La Corte Constitucional ha rechazado tramitar como decretos leyes de urgencia económica los dos últimos proyectos presentados con ese carácter por la Presidencia de la República; uno, para apoyo a créditos educativos que están en procesos de coactiva, y otro sobre ayudas a empresas con problemas económicos.
Los dos dictámenes no favorables son inapelables; los criterios de la Corte Constitucional sobre lo que significa urgencia económica en relación a los proyectos presentados durante la muerte cruzada son, también, inapelables y constituyen jurisprudencia.
El presidente Guillermo Lasso, sus asesores legales, deberán estudiarlos si tienen el propósito de enviar a la Corte Constitucional nuevos proyectos de urgencia económica. El primer mandatario debería reclamar a sus asesores por incurrir en errores tan crasos como el irrespetar el principio constitucional de que los créditos de los trabajadores tienen preferencia sobre cualquier otro.
La negativa de la Corte ha colocado al presidente en una encrucijada: ¿presentar nuevos proyectos de urgencia económica o, simplemente, convivir con la legislación existente durante el breve tiempo que le resta? Yo diría que si hay una materia que reúne las condiciones de urgencia económica es la de evitar la quiebra del fondo de pensiones del IESS; entre las soluciones, debería considerarse la de dedicar a ello la producción petrolera del ITT, que está en peligro por la irresponsabilidad de la Corte Constitucional de someter a consulta popular, el próximo 20 de agosto –con un retraso de diez años–, si se continúa la explotación petrolera o se tapan los pozos; si se tapan, se desestabilizará la economía.
El tormentoso camino de decretos leyes
También el presidente enfrenta otro peligro: el que la nueva Asamblea Nacional decida continuar el juicio político que motivó su disolución, que es la tesis del bloque de la Revolución Ciudadana. Este peligro seguramente será tomado en cuenta por el presidente para definir su accionar. No hay que descartar el que los asambleístas elegidos el 20 de agosto reclamen sus credenciales y se autoconvoquen. Cada uno de los pasos del presidente, los de sus colaboradores, debe estar bajo observación de los nuevos asambleístas. Como país, debemos desear que se produzca una transición ordenada, tranquila, en paz. Por eso, parece riesgoso el emprender nuevas acciones, nuevos proyectos, nuevas licitaciones, como se anuncia, pues si son inconclusas pueden dar lugar a acciones judiciales internacionales contra el Estado, que tiene el récord mundial de juicios perdidos. Otra encrucijada: emprender nuevas obras o concentrarse en el mantenimiento de las existentes, en la conclusión de las iniciadas y las urgentes para contrarrestar los efectos dañinos de la corriente de El Niño.
La crisis de inseguridad está doblegando a la población, encerrándola en sus casas, obligándola a trasladarse de una ciudad a otra, a vender a pérdida sus casas.
Las circunstancias políticas condujeron al presidente Lasso a reducir su mandato. Pero, como en toda batalla, se admira la retirada ordenada, con el menor número de bajas, de pérdidas físicas, morales. (O)
