Apelar la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender a cuatro organizaciones políticas para que en un plazo de diez presenten sus pruebas de descargo es la alternativa de dos de aquellas, frente a la recomendación de la Contraloría General del Estado de que sean eliminadas por no haber alcanzado el 1,5 % de firmas para obtener su personería jurídica.

El Consejo resolvió en su plenaria del 19 de julio "iniciar el procedimiento administrativo de revisión de las actuaciones administrativas" con las que se inscribió a Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social.

Entre los argumentos se reconoce que la recomendación de la Contraloría "constituye una petición razonada" y es de obligatorio cumplimiento, y "en virtud de que existen elementos de juicio" se procede con esta revisión.

Les dieron un plazo de diez días para que presenten "pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones", a base del artículo 194 del Código Administrativo, luego de lo cual "se inicia el periodo de prueba"; y, para garantizar su defensa, "aplican la medida cautelar de suspensión de la actividad".

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La presidenta del movimiento afín al exmandatario Rafael Correa, Fuerza Compromiso Social (FCS), Vanessa Freire, rechazó la resolución del Consejo porque "el 2 de enero de 2020 ya ratificó a FCS. Vamos a apelar ante todas las instancias pertinentes y evitar que se asalte la democracia del país", precisó.

Para la dirigente es "evidente que existe una persecución política" para impedir la participación política de Correa en los comicios generales del 2021.

Manuel Castilla, director nacional de Justicia Social, explicó que cuando les aprobaron quedaron "en cola un montón de firmas", por lo que ahora pide que esas rúbricas sean tomadas en cuenta ahora y así evitar su eliminación.

Ese pedido lo enviaron al CNE el 16 de julio, y se recuerda que 193 517 firmas que presentaron necesitaban 174 199. Por lo que tienen 19 318 rúbricas a su favor.

La Contraloría señaló que 6183 firmas tienen inconsistencias de las que aún quedan 187 334 registros válidos, con un "excedente de 13 135 por encima del mínimo exigido", indicó Castilla.

​Mientras que el precandidato presidencial por Libertad es Pueblo, Fernando Balda, dijo que presentarán sus pruebas de descargo, que serán las mismas resoluciones del CNE con las que los calificaron, pero no comprende cómo se evaluará lo que ellos mismos aprobaron. Analizan apelar o presentar una acción de protección, pero cree que esto es una "trampa" para dejarlos fuera.

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Este Diario buscó a Paúl Carrrasco, líder de Juntos Podemos, pero no hubo respuesta.

Los diez días para presentar las pruebas de descargo fenecerían el 29 de julio, doce días antes de que las organizaciones políticas inicien sus procesos de democracia interna para elegir candidatos a las elecciones.

Pero el Consejo no ha cerrado el Registro Permanente de Organizaciones Políticas que podrán participar en estas votaciones, pese a que la fecha establecida en el calendario electoral era el 19 de junio.

El escenario es incierto, pues incluso los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, quienes aprobaron esta resolución el domingo, enfrentan también una predeterminación de destitución de la Contraloría por no haber acatado la recomendación de "revisar" la situación jurídica de estas agrupaciones, señalada en un primer informe de agosto del 2019.

Sin embargo, los tres consejeros aseguran que sí se cumplió con la recomendación, por lo que el 2 de enero del 2020 ratificaron su personería jurídica.

Para el exvocal del CNE y analista Fausto Camacho el CNE se "humilló" ante la Contraloría por evitar ser destituidos.

"No puede ser el contralor (Pablo Celi) quien ejerza la tutela del sistema político del país. No es legítimo, por cuanto interfiere en el funcionamiento de la Función Electoral. Es invasivo en las competencias del CNE, penoso que los tres miembros agachen la cabeza", opinó Camacho, quien subrayó que las competencias en materia de organizaciones políticas la tiene el CNE porque existe "norma expresa" como es el Código de la Democracia. (I)

PK en aparente división por candidatura de Leonidas Iza

La coordinación provincial de Cotopaxi del movimiento político Pachakutik (PK) anuncia que presentará el 24 de julio la precandidatura de Leonidas Iza a la Presidencia de la República, para las elecciones presidenciales de febrero del 2021.

Peter Calo, coordinador provincial, firmó un comunicado en el que señala que "sin desesperación alguna" están recibiendo respaldo de comités cantonales para promover a Iza.

Esto se da luego de que el 15 de julio, en un encuentro del consejo político de PK, se había registrado un apoyo mayoritario a la candidatura de Yaku Pérez Guartambel, prefecto de Azuay.

De su parte, el partido Unidad Popular se reunió el sábado pasado, y resolvió proponer que se conforme un "amplio frente", cuya candidatura presidencial "debe surgir del seno del movimiento indígena y de la propuesta de Pachakutik".

Como parte de sus resoluciones, se decidió en ese consejo nacional, las precandidaturas de Geovanni Atarihuana y Mery Zamora para encabezar la lista nacional de Unidad Popular. (I)