Esta mañana, indígenas Kichwa de la Amazonía y organizaciones de derechos humanos se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura, en Quito, para reclamar agilidad en la justicia, reparación por los daños ambientales y garantías futuras a las comunidades que se encuentran en el sector de los ríos Coca y Napo y que han sido afectadas por la erosión regresiva del Río Napo.

Esto, luego de la rotura de oleoductos y derrame de crudo ocurrido en abril del 2020 y posteriores eventos derivados del problema de la erosión regresiva.

Las comunidades advirtieron que ninguna entidad central o seccional garantiza la seguridad de las comunidades. El reciente embalsamamiento temporal del río Coca del 25 de febrero puso a los oleoductos, una vez más, en alto riesgo de rotura y derrame y por tanto, en peligro de que ocurran consecuencias devastadoras, sostienen. “Si por sí solo el desfogue violento de un embalse causaría graves daños río abajo, mucho más si rompieran los ductos llenos como el del 7 abril”, explicaron.

Sobre el tema, en estos días el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), perteneciente a Petroecuador, debió suspender por 48 horas el bombeo, para realizar ajustes a una nueva variante del trazado que se ha debido realizar, frente a la amenaza de la erosión regresiva. Hace pocas horas, Petroecuador dijo que las operaciones volvieron a la normalidad.

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Para las comunidades, los constantes cambios de trazado de los tubos son medidas temporales porque la erosión regresiva es imparable. “La zona es una bomba de tiempo, como han dicho los expertos, dicen.   Las autoridades de control oficial, el Ministerio de Energía y el de Ambiente, omiten considerar la seguridad a largo plazo de las comunidades río abajo que permanecen en constante peligro”, dijeron.

Adicionalmente, las comunidades aseguran que aún sufren los efectos del derrame de crudo y combustibles de 15.800 barriles  de abril pasado.

Marlene Yanez, dirigente de la comuna Domingo Playa sostuvo que “En las comunidades afectadas los niños y adultos mayores tienen problemas en su piel y estómago. Hasta ahora, el río sigue oscuro”. Entre tanto, Gabriela Gabina, comunera de Amaru Meza explicó que: “Todas las comunidades toman agua sucia, se bañan en agua contaminada y nadie hace nada”.

Los protestantes denunciaron que por más de diez meses no se ha impartido justicia en este caso. Ellos piden una reparación integral y garantías futuras por parte del Estado, las operadoras de justicia y las agencias de control.

Insisten en que la Corte Constitucional exija acciones efectivas a la Judicatura de Orellana y a la Sala a cargo de la apelación. Asimismo, pidieron que se “declare negligencia judicial en el trámite de su causa, violación al debido proceso y falta de tutela judicial efectiva”.

Entre tanto, la empresa Oleoductos de Crudos Pesados, explicó que desde el inicio del evento de fuerza mayor (rotura de ducto y derrame de crudo), conjuntamente con EP Petroecuador, se han cumplido con todas las actividades de limpieza y remediación a fin de alcanzar una reparación integral de los efectos de este evento, en cumplimiento de la legislación, proceso que ha sido permanentemente coordinado y supervisado por el Ministerio de Agua y Ambiente (MAAE).

La empresa OCP informó que se ha atendido a las poblaciones afectadas por el derrame de abril de2020 Foto: OCP

En total, se ha entregado a las comunidades más de 1.7 millones de litros de agua, 25 mil kits alimenticios enfocados en cubrir las necesidades básicas de una familia, 5 mil personas atendidas por brigadas médicas en 108 comunidades. “El esfuerzo conjunto con EP Petroecuador nos ha permitido cumplir con la remediación ambiental y con la compensación social” aseguró Francisco Montalvo, gerente de Asuntos Corporativos de OCP Ecuador.

Por el momento, OCP Ecuador y EP Petroecuador están por finalizar la entrega de 6500 tanques de agua, con capacidad de 500 litros cada uno, que serán entregados a cada familia para recolección de agua lluvia.

Demora en proceso judicial

El 29 de abril de 2020, las comunidades afectadas interpusieron una acción de protección con medidas cautelares ante la judicatura de Orellana. Tras un dilatado proceso, el juez Jaime Oña negó la acción. El juez notificó la sentencia recién 41 días después y por ello, la apelación pudo ser presentada recién el 15 de octubre de 2020. Los jueces de apelación aún no emiten sentencia en el caso.