El convenio suscrito entre la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, y la estatal brasileña Embrapa es un paso en la línea correcta. Pero, estando ya el Fusarium raza tropical 4 (TR4) en el país, la discusión no puede detenerse en el terreno de la cooperación, debe trasladarse a cifras, costos y decisiones políticas inclusivas, siendo una gran oportunidad, con motivo de las próximas elecciones seccionales, para que los candidatos expongan sus propuestas para asumir este problema existencial de las musáceas comestibles, de real incumbencia para los líderes provinciales, cantonales y parroquiales, con mira en los pequeños productores.
Ecuador cultiva más de 200.000 hectáreas de banano y otra cifra menor de plátano, genera exportaciones superiores a 4.500 millones de dólares anuales y empleo para más de 2,5 millones de familias, escala que convierte cualquier peligro fitosanitario en una crisis nacional. El TR4 confirmado desde 2019 en Colombia, Perú y hace poco en Ecuador exige implementar esquemas de contención con altas pretensiones técnicas e inversiones.
Mantener áreas bajo prevención sanitaria implica destinar recursos superiores a 2.000 y hasta 3.000 dólares por hectárea-año en bioseguridad, monitoreo y operación, lo que significa, si apenas un 5 % del área se ajustara a ese estricto régimen, el costo anual superaría los 30 millones de dólares, sin incluir pérdidas de productividad ni efectos en la cadena exportadora. El TR4 no es de soluciones inmediatas, los esfuerzos de técnicos nacionales con recomendaciones efectivas, aunque sin respaldo científico formal, no han logrado calar en el grueso de los cultivadores, mientras las superficies infectadas no podrán replantarse con las mismas variedades comerciales y el desarrollo de materiales resistentes no transgénicos puede tomar de ocho a quince años.
En ese contexto, la cooperación científica, incluida la de Embrapa, permite mejorar capacidades, pero no sustituye la necesidad de una respuesta nacional estructurada.
La experiencia comparada demuestra que la contención del mal no depende solo del conocimiento, sino de su ejecución uniforme, sostenida y obligatoria.
Las alternativas para financiar una defensa fitosanitaria robusta han sido expuestas en distintos foros técnicos: fondos sectoriales, esquemas de corresponsabilidad público-privada e incluso mecanismos vinculados a la sostenibilidad exigida por los mercados. Sin embargo, hasta ahora, no se nota una reacción proporcional ni del Estado ni del propio sector; en tanto, el banano enfrenta mayores exigencias sanitarias y presiones externas en precios y condiciones de acceso.
En mercados como el europeo, la combinación de aranceles, requisitos ambientales y estándares sociales incrementa costos sin garantizar una compensación equivalente y justa que asegure sostenibilidad, concepto que deja de ser declarativo para convertirse en una ecuación concreta entre costos crecientes y re-tornos inciertos.
El convenio con Embrapa es un buen aporte científico. Pero el problema es más amplio, requiere financiamiento, gestión y firmeza, que aún no se materializan con la urgencia necesaria. Lo que falta no es diagnóstico, es decisión impostergable. (O)