El país necesita reactivarse, pero no lo hará si las personas son impedidas de trabajar o si dejan de hacerlo por temor. Ayer la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) mostró fotos de varios detenidos que intentaban saquear un local en el suburbio, y el gobernador del Guayas informó que por los rumores de posibles saqueos algunos comerciantes cerraron sus locales de manera momentánea.
Los cierres de carreteras por las manifestaciones afectaban ayer a doce provincias, según reportes del ECU911. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que en el primer día del paro nacional convocado por el sector indígena se incendió un patrullero, ingresaron a la fuerza a florícolas, afectaron el derecho a la movilización de miles de ciudadanos y en el segundo día de protestas secuestraron a un fiscal que horas después fue liberado.
Muchos indígenas se movilizan desde sus comunidades para imponer un paro que pretenden sea nacional e indefinido, algunos empuñan lanzas. Desde el lunes han ingresado a empresas agroindustriales, especialmente en Cotopaxi, para exigir a sus trabajadores que se plieguen al paro, causando temor y pérdidas. PetrOriental dio a conocer que algunas de sus instalaciones petroleras han sido ocupadas a la fuerza por personas de la comunidad Yawepare que amedrentaron a los técnicos y han obligado a paralizar ocho pozos.
Publicidad
Ayer, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo un llamado a radicalizar la lucha a nivel nacional en defensa de su representante, Leonidas Iza, quien fue detenido, según el Ministerio del Interior, “en flagrancia obstruyendo la vía Panamericana E35″; se lo acusa de rebelión y paralización de servicio público, delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Las protestas sociales son un derecho en tanto sean pacíficas y voluntarias. El sector indígena no puede obligar al resto de los ciudadanos a dejar de movilizarse, trabajar, estudiar o producir; ello constituye un atentado a las libertades, a la democracia. El Estado no lo debe permitir. (O)
