De pedir perdón al presidente Rafael Correa frente a las cámaras a una huelga de hambre al pie del Instituto Nacional Mejía, en el centro de Quito. Algunas de las madres de los estudiantes detenidos el 18 de septiembre pasado en medio de protestas contra el régimen han protagonizado ambos momentos en tiempos diferentes.

El pedido de remisión de la pena, que al pedirla sugería ser merecida fue, dijeron las afectadas, el primer impulso de unas madres ante el dolor de ver a sus hijos tras las rejas. Luego, pasados los días y ya con sus hijos libres, optaron por ocupar las veredas externas del colegio Mejía desde el miércoles hasta el viernes último. Piden el reingreso a las aulas de jóvenes como Edison, Brandon, Carlos, Darío, que no retoman sus estudios desde hace 59 días, tras las protestas.

Algunos padres, como los de Brandon, cuentan que sus hijos ya no quiere retomar sus estudios en la sección nocturna del Patrón Mejía, el primer colegio secundario laico que se inauguró en el país en 1897, hace 117 años, conocido así por sus triunfos deportivos y culturales.

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Darío, de 21 años y quien pidió la reserva de su apellido, dice que la noche del 18 ingresó al plantel para refugiarse de los gases lacrimógenos lanzados en las calles exteriores cuando decenas de policías ingresaron al colegio para detenerlos.

En los baños, en el coliseo, en los pasillos que dan a las aulas, los uniformados detuvieron a los estudiantes y los reunieron en el patio central, dice Carlos López, de 24 años, otro de los detenidos: “Los policías formaron dos filas indias en la entrada al coliseo y en el patio para darnos de toletazos (...), nos daban puntapiés donde nos caiga”.

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En los videos de las manifestaciones presentados en reportajes de los canales Ecuavisa y Teleamazonas se observa un ir y venir de motos y uniformados que se llevan a los estudiantes. Uno de ellos yace sobre la calle con el rostro ensangrentado.

Edison Saquipay, otro de los involucrados, de 22 años, afirma que lo subieron a una moto luego de que lo golpearon con un casco en medio de insultos: “Primero me llevaron al UPC (unidad de policía comunitaria) de la Basílica, luego al Regimiento Quito (Nº 2) donde nos tuvieron toda la madrugada sin comer”.

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Me dirigía a mi domicilio con mi cuñado cuando dos motorizados nos cerraron el paso. A mí me pegaban con el casco, con los toletes en mis riñones y caí al piso (...). A mis compañeros del curso ya les dieron el tema de la monografía. Ahora tengo miedo de no graduarme debido a este retraso. Tengo un hijo y debo terminar mis estudios”. Edison Saquipay Yunga, sentenciado como cómplice ‘Quiero empezar monografía’

Los relatos de Darío y de Edison sobre los insultos y golpes propinados por los policías constan en las declaraciones de los procesados ante la Fiscalía, al igual que otros testimonios.

“Había unos chicos que tenían sangre en sus cabezas (...). Les llevaron a que se laven, les dijeron: lávense la cara para que no se vea”, afirma Carlos, otro de los detenidos de 22 años, quien pidió la reserva de su apellido.

Del más de centenar de detenidos reunidos en el patio del cuartel conocido como Regimiento Quito Nº 2, los menores de edad quedaron en libertad al día siguiente y 60 mayores de edad fueron procesados, acusados de “daño a bien ajeno”.

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Al final, las autoridades judiciales dictaminaron el 2 de octubre pasado la libertad de 38 sentenciados como cómplices y, el 7 de noviembre último, salieron en libertad 15 condenados como autores. La Corte Provincial de Pichincha dio por cumplida la pena luego de que estuvieron 50 días en prisión.

En este último grupo estaban Carlos y Darío, quienes sostienen que no participaron en las protestas, aunque no descartan reclamar en el futuro. “La verdad no conocen quiénes son los que estudiamos en el Mejía”, dice Darío. Además, un estudiante fue condenado como autor, pero lo absolvieron de la pena de cárcel porque tenía cáncer y debía seguir un tratamiento.

En las resoluciones del juicio, como pruebas de los desmanes, constan informes de “inspección ocular” de la Policía en los que se enumeran los daños ocasionados a bienes públicos durante estas protestas: “Dieciocho losetas de hormigón impreso (aceras), 1 pantalla LED de semáforo peatonal, 1 faro posterior izquierdo (vehículo Kia), un vidrio posterior lateral izquierdo (vehículo Kia), una reparación mecánica”.

También consta en la Fiscalía la denuncia de los padres de un adolescente detenido alrededor de las 19:00 del 17 de septiembre pasado, día en que empezaron las protestas, cuando esperaba un bus tras salir de la sección vespertina del colegio Mejía.

Los padres cuentan en su declaración que su hijo fue llevado inconsciente a la UPC de la Basílica luego de que los policías lo golpearon y pasaron su motocicleta sobre su brazo y pierna.

Esta querella es patrocinada por Verónica Yuquilema, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, quien considera que el caso se circunscribe en el delito de tortura.

Dos días después de la finalización de las marchas, el presidente Rafael Correa felicitaba en su enlace sabatino el accionar policial: “La policía también nos dio muestra de un profesionalismo espectacular, yo algunas veces hasta les reprocho que aguantan demasiado, no se disparó una sola bomba lacrimógena, cómo aguantaron insultos, patadas, palazos, pedradas...”.

Y el 19 de septiembre pasado, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, daba cuenta en su Twitter de las acciones que emprendió tras las protestas: “Ahora sí indignado grité a los secuestradores de la educación! En el Mejía, una oficina con panfletos y consignas políticas del MPD”, en referencia a folletos encontrados en la sede de la Asociación de Profesores.

A los líos judiciales se juntó otro problema, la suspensión de clases para los estudiantes involucrados. Los padres están a la espera de las resoluciones de los procesos disciplinarios que las autoridades del plantel emprendieron a 68 alumnos antes del reintegro a las aulas.

Mediante una carta enviada al Ministerio de Educación, el 11 de noviembre, el rector del colegio Mejía, Jaime Torres; el vicerrector de la institución, Martín Angulo; y el inspector general, Óscar Caizaluisa, presentaban sus renuncias al cargo por “no estar de acuerdo con las políticas educativas que la Autoridad de Educación quiere imponer en este plantel”. Estas renuncias no han sido aceptadas.

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Sobre los procesos disciplinarios, Espinosa dijo el jueves pasado: “Por más que padres hagan huelga de hambre, por más que imploren, no hay cómo violentar la normativa y, además, es parte del proceso de enseñanza”. Y advirtió que las sanciones podrían llegar hasta la separación del plantel.

Los padres de 26 de los estudiantes esperan que sus hijos retomen sus estudios mañana luego de que las autoridades dispusieron una sanción de 30 días contando los 59 que ya han estado sin estudiar. Los otros 42, como Carlos y Darío, aún deben aguardar las resoluciones.

Llegué al Regimiento Quito a las 10:30 de la noche (del 18 de septiembre) y los policías nos cerraron las puertas, pero el cerramiento es de varillas y se ve desde afuera. Entonces silbé, nosotros tenemos un silbido especial, y mi hijo desde adentro me alzó la mano. Al día siguiente me contó que les daban puntapiés”.Fanny Guananga, madre de un menor retenido‘Les daban puntapiés con botas’