El gobierno de Guillermo Lasso apuesta por la creación de un nuevo fondo petrolero, similar al Fondo de Estabilización que se creó en julio del 2020 en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Se trata del Fondo de Sostenibilidad petrolera, para la erradicación de la desnutrición crónica infantil del país, que forma parte de la nueva política petrolera establecida en el Decreto Ejecutivo 95, firmado esta misma semana.

El decreto indica de manera textual que en los próximos 100 días, el Ministerio de Energía debe entregar a la Presidencia de la República un proyecto de ley para la creación de un Fondo de Sostenibilidad petrolera, “el cual será alimentado de un porcentaje de la renta petrolera neta del Estado y tendrá como beneficiarios programas específicos para la erradicación de la desnutrición infantil, en particular en las zonas de influencia de la actividad hidrocarburífera. El proyecto deberá contemplar que dicho fondo sea administrado por un comité técnico formado por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo presidirá, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y tres miembros independientes nominados por el presidente de la República”.

El fondo deberá, en primera instancia, sortear al menos dos escollos. De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), la primera condición para la existencia del nuevo fondo es la presentación, por parte del Ministerio, de un proyecto de ley para la creación de dicho fondo a la Presidencia y luego la aprobación en la Asamblea.

Carrera explica que en el Decreto Ejecutivo 95, que establece necesaria transformación de la industria petrolera, hay muchos factores que deben concretarse a través de leyes. Además, sobre el fondo indica que el principio que transmite es la necesidad de garantizar recursos para combatir la desnutrición infantil crónica. Es positivo que se busque dedicar los recursos del activo petrolero para el mejoramiento del capital humano del país. De acuerdo con datos de Unicef, en el Ecuador tres de cada diez niños menores de 2 años padecen de desnutrición crónica.

Publicidad

En segundo término, considera que el fondo, una vez aprobado, no podrá empezar a acumularse sino luego de haber saneado todas las cuentas del sector petrolero. Entre ellas las obligaciones (que no se cuentan dentro del endeudamiento público) que existen con las empresas petroleras privadas, como por ejemplo el carry forward. Es que el decreto habla de que se alimentará de un porcentaje de renta petrolera “neta” del Estado.

De acuerdo con el boletín de deuda pública registrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado establece obligaciones frente a las petroleras que han participado en contratos de prestación de servicios petroleros por $ 1.244 millones. Esta es, justamente, la deuda de carry forward que se acumula cuando el Estado no alcanza a pagar la tarifa, especialmente cuando se han registrado precios bajos.

Dicha deuda se extingue cuando terminan los contratos, pero si previamente hay una recuperación del crudo, entonces se debe pagar la deuda. Adicionalmente, dentro de las obligaciones petroleras (que se contabilizan fuera del endeudamiento público) están también pendientes de pago pasivos corrientes de Petroecuador por un monto de $ 1.980 millones.

De acuerdo con Carrera, una vez que se aprobara el fondo, este deberá estar coordinado con la nueva ‘Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil’. Lo lógico es que no haya programas dispersos, sino que se apunte a un objetivo y se trabaje en conjunto, dijo.

Consideró que además ese fondo debe crecer también gracias a la ayuda de organismos internacionales. Por ejemplo, esta semana la CAF aprobó un préstamo de $ 200 millones con el objetivo de apoyar el combate a la desnutrición.

En todo caso, este fondo establecido en el Decreto 95 entraría en funcionamiento antes que el Fondo de Estabilización de la reforma del 2020. Es que el Fondo de Estabilización del gobierno de Moreno establece que este se alimentará de los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional. Su objetivo es garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas y/o la capacidad de la ejecución de egresos en educación y salud.

Sin embargo, la condición para que este pueda empezar su proceso de acumulación era alcanzar el cumplimiento de la regla de deuda y otras obligaciones. Esto es regresar a un máximo del 40 % en la relación deuda PIB. Esto, según esa misma ley, ocurriría hasta el 2032.