Una acción de protección y una apelación a la sanción administrativa presenta hoy la defensa de los 26 estudiantes del colegio Mejía sancionados por la Junta Distrital de Solución de Conflictos del Ministerio de Educación con cambios de establecimientos educativos y con realizar estudios a distancia.

Ambos recursos tienen como propósito que se permita a los jóvenes regresar a clases tomando en cuenta que la mayoría cursaba el último año de bachillerato.

Según José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y representante legal de los jóvenes, las acciones alegarán la violación del debido proceso y que la mayoría de los procesados fueron encarcelados y sancionados administrativamente por la misma causa.

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“En contra de mis clientes”, dijo Alomía, “no se probó ninguna falta disciplinaria. Además, lo penal no puede probar lo administrativo”. Esto porque el Ministerio de Educación tomó en cuenta la sanción penal para aplicar la administrativa.

La acción de protección, indicó, será planteada ante los jueces competentes, alegando que la sanción administrativa se aplicó sin estar ejecutoriada.