Unas 300.000 personas podrían ser afectadas por el impuesto a la transferencia de vehículos usados que ha propuesto el Gobierno en una ley urgente remitida a la Asamblea Nacional.
La estimación la realizó la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), que representa a empresas ensambladoras de vehículos y fabricantes de partes e insumos para vehículos automotores.
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El Gobierno planteó el proyecto urgente de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos con dos versiones.
La primera llegó a la Asamblea Nacional el pasado jueves, 7 de noviembre del 2024.
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En ella se planteaba la creación de un impuesto “a los vehículos motorizados destinados al transporte terrestre con la finalidad de formalizar la actividad de compra y venta de vehículos”.
Se indicaba que el hecho generador del impuesto consistía en la “propiedad del vehículo motorizado destinado al transporte terrestre ocurrido al 1 de enero de cada ejercicio fiscal”.
También se mencionaba que la base imponible de este impuesto se establecería con la información sobre los precios de venta al público. Y se proponía la aplicación de tasas según cuatro grupos (motocicletas y similares; automóviles, camionetas y SUV; camiones; y buses de transporte público y taxis) y en diferentes escalas, de acuerdo al tipo, desde el 0,30 % al 10 %.
Un día después, el viernes 8, se retiró ese proyecto. Unos pocos minutos después envió la nueva versión de la ley.
En esta ya se precisa que se establecerá un “impuesto a la transferencia de los vehículos motorizados usados, destinados al transporte terrestre, con la finalidad de formalizar la actividad de compra y venta de vehículos, y eliminar el impuesto establecido en la Ley Sustitutiva a la Ley de Creación del Fondo de Vialidad para la Provincia de Loja (Fondvial)”.
Según el texto, el hecho generador de este impuesto consiste en la transferencia de propiedad del vehículo motorizado usado a título de compraventa. Las partes deberán practicar el reconocimiento de firmas del contrato de compraventa ante un notario o juez para que el título translaticio de dominio surta efectos.
La base imponible está constituida por el precio de venta del vehículo usado. Este valor no podrá ser inferior al avalúo del bien que se halle registrado en la base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), se reseña en la iniciativa.
Sobre la base imponible se aplicarán las tarifas establecidas en una tabla progresiva que se expida en el reglamento a esta normativa, sin que aquellas superen el 5 %.
El pago de este impuesto será requisito previo para la obtención de la matrícula vehicular por parte de la entidad competente de tránsito.
Se aclara que la transferencia de vehículos nuevos no pagará el impuesto.
En un conversatorio, David Molina, director ejecutivo de la Cinae, señaló este miércoles que el impuesto ya existe. “Yo no entiendo cómo subiendo ese impuesto se va controlar el lavado de activos”, dijo.
Sugirió mantener el mismo impuesto, que señaló es del 1 %, que haya un registro de la existencia de un precio referencial que no varíe el precio del contrato, sino aquel que está en el SRI.
A su criterio, la necesidad de financiar la iniciativa gubernamental Jóvenes en Acción costará unos $ 95 millones, y calculó que el nuevo impuesto generaría entre $ 60 y $ 80 millones. Esa propuesta incluiría superar las crisis ambiental, económica y energética que vive el país.
Molina estimó que se vendían alrededor de dos automóviles y medio de segunda mano por cada vehículo nuevo, pero precisó que en un video donde se daba a conocer el proyecto la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) explicó que era 3 a 1, por lo que serían 300.000 transacciones de vehículos, con lo que afectarían a 300.000 personas.
Sostuvo que la razón para que las personas adquieran un vehículo de segunda mano es porque no pueden comprar uno nuevo.
Indicó que no es necesario gravar a 300.000 personas con ese impuesto, sí hacer los controles, porque más recaudación va a lograr su propuesta de hacer una reclasificación técnica de los vehículos híbridos. Eso sería para los denominados microhíbridos, que no usarían únicamente su motor eléctrico, lo que significaría que operan siempre con combustibles fósiles.
La propuesta de ese gremio no implicaría un aumento de impuestos o aranceles, según esa industria, sino que serían clasificados como vehículos a combustión interna, lo que permitiría al Estado obtener una recaudación superior a los $ 100 millones.
Por ser urgente en materia económica, la Asamblea Nacional tiene 30 días para tramitar el proyecto de norma; de no hacerlo, entrará en vigencia por ministerio de la ley. (I)