Movimientos políticos impugnados piden detalles de cómo Contraloría evaluó sus firmas para su defensa

Como parte de la evaluación de las pruebas para definir la extinción de cuatro organizaciones políticas, ahora la Contraloría del Estado deberá sustentar al Consejo Nacional Electoral (CNE) cómo realizó la auditoría que determinó que en la inscripción de dichas agrupaciones hubo irregularidades en las firmas y por tanto deben ser extinguidas.

Ayer, el pleno del Consejo aprobó con los votos de José Cabrera, Diana Atamaint, Esthela Acero y las abstenciones de Luis Verdesoto y Enrique Pita abrir un periodo de 30 días para realizar una ‘práctica de los elementos probatorios”, que Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social (FCS), Libertad es Pueblo y Justicia Social presentaron para sustentar su defensa y evitar su desaparición.

Mientras tanto, se mantendrán suspendidas en sus actividades políticas, en medio de la etapa de democracia interna en la que deben escoger sus candidatos para las elecciones generales del 2021, que va del 9 al 23 de agosto.

Por pedido de FCS, la Contraloría deberá remitir al CNE, por ejemplo, la certificación en la que consten los reportes grafológicos de quienes verificaron sus firmas. Sus nombres, qué acciones se les asignó, los títulos profesionales de los grafólogos y los informes que emitieron con los que se les invalidó más de 16 000 rúbricas.

Libertad es Pueblo y Justicia Social también piden se incluya a su expediente de defensa los documentos para su inscripción, y las auditorías de la Contraloría, a la vez que Juntos Podemos denuncia que hay una “intencionalidad” del órgano de control de “causarles daño” y que hay errores en la auditoría.

En los militantes de FCS, tienda afín al expresidente Rafael Correa, hay preocupación. Virgilio Hernández, dirigente de FCS , en una entrevista en radio Majestad, adelantó ayer que si en estos días no tienen una respuesta, actuarán para la inscripción de sus candidatos, a través de la coalición Unidos por la Esperanza (UNES) que la encabeza Centro Democrático.

Ahí “ver como activamos que los candidatos que presente Centro Democrático pueda recoger a los de la Revolución Ciudadana”, expresó, aunque ello “sería admitir que vamos a participar en un proceso electoral que no ofrece garantías”.

No obstante, el panorama podría variar, dependiendo de la resolución que emita el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a una apelación que hizo el CNE al fallo del juez Fernando Muñoz, que dejó sin efecto la decisión de iniciar la revisión de inscripción de las agrupaciones resuelta el 19 de julio.

El vicepresidente, Enrique Pita, planteó a los consejeros que esperen el pronunciamiento del Tribunal, pero Atamaint aseguró que es "procedente abrir el periodo de prueba y procesar las pruebas" para contar con la información necesaria para decidir. Y como no hay efecto suspensivo de sus acciones, “debemos continuar”.

En otro plano, por unanimidad los consejeros aprobaron los reglamentos para la inscripción de candidaturas y de pronósticos electorales.

El primero abre la posibilidad de que debido a la pandemia del COVID-19 puedan inscribirse candidatos para las diferentes dignidades a través de medios virtuales que habilitará el CNE o lo hagan de forma presencial solicitando previa cita.

También acordaron realizar un tercer consejo consultivo con organizaciones políticas el próximo 17 de agosto. (I)