La nueva política petrolera, propuesta por el gobierno de Guillermo Lasso, a través del decreto 95, que plantea una renegociación y migración libre y voluntaria de los actuales contratos de Servicios a los contratos de Participación, abre el debate sobre las vías jurídicas y el posible interés que podría generar en algunas empresas petroleras para aceptar los cambios.

De acuerdo con la propuesta, el nuevo contrato de participación (que básicamente es que una empresa privada entre a operar el campo y repartirse entre la empresa y el Estado la producción a boca de pozo) tendría estándares internacionales competitivos, compromisos mínimos de inversiones, escala de participación en la producción justa y equilibrada, cláusula de estabilidad económica frente a factores exógenos (subidas y bajadas del precio), protección al medioambiente y desarrollo de comunidades aledañas. Además poseerá causales de terminación del contrato claras y arbitrajes internacionales, conforme a la Constitución.

Actualmente en el Ecuador hay tres tipos de contratos vigentes en la ley. El de Prestación de Servicios, el de Participación y el de Asociación. En cuanto al de Prestación de Servicios hay una especie de subdivisión: el de Servicios para Exploración y Explotación que es regentado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (herencia de la extinta Secretaría de Hidrocarburos) y el de Servicios Específicos Integrados con Financiamiento de la Contratista, que lo maneja Petroecuador (antes manejados por Petroamazonas).

En ambos casos la empresa privada entrega la totalidad de la producción petrolera al Estado, pero recibe una tarifa como pago por sus servicios. En el caso de los 19 contratos de Servicios del ministerio esta es fija y se hace vía concesión de campo. En el caso de los contratos de Petroecuador se firmaron para campos maduros, menores, y en la ronda Oil & Gas.

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En cada caso, la modalidad de pago vía tarifa varía. En los contratos del ministerio hay cláusulas de soberanía para el Estado, pero en el caso de que no se llegara a cubrir la tarifa fija, hay una cláusula de carry forward (acumulación de deuda que se debe pagar, pero que se extingue si termina el contrato). Cuando los precios son altos, no hay inconveniente para el Estado en pagar tarifas atractivas, pero si los precios bajan, como ha ocurrido en los últimos años, el Estado acumula deudas. En contratos de Servicios Específicos, en campos maduros se exigía que en ese entonces Petroamazonas pagara de su propio bolsillo o que acumule las deudas, pero sin posibilidad de extinción si llegara a terminar el contrato. Ya para los contratos de campos menores, se estableció una tarifa variable, y ya no existe carry forward.

Ahora, la propuesta del Gobierno establece tres vías para el cambio a Participación. En primera instancia indica que para nuevas inversiones se harán nuevos procesos licitatorios internacionales bajo contrato de Participación, observando la consulta previa para las comunidades sobre áreas intangibles y reservas naturales. En segundo lugar se plantea delegar campos ahora en manos de Petroecuador a la iniciativa privada y para ello se pide remitir un proyecto de ley que permita dicha delegación y la migración de los actuales contratos (de manera libre y voluntaria) a la nueva modalidad.

La tercera vía es que en los contratos manejados por el ministerio, se inicie la renegociación de manera inmediata, también de manera libre y voluntaria.

De acuerdo con Fernando Santos, analista petrolero y exasesor ministerial en el anterior gobierno, es positivo para el mercado y se toma como un gesto de buena voluntad que se establezca el contrato de participación como el contrato tipo o contrato modelo del Ecuador para nuevas áreas. Para el caso de nuevas inversiones, considera que sí sería atractivo. “A las empresas les gusta tener participación en barriles, que le paguen en crudo. Esto se reparte a boca de pozo y pueden llevárselo, refinarlo y luego venderlo como derivados”, explica.

Entre tanto, considera que en los contratos que son de Prestación de Servicios firmados por el ministerio es fácil el proceso, ya que la ley lo permite. Pero en los contratos firmados por Petroecuador se necesita una reforma de ley que debe pasar por la Asamblea, lo que podría representar un problema.

Adicionalmente, considera que no todas las empresas se van a alinear con el cambio, pues varias están satisfechas con la tarifa existente. En el caso de las empresas que tienen contratos con la cláusula de carry forward, de acuerdo con Santos, no estarían dispuestas a perder el valor acumulado, y por tanto debería existir una compensación que equivalga a la deuda pendiente en el nuevo contrato. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, a mayo del 2021 hay unas obligaciones acumuladas por carry forward de $ 1.244 millones. Para Fernando Santos, las renegociaciones de contratos podrían durar un año al menos.

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Gonzalo González, coordinador de Competro (Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito), considera que el contrato de participación, que es de carácter liberal, será atractivo sobre todo para las empresas que están trabajando con Petroecuador: “Estas serían las primeras interesadas”, dice. Es que estas empresas han tenido problemas a la hora de conseguir el financiamiento para inversiones, pues no son dueñas de la producción. Sin embargo, el modelo de Participación logra que estas tengan parte de la producción y por tanto esto las convierte en sujetos de crédito con tasas de interés blandas.

González destaca que en esta ocasión la migración de contrato será libre y voluntaria y no obligada como fue en el 2010, en el gobierno de Rafael Correa. El cambio generó una ola de demandas arbitrales que aún le cuestan al país millonarias multas.

Sobre los caminos legales para conseguir el objetivo del Gobierno, González considera que puede haber varias opciones, como el requerir una ley, pero también recurrir a la reforma del reglamento.

Entre tanto, los contratos de Participación ya se aplicaron para siete adjudicaciones de la Ronda Intracampos en 2017, pero ninguno está en producción, pues han tenido problemas con los permisos ambientales. La tercera modalidad de contratos (Asociación) no está siendo utilizada al momento.

Meta de un millón de barriles diarios luce inalcanzable

Aún con los cambios en los contratos petroleros, la meta de subir de 490.000 barriles a 1 millón de barriles diarios luce prácticamente inalcanzable, al menos dentro de los cuatro años de Gobierno. De acuerdo con Fernando Santos, analista petrolero, con los actuales contratos es imposible subir más la producción. Para poder subir la producción se necesita abrir la nueva frontera petrolera, pues los actuales campos ya tienen 50 años y están en declinación. La nueva frontera petrolera está en el suroriente. Esto es el sector intermedio entre el ITT y la frontera con Perú.

El problema para acceder al petróleo que existe en esa ubicación es la oposición de las comunidades indígenas. Algunas de ellas que han permanecido aisladas, son hostiles y no permiten la entrada. El Gobierno debería hacer una gran promoción sobre los beneficios de la actividad petrolera si logra el consenso de las comunidades, ahí sí se podría .

Aun así, considera que podría haber un incremento de hasta 750.000 barriles día, sobre todo atado al tema del transporte de crudo, pues esa es la capacidad máxima de los oleoductos. En todo caso, ya teniendo el permiso para realizar la explotación en el suroriente, no se trata de un proceso inmediato. Se requerirían al menos ocho años para las licitaciones, firma de contratos, exploración y finalmente la explotación. Lo que el Gobierno haría, si logra avanzar en el tema, es sembrar el proceso, para que el siguiente gobierno lo coseche.

Para Gonzalo González, coordinador de Competro (Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito), la meta de generar una producción de un millón de barriles diarios es “extremadamente ambiciosa”. Se requeriría una inversión cuantiosa que debería se atraída con incentivos tan buenos que sustituya el interés de invertir en otras latitudes. Entre las opciones que tienen los inversionistas en la región están, por ejemplo, la creciente actividad en Guyana y la propia Venezuela que frente a la crisis podría buscar recuperar inversiones.

“No es lo mejor producir más, pero sí producir eficientemente”, explica. Para Gonzalo González, Ecuador debe repensar su política y enfocarse en aprovechar su ubicación geopolítica y la infraestructura de almacenamiento en terminales y refinerías que posee para convertirse en un hub (centro o punto de conexión logístico) de almacenamiento, distribución, venta, recepción de crudo y productos terminados. Esto es lo que está haciendo falta en la región. Para ello, insiste, en que tenemos buenos terminales para operar como Monteverde y La Libertad. Dice que en el Pacífico se requiere este tipo de servicios, más aún considerando que se puede abrir un mercado interesante si se firma la Alianza del Pacífico. (I)