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Para el lunes se prevé una concentración convocada por sectores sindicales y del Magisterio
La voz de Édison no se ha silenciado, dijo en el acto Manuel Cosíos, padre del joven fallecido.
Ya son cinco los exalumnos del Colegio Mejía, de Quito, que han llegado a la Fiscalía para hablar de la presunta tortura que recibieron el 18 de septiembre de 2014.
Según el abogado de los denunciantes este es un delito de Estado porque lo habrían cometido conjuntamente representantes del Ejecutivo y de la Función Judicial.
La denuncia señala al exministro del Interior, José Serrano, y al expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, por el delito de tortura.
Ángelo Ayol, de 17 años, salió de clases pasadas las 18:00 cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional que realizaban un operativo de control de las manifestaciones, pero antes de aprehenderlo lo sometieron a torturas.
El ministerio de Educación condenó los hechos de violencia registrados en los últimos días en las inmediaciones del Instituto Nacional Mejía.
Los estudiantes quemaron llantas y lanzaron piedras y palos, mientras las Policía trataba de repeler la medida de hecho.
Según informó el Ministerio de Educación, se continuará con el proceso administrativo disciplinario a fin de indagar los hechos acontecidos y determinar la responsabilidad del docente sobre los mismos.
La pelea legal de los estudiantes se complica, debido a que de las siete acciones de protección que plantearon sus abogados, tres ya fueron negadas por los jueces.
En las siguientes 72 horas, el juez de la Niñez y la Adolescencia, Raúl Reina, se pronunciará sobre la acción de protección que planteó la defensa de los estudiantes del colegio Mejía, sancionados por el Ministerio de Educación por participar en las manifestaciones del 18 de septiembre anterior.
La defensa y los padres de 26 estudiantes del colegio Mejía impugnaron, a través de un recurso de apelación, la sanción disciplinaria que los separó definitivamente de esa institución educativa.
Una acción de protección y una apelación a la sanción administrativa presenta hoy la defensa de los 26 estudiantes del colegio Mejía sancionados por la Junta Distrital de Solución de Conflictos del Ministerio de Educación con cambios de establecimientos educativos y con realizar estudios a distancia.
La Junta Distrital de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación notificó ayer a 26 alumnos del colegio Mejía y otros 13 del Montúfar sobre la sanción de reubicación a otros centros educativos que se les impuso por el supuesto cometimiento de faltas graves.
Hasta el lunes se esperará decisión del rector para que más jóvenes retomen sus clases.
Los dirigentes de la protesta indicaron que la decisión se tomó debido al grave estado de salud que presentan las madres y padres de los estudiantes.
Esta semana, la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito anunciará los procesos disciplinarios que se aplicarán en contra de los estudiantes del colegio Mejía, cuyos padres permanecen en huelga de hambre en los exteriores de este establecimiento.
Ayer se cumplió el quinto día sin comer de los padres de familia del colegio Mejía que reclaman el reintegro de todos los 68 alumnos.
Estados Unidos se había mostrado preocupado por el trato que recibieron los manifestantes que se pronunciaron en contra de proyectos de ley y políticas del régimen durante las protestas convocadas el 17 y 18 de septiembre pasado.
Tras las detenciones de estudiantes en las manifestaciones del 18 de septiembre pasado, 26 confían en retornar mañana a las aulas. La espera sigue para otros 42 involucrados.