurisdicción donde se encuentra su entorno sociocultural.
“Al haberse constatado la vulneración de sus derechos conexos tal como lo determinan los artículos 43 y 45, en armonía con el artículo 57.3 de la Constitución, retorno que se realizará de forma inmediata con las debidas garantías de seguridad, sin perjuicio de notificar la decisión por escrito y remitir los oficios que correspondan al SNAI y al CPL donde se encuentran actualmente privados de libertad”, sostiene la decisión de la Sala de Manabí que aceptó parcialmente el habeas corpus.
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Para Luis Yépez, quien forma parte de la defensa de los procesados por terrorismo que se mantienen, pese a la decisión, por más de una semana en el CPL de Portoviejo, lo que ha sucedido en este caso tiene dos implicaciones: la primera, que se está cometiendo un delito de desacato al incumplir una orden legítima de autoridad competente, lo cual es sancionado con penas de prisión de uno tres años, y la segunda, que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional definiría que la persona que desacate una orden de juez, dentro de un habeas corpus, tiene que ser destituida del cargo.
“Eso estamos pidiendo nosotros desde la semana anterior y todavía no recibimos un despacho oficial respecto a este tema”, refirió Yépez.
Los jueces de Manabí que tramitaron el habeas corpus determinaron en su sentencia que se violentaron los derechos colectivos de los procesados solicitantes al sacarlos de la cárcel de Ibarra y llevarlos a la cárcel de Portoviejo.
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Como parte del seguimiento ordenado en este caso a la Defensoría del Pueblo, el pasado viernes un delegado de esa institución visitó a los procesados en la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo, no solo confirmando que los beneficiados del habeas corpus seguían en ese CPL, sino que también registrando en las conclusiones de un informe que forma parte del expediente que “las autoridades carecen de una justificación adecuada respecto al incumplimiento del traslado”.
“Esta situación se agrava considerando la existencia de una decisión constitucional que debe cumplirse dentro de parámetros establecidos y regulados, garantizando un enfoque basado en derechos. Por ello, resulta fundamental que las entidades involucradas, como el SNAI, la Policía y las Fuerzas Armadas, demuestren que sus actuaciones están alineadas con los principios constitucionales y normativos previamente señalados”, suscribe el informe de la Defensoría del Pueblo.
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Desde esa instancia se reconoce que las siete personas parte del habeas corpus no han sido objeto de maltrato, tal como lo demostrarían sus manifestaciones y las evidencias observadas directamente por el enviado de la Defensoría del Pueblo. El abogado Yépez también dice que han podido tomar contacto con sus representados y han confirmado que están sanos, pero lo realmente preocupante es que sigan en una cárcel de ese nivel, siendo personas inocentes y no peligrosas.
Por su parte, el SNAI informó a los integrantes del tribunal de habeas corpus que su personal sí cumplió el retorno ordenado, pero que las Fuerzas Armadas no concretaron el traslado. A un informe entregado por esa instancia se adjuntan fotos de los encausados en viaje y el parte redactado por los agentes penitenciarios asignados.
Según ese personal, el 8 de octubre pasado a las 08:40 salieron los procesados y su custodia de la cárcel por vía terrestre, arribando a las 09:50 a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Manta. Cerca de las 11:20, el vuelo habría aterrizado en el aeropuerto de Quito y, cinco horas después, personal de la FAE aparentemente les informó que por orden superior debían regresar, ya que el helicóptero definido se encontraba atendiendo emergencias.
Finalmente, para las 17:20, los procesados habían sido regresados por vía aérea a Manabí y pasadas las 20:00 ingresaron a la cárcel de Portoviejo. En días posteriores, autoridades del SNAI enviaron otras explicaciones adicionales al tribunal, señalando que el 8 y el 11 de octubre tampoco pudieron cumplir la disposición debido a que existía un cierre de vías por el paro indígena y los riesgos a la integridad de los siete detenidos.
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En la última comunicación, el ente encargado de las cárceles del Ecuador informó a la sala de habeas corpus de Manabí que coordina con los ministerios del Interior y de Defensa para cumplir la disposición del traslado a Ibarra de las siete personas autoidentificadas como indígenas.
En total, son trece las personas procesadas penalmente por el delito de terrorismo, luego del violento ataque a las instalaciones del Comando Policial de Otavalo, en la provincia de Imbabura, durante lo que fue el primer día del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La audiencia de calificación de flagrancia contra ellas se dio el 23 de septiembre pasado en la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito. Los involucrados fueron detenidos en distintos lugares cercanos al sitio que fue atacado con piedras, palos, bombas molotov 22 de septiembre por una parte de las cerca de 300 personas que se movilizaban en protesta por la Panamericana norte o E-35.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal Galiano Balcázar describió que, el día en cuestión, la multitud que protestaba lanzaba piedras y destruyó el portón de ingreso vehicular, paredes y oficinas, incluyendo las instalaciones de la Policía Judicial del cantón Otavalo.
En el ataque se habrían causado daños estructurales, sustraído documentos y evidencias y se incendiaron tanto vehículos policiales como particulares, incluyendo motocicletas y automóviles. En este caso son procesados Alfredo P. C., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Luis Henry J. E., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Diego Armando L. R., Juan Sebastián M. T., Elvis Damián L. M., Luis Enrique M. F., Luis Alberto C.B. y Gina Betel C. T. (I)
