El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó hace pocos minutos el Decreto Ejecutivo 95 por el cual se establece la nueva política hidrocarburífera del país, con medidas inmediatas a tomarse en los próximos 100 días, así como medidas de mediano y largo plazo. Todas encaminadas a permitir una mayor participación del sector privado y a la duplicación de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios, para así generar más recursos para el fisco.

Entre los puntos más destacados de la nueva política -que requerirá varias reformas legales que deben ser aprobadas por la Asamblea- están la migración “libre y voluntaria” de contratos de prestación de servicios a contratos de participación; la creación de un fondo de estabilización petrolera cuyos recursos sirvan para combatir la desnutrición infantil, así como otros problemas que aquejan a la población más vulnerable. Esto, especialmente en las zonas de influencia de la actividad petrolera.

También se buscará vender las gasolineras de Petroecuador y se hará un análisis de los campos en producción manejados por Petroecuador que se puedan delegar a las empresas privadas. Otro punto destacado es la intención de hacer una auditoría sobre la fusión de EP Petroecuador y Petroamazonas EP; establecer el estado de situación de dicha fusión y buscar concretarla de manera definitiva. Además permitir que la empresa pueda recibir inversión privada, sin dejar de ser estatal y que pueda ser cotizable en bolsa.

El presidente Lasso indicó durante el evento, que contó con representantes del sector hidrocarburífero, que actualmente la producción petrolera alcanza 493.000 barriles diarios y se busca llegar a 1 millón. Sin embargo, esto se hará bajo prácticas ambientales sustentables de tal manera que no sean afectadas las comunidades ni la naturaleza. Dijo que se busca, además, fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el Ecuador para así potenciar la inversión local y extranjera.

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Explicó que bajo licitaciones y analizando el tema financiero, el Gobierno determinará qué campos pueden ser manejados por Petroecuador o cuáles pueden ser delegados a la iniciativa privada. Igualmente, dijo, se hará una revisión y diagnóstico de los procesos de comercialización de petróleo de los últimos diez años.

En cuanto al fondo de sostenibilidad, dijo que será alimentado por un porcentaje de la renta neta y será manejado por un organismo integrado por el ministro de Economía, del de Energía y tres ciudadanos independientes de la sociedad civil.

De acuerdo con el decreto ejecutivo, que fue leído por Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, entre las medidas más urgentes se encuentra la necesidad de reformular el modelo de contrato de participación para la exploración y explotación con base en estándares internacionales competitivos.

En estos debe haber compromisos mínimos de inversión y una escala de participación equilibrada acorde con los riesgos y beneficios de la empresa y del Estado. Dentro de ellos se establecerán cláusulas que permitan restablecer el equilibrio económico del contrato si hubiera factores exógenos que los alteraran. Habrá disposiciones obligatorias y estrictas para la protección del medioambiente y de las comunidades. También deben estar claras las causales para terminación contractual, así como cláusulas de arbitraje internacional acordes con la Constitución. Se observará la normativa sobre consulta previa a la comunidad y áreas intangibles y reservas naturales.

En 60 días el Ministerio debe revisar y reportar el de las refinerías de Petroecuador y de los procesos licitatorios en marcha. En el mismo periodo deberá reportar el estado integral del sistema de transporte de hidrocarburos para poder promover proyectos de inversión

Sobre el tema, el ministro Juan Carlos Bermeo dijo que el instrumento normativo servirá para la aplicación de buenas prácticas y de tecnologías modernas para optimizar la producción y reducir tiempos y procedimientos en trámites administrativos. Se comprometió con el presidente Lasso para cumplir los plazos y objetivos determinados en el decreto.