La Asociación de Trabajadores de Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) hizo varias observaciones a la política petrolera del gobierno de Guillermo Lasso, establecida a través del Decreto Ejecutivo 95 y que habla de la migración de contratos, la delegación de campos de Petroecuador al sector privado, así como de la venta de gasolineras que ahora están en manos de la empresa.

David Almeida, secretario general de Antep (que aglutina a trabajadores de empresas públicas de petróleo y eléctricas), dijo que históricamente, de las cifras que se dispone, los campos manejados por Petroamazonas (hoy Petroecuador) han tenido mayor rentabilidad que los campos que están bajo contrato de Prestación de Servicios. Esto justamente porque en este tipo de contratos con empresas privadas se paga una tarifa, lo que le resta utilidad al Estado. Para demostrarlo, Almeida exhibió datos del 2018 en el que se indica que la renta que obtenía el Estado por Sacha (manejado por el propio Estado) era de $ 56,47 el barril, pero para Auca (contrato de servicios) era de $ 29,63 por barril. De acuerdo con Almeida, no es un buen negocio para el Estado delegar o firmar contratos con privados de campos en producción, pues no se concretan como recursos frescos, sino más bien salen de la propia tarifa.

Además no están de acuerdo con la venta de gasolineras, pues dicen que estas han servido para regular las tarifas frente a las privadas. Considera que el objetivo con el que se compró estas gasolineras en 2013 (controlar el contrabando) era positivo. Adicionalmente dice que el Gobierno no ha explicado lo que sucederá con las estaciones de servicio que no son rentables, pero que sí son un servicio social para abastecer de combustible a sectores muy remotos.

Para el representante de los trabajadores, tampoco existe una claridad sobre cuál es la verdadera dimensión de los subsidios a los combustibles. Explica que en 2019 se hablaba de que podrían ser $ 1.400 millones, sin embargo, este sería producto de calcular la demanda interna por el precio internacional, pero no se toma en cuenta los costos de producción del combustible interno.

Para Almeida, tampoco es consistente la propuesta de incrementar hasta un millón de barriles la producción ecuatoriana. Explicó que esta cifra se ha dado a través de un estudio que ha hecho un colectivo cercano al Gobierno, sin embargo, dijo que este no tiene cifras reales, pues se ha tomado en cuenta producción del precretácico y de fraking, que son muy improbables. Pidió al Gobierno sostener técnicamente el tema.

Finalmente pidió que tal como indica el artículo 315 de la Constitución se le trate a la empresa petrolera con autonomía financiera y administrativa, y que el Estado pueda ser beneficiario de las utilidades.

Las opiniones y observaciones desde el gremio de trabajadores han sido compartidas en estos días con el ministro del ramo, Juan Carlos Bermeo.