La Junta Distrital de Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación notificó ayer a 26 alumnos del colegio Mejía y otros 13 del Montúfar sobre la sanción de reubicación a otros centros educativos que se les impuso por el supuesto cometimiento de faltas graves.

Así lo informó, en una rueda de prensa, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, quien explicó que, además, otros 42 alumnos regresarán al plantel en las próximas horas.

Los dos grupos de jóvenes fueron procesados penalmente por el delito de destrucción de bien ajeno perpetrado durante las movilizaciones del pasado 18 de septiembre. Unos fueron sentenciados como autores y cómplices; otros fueron declarados inocentes.

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Por su participación en esas manifestaciones, la institución abrió expedientes disciplinarios en su contra.

Según Espinosa, los estudiantes señalados como autores del delito en la resolución de la Corte de Justicia de Pichincha recibirán educación a distancia y además deben realizar labor social; mientras que quienes fueron considerados como cómplices irán a otros colegios cercanos a sus domicilios.

Según un boletín del Ministerio, este cumple el artículo 26 de la Constitución que garantiza a la educación como un derecho y un deber del Estado.

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Gonzalo Realpe, abogado de los jóvenes, anunció ayer que planteará una nueva acción de protección ya que afirma que la resolución viola los derechos humanos de los estudiantes. “Es una injusticia que se comete en contra de jóvenes hijos de hogares humildes”, dijo.

Declaración que fue respaldada por Gerardo Niquinga, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Mejía, quien planteó realizar una marcha y acudir al Ministerio para dialogar sobre esta situación.

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A la par, la jueza de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, Tania Molina, archivó el caso que inició en contra de 31 jóvenes que supuestamente participaron en las protestas de los sindicatos registradas el 17 de septiembre pasado en los alrededores del Centro Histórico de Quito y del colegio Montúfar.

La decisión fue adoptada el 21 de noviembre anterior, al acogerse el pedido del fiscal Esteban Ballesteros, para que se absuelva a los jóvenes y se levanten las medidas cautelares que estos enfrentaban.

2
meses duró trámite de procesos disciplinarios del colegio.

Absolución
Colegio Montúfar

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Estudiantes
Los jóvenes del Montúfar que participaron en las marchas del 17 de septiembre pasado fueron acusados del delito de ataque o resistencia. Según la resolución judicial, la etapa de juicio se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. Por tanto, “si no hay acusación fiscal, no hay juicio”.

Defensa
La defensa de los jóvenes no descarta plantear denuncias en las cortes internacionales contra el Estado debido a que, a su criterio, fueron procesados penalmente sin pruebas.