El análisis del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Ministerio del ramo sobre el impacto del COVID-19 en la producción y en los medios de vida agrícolas indica que el 30% de los hogares rurales tuvo una inseguridad alimentaria moderada-severa y en un 5% la situación fue más grave.

“Son hogares que enfrentan incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos y que se ven obligados a aceptar menos calidad y cantidad”, dice Daniel Quiroz, especialista del FAO. El dato se obtuvo de una encuesta realizada entre julio y agosto del 2020 cuando las medidas de restricción por la pandemia eran mayores. Pero parte de este impacto se sigue arrastrando.

Incluso se han sumado algunos como la adversidad climática por las lluvias. La inseguridad alimentaria respondió a menos ingresos, pero también hubo escasez de ciertos productos que llegan de otras zonas.

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“La afectación de los ingresos tuvo mayor impacto en la Amazonía seguida de la Sierra y la Costa”, dice Quiroz.

Agustín Zimmermann, representante del FAO en Ecuador, afirma que una familia de cinco miembros necesita como mínimo un ingreso de $ 8,5 diarios para acceder a una dieta saludable en nutrientes, sin tomar en cuenta el resto de gastos del hogar. “Considerando que el ingreso total per capita de una persona pobre es menor a $ 84 mensuales y de un pobre extremo, menor a $ 47, hay una brecha importante”, indica.

Según el último cálculo oficial de pobreza por ingresos, esta pasó de afectar al 41,8% de la población rural en diciembre del 2019 al 48% de sus habitantes en el mismo mes del año pasado, un incremento de casi siete puntos porcentuales de un año a otro.

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Zimmermann manifiesta que el FAO apoyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la construcción del Plan Nacional Agropecuario (2020-2030), en el que se abordan estas temáticas y sus soluciones.

El ingreso limitado se debe en parte a que la producción se vendió a un menor valor. “Para el consumidor los precios no variaron e incluso se incrementaron algunos rubros (durante los meses del confinamiento), pero el productor, en cambio, vendió a un menor precio ya que no había la demanda de los comerciantes habituales y se vendió al primero que llegó a las fincas”, indica Quiroz.

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Ney Barrionuevo, director del Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en Ecuador, afirma que el crecimiento de la pobreza rural es una bomba de tiempo para la estabilidad social y política del país.

“Esto se debe a problemas estructurales como la falta de productividad y de acceso a financiamiento, de mecanismos de comercialización inadecuados y de no acceder a tecnologías”, dice Barrionuevo.

Además, la débil asociatividad empresarial de los agricultores. “Los pequeños productores que no se asocien para comercializar están a expensas de los intermediarios que le bajan el precio al productor y lo suben al consumidor”, afirma el especialista.

Al igual que la falta de infraestructura vial. “Si hubiera una red mejor, los fletes bajarían y sería más fácil para el productor salir a vender de forma directa; pero como las vías están en mal estado y quedarán peor tras este invierno, para el agricultor es muy costoso el traslado, por eso prefiere vender en la finca al intermediario”.

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Hay una frase, refiere Barrionuevo, que dijo un campesino y que sintetiza la percepción que tienen los agricultores respecto a las promesas incumplidas de los gobiernos de turno con el campo: “Si no saldaron esta deuda en la época de vacas gordas y menos en la de vacas flacas, peor lo harán si ya se robaron las vacas”. Es lenguaje coloquial, dice, pero así se siente el agricultor, “estafado”.

En las zonas rurales del Ecuador hay un menor nivel de desarrollo. Foto: CORTESÍA DIANA PROAÑO RIMISP

Zimmermann sí destaca algunos avances en el actual régimen. “Con el actual Gobierno se logró avanzar en la construcción de la política pública, poner prioridades para los próximos años y enfrentar estos problemas estructurales, como el tema de la intermediación que es altísima, la falta de crédito en las condiciones que sean útiles para los agricultores, porque los que había o tienen tasas altas de interés o no tienen los periodos de gracia necesarios. Estos temas se han abordado en el plan nacional agropecuario”.

Una de las acciones acordadas es el fortalecimiento de los marcos normativos e instrumentos de política que orienten las inversiones.

“Esto será un paso importante con la identificación de los territorios para tener una mayor claridad dónde hacer las inversiones, que en el contexto actual de restricciones fiscales son más escasas de lo habitual”.

La idea es priorizar la inversión en zonas del país donde haya un impacto mayor en los índices de pobreza rural y de malnutrición, asegura el representante del FAO.

El plan de inversiones estará listo en mayo próximo cuando ya esté el nuevo Gobierno.

El campo genera casi el 30% de los empleos en Ecuador y más del 50% de las exportaciones totales vienen del sector agropecuario, incluida la pesca. (I)