Grace JaramilloEsta semana, el presidente Daniel Noboa visitó Washington por dos días, justamente cuando el presidente de Estados Unidos y su secretario de Estado estaban de visita oficial en China. Apenas una semana antes, la alfombra roja de la Casa Blanca se había desplegado para socios críticos como el brasileño Lula da Silva y, en febrero, para Gustavo Petro. No obstante, el presidente Noboa, aliado cercano, se ha paseado por Washington haciendo el trabajo que un buen embajador y su equipo diplomático tendrían que estar haciendo todo el tiempo. Reducir la calidad de visitas presidenciales solo incrementa las asimetrías en la mesa de negociaciones, no las reduce. Esta visita fue apenas una evidencia más de lo que pasa cuando el verdadero servicio diplomático es relegado a las orillas o termina en la congeladora, en retiro anticipado o en algún consulado menor, aun teniendo la máxima categoría. Y, como de costumbre, las mujeres dentro de la carrera han sido las más afectadas. La carrera diplomática ha pasado a ser una mala broma para un Gobierno que la ha reducido a una agencia de pago de favores o de becas para amigos cercanos, conocidos importantes y potenciales rivales políticos. Enviados políticos ocupan 32 jefaturas de misión (hasta el cierre de esta columna). Es decir, casi todas las embajadas significativas para el Ecuador.

La figura de representantes políticos en Estados modernos debe ser la excepción, no la regla. Esa fue la letra y el espíritu de la ley todavía (creo) vigente en su artículo 84: “las personas nombradas deben ser mayores de 35 años, de reconocidos méritos, que hayan prestado servicios relevantes a la República”. Muy pocos de los nombramientos políticos en este gobierno cumplen con en esto último. Pero la indelicadeza con el dinero de los contribuyentes no termina ahí, porque generalmente muchos de los “nombrados” han pedido llevar “personas de confianza” como parte de su séquito. Y cada envío al exterior cuesta entre 10.000 y 20.000 dólares, dependiendo del destino y del cargo que se asignan, además de los respectivos sueldos. Con todo y eso, este gobierno se ha dado el lujo de enviar y devolver a varios en menos de un año y medio, como los casos de Washington y ahora de Suecia.

El doble gasto de recursos humanos es aún más absurdo porque todavía el Estado debe pagar al personal de carrera, aquellos que se molestaron en seguir un concurso de oposición y méritos, que aprobaron los cursos de la academia diplomática y que se someten cada año a procesos de evaluación. El vaciamiento del Estado ecuatoriano no solo está pasando en los hospitales públicos o las entidades clave para el suministro de energía eléctrica y combustibles. La única manera en que esto cambie es que los funcionarios de la carrera y en retiro decidan enfrentar el abuso y pelear por sus derechos. Los detentadores del poder han demostrado que prefieren el clientelismo y el amiguismo y no tienen ética pública para defender la inversión que hace el Estado en capital humano, pagada con dinero de todos los ecuatorianos, pues la cuenta y el desprestigio siempre las pagamos todos. ¿Me pregunto si un empresario actúan así con sus empresas? (O)