Mientras el expresidente Rafael Correa denuncia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría extinguir el movimiento Fuerza Compromiso Social, al que se adhirió él y sus afines para participar en los comicios generales del 2021, otra organización mantiene viva sus aspiraciones presidenciales: Centro Democrático.

El pleno del CNE aún no resuelve la situación jurídica de cuatro organizaciones políticas, entre ellas, Fuerza Compromiso Social, frente a una recomendación de la Contraloría General del Estado de extinguirlas por incumplir con el 1,5 % de firmas del padrón electoral para mantenerse activas.

Sin embargo, Correa se adelantó ayer al hecho y en su cuenta de Twitter señaló: "Nos roban nuevamente la democracia. CNE cedió a presiones de (Pablo) Celi, (María Paula) Romo y el Gobierno eliminará ilegal y extemporáneamente Compromiso Social. Nunca olviden los nombres: (Diana) Atamaint, (Esthela) Acero, (José) Cabrera), (Enrique) Pita, (Luis) Verdesoto".

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No obstante, podrán aglutinarse en las filas de Centro Democrático, con el cual crearon el 8 de julio pasado la coalición Unión por la Esperanza (UNES) que agrupa a otros seis grupos sociales, con miras a las elecciones de binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos del 7 de febrero de 2021.

El director nacional de Centro Democrático, Enrique Menoscal, afirmó que si eliminan a Fuerza Compromiso Social "sí podrían plenamente" acogerlos, porque la alianza que formaron con UNES es para escoger en conjunto a los candidatos. Es más, se "ahorrarían" en realizar la asamblea en la que deben aprobar la alianza.

"Quienes fundamos esta iniciativa aceptamos que los candidatos saldrían de las ocho agrupaciones o de personas independientes que tengan la valía y cualidad para enfrentar el proceso electoral, aun cuando no sea de nuestras filas. Esto siempre estuvo en la mesa. No es que si los eliminan o si es que no participan. Esto es mucho más amplio", precisó.

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En tanto, Fuerza Compromiso Social impulsa acciones para no salir del tablero electoral. Ayer se realizó en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la audiencia oral para la presentación de pruebas de descargo convocada por el juez Fernando Muñoz, en la denuncia por infracción electoral que planteó la agrupación en contra del contralor Pablo Celi, tras el informe que determina su extinción.

Celi no acudió a la diligencia, pero sí el personal del área jurídica. La presidenta del movimiento, Vanessa Freire, dijo que demostraron "la arrogación de funciones e injerencia en la Función Electoral" de Celi, por lo que piden su destitución.

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En cambio, la Contraloría había demostrado el sustento legal que legitima sus actuaciones, así como sus competencias para emitir informes en el ámbito administrativo, por lo que consideraron que Compromiso Social "no pudo sustentar la prueba de su denuncia".

En el país, la Contraloría enfrentó unas diez acciones de medidas cautelares y acciones de protección para evitar que se ejecute su recomendación, pero todas habían sido desestimadas.

La situación jurídica de los movimientos Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social depende de la decisión de los consejeros electorales Atamaint, Cabrera y Acero, porque Verdesoto y Pita anunciaron que cumplirán la recomendación de la Contraloría.

Los tres primeros consejeros enfrentan una predeterminación de destitución del cargo, establecida por la Contraloría por no haber resuelto la situación de los cuatro grupos políticos, tras una auditoría de agosto del 2019.

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Ahora, los vocales están a la espera de un informe jurídico interno del Consejo, que les advierta si acoger o no la última recomendación del ente de control, que determina expresamente eliminar a las mencionadas agrupaciones. (I)