La Comisión de Educación de la Asamblea aprobó hace pocos minutos “por unanimidad de los presentes” (ocho votos) una moción en la cual se rechaza una supuesta baja del presupuesto para educación, que constaría en la proforma 2022. La moción se aprueba en medio del proceso de tratamiento de la proforma que será discutida este jueves en el pleno de la Asamblea.

En el texto aprobado se rechazan “los valores constantes en la Proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2022, para los sectores de la educación, educación superior, educación intercultural bilingüe, cultura, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales”. Además se solicita al pleno observar este tema.

También se resuelve solicitar al presidente de la República, Guillermo Lasso, respetar el presupuesto que por mandato constitucional corresponde al área de la educación básica y bachillerato y aseguran que el 0,5 % del PIB debería ascender a $ 5.172,65 millones. Este cálculo lo hacen tomando el Presupuesto General del Estado 2020 codificado al 31 de diciembre de mismo año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Este criterio se contradice con los números que ha manejado el Gobierno de manera oficial. La Asamblea solo puede aprobar u observar la proforma e incluso podría cambiar ciertas asignaciones, pero sin alterar el total de la misma.

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El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido que para el ejercicio fiscal 2022 se ha estimado el PIB en $ 109.618,57 millones. El 0,5 % de esto es $ 548 millones. De de allí que el presupuesto destinado para educación inicial, básica y bachillerato asciende a $ 554,73 millones, “rubro que refleja el incremento conforme la normativa legal vigente”, dice el Ministerio.

Sin embargo, el presidente de la Comisión, Manuel Medina, explicó que el presupuesto para educación debe ir incrementándose en 0,5 % del PIB todos los años hasta llegar a un 6 % del PIB. Según Medina, no existe incremento del presupuesto, como dice el Gobierno, sino una fuerte reducción. Según sus números, el presupuesto en la proforma del 2020 era de $ 5.565 millones, mientras que para la proforma 2022 se ha establecido un presupuesto de $ 4.861 millones. Entonces, su cálculo es que se ha reducido 12,7 %.

Votaron a favor de la moción los legisladores Amparo Rocío Guanoliza, Ana María Raffo, Mariuxi Sánchez, Isabel María Enríquez, Edwin Frías Borja, Fernando Esparza, Darwin Pereira y el propio ponente Manuel Medina.

Este pronunciamiento de la Comisión, que se hará conocer en medio del debate de la proforma este jueves, se suma a una de las seis observaciones que hizo la Comisión de Régimen Económico, que analizó el presupuesto. La Comisión de Régimen había establecido entre sus observaciones una petición al Ejecutivo de “revisar las asignaciones de los sectores de salud y educación, a efectos de garantizar los respectivos incrementos anuales establecidos en la Constitución de la República, y principalmente para cubrir el permanente incremento de la demanda de sus servicios por parte de los ciudadanos”.

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Sobre el tema, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), explicó cuáles son los problemas por los cuales nunca se ha cumplido el incremento constitucional del 0,5 % del PIB para salud y para educación. Recordó que en 2008 la Constitución estableció que se debía dar este incremento. En ese año, el presupuesto para educación y salud representaba el 3,1 % y 1,4 %, respectivamente. Entonces, dice, lo lógico hubiese sido que hasta 2014 en educación y hasta 2013 en salud se cumpliera el haber llegado a 6 % y 4 %, respectivamente. Recordó que esos años fueron los de mayores ingresos para el fisco.

El problema es que desde un principio no se hizo el cálculo correcto. Siempre se sumó un 0,5 % del PIB, cuando lo correcto era hacer que la cifra total llegue a un 0,5 % más del PIB. Es decir, por ejemplo, si en 2020 el presupuesto de educación llegó a 4,5 % del PIB, en 2021 debió llegar a 5 % del PIB y en 2020 debe llegar al 5,5 % del PIB. Esta última cifra es $ 6.029 millones.

Sin embargo, este escenario ideal se topa contra las posibilidades reales del fisco. Si se diera este rubro total a educación, la Asamblea también debería sugerir a qué sectores se les debe reducir para compensar esa subida en educación.

Mañana, el pleno de la Asamblea deberá conocer esta y otras cinco observaciones que elaboró en su informe la Comisión de Régimen Económico, así como cuatro requerimientos. (I)