Lo que ocurre en Bolivia tiene un aire familiar. Un movimiento que por casi dos décadas se acostumbró a confundirse con el Estado descubre que ya no manda desde el Palacio Quemado, pero conserva territorios, clientelas y una épica de agravio suficiente para no resignarse a una bancada disminuida en la oposición.
Rodrigo Paz llegó al poder en octubre de 2025, después del derrumbe histórico del MAS, un partido que parecía diseñado para quedarse para siempre y que terminó devorado por la pelea entre Evo Morales y Luis Arce, la falta de dólares, la escasez de combustibles y el cansancio de una sociedad que empezó a sospechar que la revolución permanente también podía dejar facturas impagas. Seis meses después, enfrenta protestas de mineros, campesinos, maestros y sindicatos que ya no solo reclaman combustible, salarios o leyes agrarias: algunos sectores piden su renuncia, con dinamita en las calles y ese repertorio donde la protesta legítima puede convertirse en ensayo de ingobernabilidad.
La escena no debería resultarnos ajena. En Ecuador, la salida del correísmo tampoco produjo una transición limpia. Lenín Moreno llegó desde dentro del propio movimiento, pero apenas rompió con Rafael Correa fue convertido en traidor, usurpador y enemigo público. Lo suyo tuvo algo de milagro político: abrió una brecha para que se filtraran rayos de transición democrática desde el proyecto autoritario correísta. Luego quedó como un líder ambiguo, con luces y sombras, hoy sometido a procesos judiciales. Con todo, su ruptura permitió ver algo que todavía cuesta reconocer: los proyectos autoritarios no aceptan la alternancia ni cuando nace de sus entrañas.
Con Guillermo Lasso ocurrió otra versión del mismo drama: un gobierno débil, sin mayoría legislativa y con poco oficio para sobrevivir en una Asamblea convertida en campo minado. La oposición correísta actuó como maquinaria de desgaste. Juicio político, bloqueo parlamentario, cálculo de retorno y muerte cruzada fueron estaciones de una ruta: hacer imposible gobernar para demostrar que el país era ingobernable. Mientras tanto, el crimen organizado avanzaba sobre cárceles, puertos, barrios y fronteras. No hace falta imaginar una reunión clandestina para entender ciertas convergencias: a veces basta con debilitar al Estado y dejar que el caos haga el resto.
Bolivia reúne hoy los ingredientes de una transición peligrosa: crisis económica, subsidios insostenibles, sindicatos con capacidad de paralización, un expresidente atrincherado políticamente en el Chapare, procesos judiciales que Evo Morales denuncia como persecución y un Gobierno que restableció la cooperación antidrogas con la DEA después de 17 años. Cuando una transición toca combustibles, coca, minería, rentas estatales y redes de protección, deja de ser una disputa entre izquierda y derecha, y se vuelve una pelea por el control del país.
Conviene ser precisos. No toda protesta es conspiración, no todo sindicato es correa de transmisión de un caudillo, no toda izquierda es autoritaria y no toda crisis fue fabricada por quienes perdieron el poder. Pero sería ingenuo negar que los movimientos que colonizan el Estado suelen dejar minas sembradas cuando son desalojados por las urnas. Pierden la Presidencia, pero conservan jueces, alcaldías, operadores digitales, gremios, medios afines y territorios donde la ley llega tarde, si llega.
Estas transiciones fallidas no se resuelven solo ordenando cuentas públicas o conteniendo protestas. Exigen impedir que los derrotados electoralmente sigan gobernando desde fuera, desde la agitación, la propaganda, el bloqueo institucional o zonas grises donde militancia, clientela política y economías ilegales empiezan a parecerse demasiado.
Ecuador ya pagó caro por no entenderlo a tiempo. Bolivia parece entrar en la misma lección, pero con combustible caro, dinamita minera y coca política sobre la mesa. Y cuando la democracia aprende tarde, casi siempre paga intereses. (O)
