Universidades, varios ministerios, la Superintendencia de Compañías, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría registran importantes reducciones de presupuesto de acuerdo con la proforma 2022 enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, esto al comparar con el presupuesto codificado a agosto de 2021.

De manera general, la proforma asciende a $ 33.809,7 millones, una cifra superior a los $ 31.146 millones del presupuesto codificado a agosto del 2021. En ella, hay varios rubros que se ajustan y otros que crecen. El Ministerio de Economía y Finanzas ha informado que la proforma 2021 aún no ha sido aprobada por la Asamblea, razón por la cual se hacen comparaciones con el presupuesto codificado a agosto de 2021, que es el dato más cercano a la realidad presupuestaria que existe de momento.

En todo caso, al hacer estas comparaciones se puede mirar que uno de los ministerios que reciben el mayor ajuste o recorte es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (-$ 208,6 millones, un 43,4 % de baja). También se cuenta el Ministerio de Producción y Comercio Exterior (-$ 167 millones, es decir, un 80,3 % de reducción); el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda recibirá $ 85,1 millones menos, es decir, el 53,4 %.

Las universidades, que pasan de $ 1.247,2 millones a $ 1.164,6 millones, registran una reducción de $ 77,6 millones, es decir, un 6,2 %. La mayor reducción se establece en el tema de inversión. Así, este rubro en particular se reduce de $ 164 millones a $ 27 millones: $ 137 millones menos, un 83,5 %.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) baja sus recursos en $ 80,3 millones, es decir, un 7,06 % del total. A la Procuraduría se le recortarán $ 21,9 millones, que representan el 59,4 % del total. La Superintendencia de Compañías tiene una baja de $ 8,4 millones, que son el 29,38 % de sus recursos. El Registro Civil sufre también una baja de $ 12,4 millones, es decir, un 20,3 %.

En contrapartida, hay algunos ministerios y entidades que recibirán mayores recursos. Por ejemplo, los ministerios de Educación y Salud recibirán $ 529,2 millones y $ 250,5 millones adicionales, respectivamente. Estas cifras representan 18,37 % y 8,69 % más de recursos en cada caso. También se incrementa en $ 12 millones el presupuesto para la Secretaría de Derechos Humanos, esto es, un 135 % más.

En cuanto al tema de seguridad, el Ministerio de Defensa y la Policía reciben mayores fondos. En el primer caso, $ 33 millones más, un 2,32 %; y para la Policía, $ 90,5 millones más (7,01 % de incremento). El Ministerio del Trabajo tendrá $ 35,3 millones más, es decir, un 112,6 % de incremento; y el de Turismo, $ 5,8 millones adicionales, que equivalen a un 63,4 % de incremento; el INEC, $ 20 millones más, es decir, 94,44 %.

Finalmente, este año se asignan $ 385,6 millones más para pagar la deuda, es decir, un 5,9 % adicional.

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Los ajustes de la proforma no han tardado en generar reacciones. Ayer, Marco Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), denunció en un comunicado que la reducción del presupuesto a universidades pone en duda la calidad, el acceso y la investigación, así como los planes progresivos de retorno a la modalidad presencial. La FEUE pidió que se observe este tema en la Asamblea.

Entre tanto, la asambleísta Wilma Andrade (ID) dijo que, en una primera revisión de la proforma, preocupa que haya una reducción del 6,34 % en obra pública, en relación al presupuesto codificado al 31 de agosto del 2021. Asegura que apenas $ 450 millones para obra pública es insuficiente. Consideró que el Gobierno debe realizar inversión pública para dinamizar la economía y debería presentar al país obras emblemáticas.

Entre tanto, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (PK), no convocaba hasta ayer por la tarde a la sesión para conocer la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual 2022-2025. Esto, porque desde el CAL se les remitió la proforma enviada por el Ejecutivo, pero no se les ha hecho llegar el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

El primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (BAN), indicó que debió haber ocurrido algún problema administrativo, pero explicó que la UTL sí entregó el informe al CAL y que este era favorable para la proforma 2022.

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La proforma debe ser tratada en 30 días y en un solo debate. La Asamblea Nacional puede aprobar u observar la proforma “solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma”. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva.

Entre tanto, la asambleísta Pazmiño también ha mostrado su desacuerdo con que la ley tributaria no fuera remitida a su comisión, pese a que la UTL en su informe indica que esta debería ir a Régimen Económico. El CAL más bien la remitió a la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por Daniel Noboa Azín. (I)