En la provincia del Guayas, la elección del prefecto evidencia una constante en los últimos procesos electorales: el peso del voto urbano, particularmente de Guayaquil, termina siendo determinante para definir al ganador.
De acuerdo con expertos, esta dinámica muestra que, aunque el voto urbano —concentrado en Guayaquil— es el que decide la elección, las competencias del cargo se ejecutan principalmente en territorios rurales. Esto genera una brecha entre quién define en las urnas y dónde se desarrolla la gestión, lo que influye tanto en la construcción de las campañas como en los desafíos que enfrenta la administración provincial.
En 2023, Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana, obtuvo 733.912 votos, equivalentes al 34,27 % de un total de 2′681.448 sufragantes. De ese total, 505.306 votos provinieron de Guayaquil, lo que representa cerca de siete de cada diez votos obtenidos por la entonces candidata.
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Un patrón similar se registró en 2019, cuando Carlos Luis Morales, del Partido Social Cristiano, alcanzó 941.006 votos (47,87 %). De ellos, 617.588 se concentraron en el mismo cantón.
Un mapa electoral con concentración urbana
La provincia del Guayas cuenta con 3′238.444 electores, según el padrón de 2025. Sin embargo, la distribución del voto muestra una marcada diferencia entre Guayaquil y el resto de cantones.
Mientras Guayaquil supera el medio millón de votos en elecciones de prefectos, otros territorios tienen una incidencia mucho menor. Cantones como Durán registran entre 39.000 y 52.000 votos, mientras que Milagro y Daule se ubican entre los 20.000 y 40.000.
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En contraste, cantones rurales como Colimes, Palestina o Isidro Ayora registran votaciones que no superan los 3.000 o 6.000 votos.
Esta diferencia configura un escenario en el que el voto urbano concentra la capacidad de decisión electoral, aunque la provincia tiene una amplia extensión rural.
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Competencias del prefecto enfocadas en lo rural
Las funciones del prefecto, definidas en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), están orientadas principalmente al desarrollo territorial fuera de las ciudades.
Entre sus atribuciones están la planificación del desarrollo provincial, la construcción y mantenimiento de la red vial rural, la gestión de sistemas de riego, el impulso a la producción agropecuaria, la gestión ambiental y la promoción de actividades productivas.
Esto implica que la gestión del prefecto se ejecuta, en su mayor parte, en zonas rurales, donde se concentran estas competencias.
La académica Andrea Endara, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, señala que esta relación entre voto urbano y gestión rural ha sido un tema recurrente en el análisis político de la provincia.
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“El voto urbano es decisivo en el caso de Guayas porque Guayaquil concentra gran parte de la población. Esa ha sido una de las interrogantes constantes cuando se analiza la Prefectura, porque la mayoría de sus competencias están enfocadas en temas rurales. Entonces, al momento de elegir, el votante debería enfocarse en esas funciones específicas del cargo.”
Añade que esto implica una lectura más detallada de las competencias:
“Hay que pensar, por ejemplo, en temas de carreteras, pero también en determinar cuáles son las vías que están bajo competencia de la Prefectura y cómo se pueden resolver problemas estructurales del territorio. Entre ellos, las condiciones que hacen que la población de zonas rurales se desplace hacia lo urbano, lo que termina generando presiones adicionales en las ciudades”.
Para Stephanie Macías, analista política e internacionalista y directora de Buró Estratégico, esta dinámica responde a un problema más profundo en la estructura del poder territorial.
“En Guayas no estamos frente a una simple contradicción, sino frente a una distorsión estructural del poder territorial. El peso electoral de Guayaquil convierte al votante urbano en el actor decisivo de una elección cuyo cargo, la Prefectura, tiene competencias concentradas en lo rural. Esto genera una desconexión entre la legitimidad electoral y el mandato funcional del cargo”.
Macías explica que este fenómeno tiene efectos concretos en la política provincial.
“Lo que ocurre es que el candidato construye su victoria en función de un electorado que no es el principal beneficiario directo de su gestión. Esto empuja a que el discurso se ‘urbanice’, es decir, que se incorporen temas que no corresponden al ámbito provincial, pero que son necesarios para captar votos en el principal centro electoral.”
Además, señala que esta dinámica limita la incidencia del territorio rural. “Se debilita la capacidad del territorio rural de incidir políticamente en la elección, a pesar de que es el eje real de la gestión. Es decir, el territorio que más depende de la Prefectura no es el que define quién la lidera, y eso genera una tensión permanente en la gestión pública”, señala.
El prefecto tendrá nuevas reglas de gasto 70-30
A este escenario electoral con el que un prefecto llega al cargo en Guayas, se suma la implementación de la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aprobada en 2026, que establece que al menos el 70 % del presupuesto debe destinarse a inversión y obras públicas, y un máximo del 30 % a gasto corriente.
La medida se aplicará progresivamente hasta 2028 y busca priorizar la ejecución de obras frente al gasto administrativo. Endara advierte que esto podría tener efectos en ciertos programas.
“La nueva ley va a afectar sobre todo en los temas sociales. Por ejemplo, las brigadas médicas, programas comunitarios o iniciativas como escuelas deportivas implican contratación de personal de forma permanente. Al trasladar estos porcentajes, ese tipo de servicios podría verse afectado, sobre todo en sectores rurales donde no existe acceso a este tipo de atención”, apunta.
Por su parte, Macías señala que la normativa introduce cambios en la lógica de gestión.
“La reforma obliga a un reordenamiento del poder dentro de la gestión pública provincial. Reduce la capacidad de gestionar desde lo político y obliga a gestionar desde la ejecución. Esto implica que el próximo prefecto tendrá menos margen para sostener estructuras administrativas y más presión para convertir los recursos en obra concreta”, dice.
La elección de prefecto sin figura dominante
En tanto, el escenario electoral cambió con la decisión de Marcela Aguiñaga de no postularse a la reelección y dejar el cargo anticipadamente. Entre los posibles precandidatos figuran los actuales ministros Zaida Rovira, Roberto Luque, el actual legislador Ricardo Patiño y el actual alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez.
Endara señala que este escenario modifica la dinámica de la campaña, ya que queda un tablero sin una figura claramente dominante y dice que, en ese contexto, el factor visibilidad cobra mayor relevancia, porque el candidato que logre posicionarse más rápidamente tendrá ventaja.
Además, considera que hay un segmento del electorado que podría no tener una referencia clara hacia dónde trasladar su voto, lo que introduce un elemento adicional de incertidumbre en la elección.
La analista también advierte sobre las limitaciones del tiempo de campaña electoral que tendrá este proceso. Las actividades proselitistas se podrán realizar del 12 al 26 de noviembre de 2026.
“Como el tiempo es corto, incluso los candidatos que puedan tener un plan de gobierno estructurado van a enfrentar dificultades para hacerlo conocer en toda la provincia. Esto hace que la campaña se concentre más en posicionamiento y mensajes concretos que en propuestas de largo plazo”, menciona.
Por su parte, Macías resume el escenario que enfrentará quien llegue a la Prefectura y dice que se enfrentará simultáneamente a un electorado urbano que define la elección, a la obligación legal de ejecutar en lo rural por la nueva asignación que rige en la ley y a un escenario político sin hegemonía clara.
“Esto redefine el tipo de liderazgo necesario. No gana solo quien tenga más estructura política. Gana quien pueda hacer algo más complejo: construir votos en la ciudad y transformarlos en capacidad real de ejecución en el territorio. Porque en esta elección, más que nunca, la diferencia entre ganar y gobernar no es teórica. Es operativa”, señala.
(I)
