El levantamiento del arresto domiciliario que tenía Abdalá Bucaram Ortiz; el traslado de su hijo Jacobo desde la cárcel 4 de Quito hasta su casa en Guayaquil para seguir con arresto domiciliario, y antes el cambio de la prisión de Latacunga a la de Quito; el sobreseimiento (suspensión de un proceso por falta de pruebas) de dos de los hermanos varones Bucaram Pulley y de Gabriela Pazmiño Pino, esposa de Dalo y nuera del expresidente, en otro caso de presunta corrupción; y la reciente nulidad de todo lo actuado en un proceso contra Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y otros involucrados por supuesta delincuencia organizada en la adquisición de pruebas COVID-19 son parte de los hechos que se han dado durante el año de las investigaciones y procesos que abrió la Fiscalía en contra de miembros de esta familia y de otros implicados ante sospechas de irregularidades en la compra y venta de insumos médicos para hospitales y otros.

Los integrantes de la familia Bucaram que fueron involucrados en estos procesos son Abdalá Bucaram Ortiz; sus hijos Jacobo, Dalo y Michel, y su nuera Gabriela Pazmiño. Sus abogados han interpuesto diferentes figuras legales como recusación a jueces, habeas corpus (mecanismo por el cual se obtiene la libertad ante una supuesta detención ilegal o arbitraria), entre otras, en favor de sus defendidos, las cuales han sido, en sus momentos, acogidas.

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Los juristas de la familia han expresado en reiteradas ocasiones que no se ha cumplido con el debido proceso; que los derechos de sus defendidos han sido vulnerados; y que no se han encontrado pruebas que demuestren las sospechas o acusaciones de los fiscales.

Aquí parte de los procesos que se han dado y que continúan, donde hay miembros de la familia Bucaram señalados. Sus hechos se hicieron mediáticos porque han sido figuras políticas y públicas en Ecuador incluso desde que eran adolescentes y jóvenes, cuando su padre, Abdalá Bucaram Ortiz, fue presidente de la República, entre 1996 y 1997.

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El antecedente que originó varios procesos penales

Era 3 de junio de 2020 cuando funcionarios de la Fiscalía de Ecuador y de la Policía Nacional llegaron y allanaron la casa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y también la de su hijo Abdalá Bucaram Pulley (más conocido como Dalo), que está junto a la de él en el norte de Guayaquil y que estaba sin sus habitantes. El operativo, liderado por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, que investigaba actos de corrupción cometidos durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, fue grabado y fotografiado.

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Ese día, Bucaram Ortiz fue detenido por portar, sin permiso, una pistola y 200 cartuchos, según la Fiscalía. Y en su casa se encontraron y decomisaron cajas con insumos médicos como 2.000 pruebas rápidas de COVID-19 y 5.000 mascarillas. Horas después (ya el 4 de junio) se le dictó arresto domiciliario por su edad (68 años en ese entonces) y por su “estado de salud”, se indicó. Luego, en agosto del 2020 hubo otro operativo en su casa, que terminó también con otra detención. En esa ocasión por el caso de delincuencia organizada, que este 22 de junio de 2021 terminó con la nulidad de todo lo actuado, según el fallo oral de la jueza.

Abdalá Bucaram Ortiz

Tras su detención el 3 de junio de 2020 por el porte de arma y por las municiones se originaron además otros procesos judiciales en su contra. Fueron tres en total:

  1. Tráfico de bienes patrimoniales, que aún está en proceso.
  2. Tráfico y tenencia de armas, en fase de juicio.
  3. Y delincuencia organizada, que se llevaba en Quito. Por este caso se conoció la versión de los dos extranjeros (israelíes) que señalaban a Jacobo Bucaram. En su momento, la Fiscalía dijo que Abdalá y su hijo Jacobo eran parte del organigrama de esta supuesta red y que el padre se dedicaba al acopio de insumos como las pruebas para detectar el COVID-19, mientras que Jacobo las compraba. Luego de que este hecho se hizo público, Shy Dahan fue asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral. Su compañero, el israelí-australiano Sheinman Oren, que sobrevivió al ataque, fue también vinculado a este proceso.

Por este último caso de supuesta delincuencia organizada en la adquisición de pruebas para detectar el COVID-19, la jueza Verónica Medina aceptó el 22 de junio de 2021 las alegaciones de los procesados y en su fallo oral declaró la nulidad de todo lo actuado. Con esto, el proceso volverá a investigación previa, que es la primera etapa.

Medina fue la jueza penal de Pichincha que reemplazó a María Elena Lara, quien fue recusada, el mes pasado, por las defensas de Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo.

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En este caso, y tras la nulidad, los abogados de los Bucaram adujeron que hubo una vulneración de los derechos de sus clientes porque no se los notificó del inicio de la indagación previa, ya que no era un caso flagrante.

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El fallo de nulidad aplica tanto para Bucaram Ortiz como para su hijo Jacobo, así como para los otros involucrados.

Por este caso y con anterioridad, el 15 de abril de 2021, dos de los tres exagentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) admitieron el hecho, mediante procedimiento abreviado. A ellos se les dictó una pena de cinco años de cárcel.

Bucaram Ortiz usa grillete electrónico desde el 20 de junio pasado. Y a inicios de este mes se le levantó el arresto domiciliario que tenía. Antes, participó en elecciones nacionales y con ello también se le suspendieron temporalmente los procesos activados en su contra. Estos se retomaron una vez que se anunciaron los resultados oficiales de las elecciones ecuatorianas. También interpuso recursos legados para no ser llevado a prisión mientras duren los procesos. Se adujo que era por su salud y por su edad, ahora de 69 años.


Jacobo Bucaram Pulley

Se le abrieron tres procesos:

  1. Delincuencia organizada en la comercialización de insumos médicos en Guayaquil. En este caso de supuesta corrupción también están siendo procesados los hermanos Noé y Daniel Salcedo Bonilla (en juicio); el expresidente del IESS Paúl Granda y otros implicados. Pendiente la audiencia de juicio. Aquí los otros dos hermanos Bucaram Pulley ya fueron sobreseídos
  2. Otro proceso, el de tráfico de bienes patrimoniales. Fue ya sobreseído. El 23 de diciembre de 2020, el fiscal se abstuvo de acusar al procesado por “no encontrar motivos necesarios”. En la audiencia, el juez Juan Carlos Terán dictó el sobreseimiento y se finalizó el proceso. Para ese entonces estaba en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en Cotopaxi. En ese entonces, la Judicatura indicó que la Fiscalía determinó que Jacobo no tenía vínculos directos con las piezas arqueológicas que se encontraron en casa de su padre, Abdalá, “sino que se puede apreciar que estaría visitando a sus padres”. Ahí, el juez Terán dijo que la “falta de objetividad” del abogado César Suárez, uno de los fiscales que llevó el caso, derivó en un proceso penal y en una orden de privación de libertad en contra de quien “por obvias razones era inocente”. Para esa fecha, Terán había anunciado que se le pediría disculpas a Jacobo.
  3. En otro proceso por delincuencia organizada, donde se conocieron también las acusaciones de los israelíes, el 22 de junio, la jueza Verónica Medina declaró la nulidad de todo lo actuado. Con esto se beneficiaron Jacobo y su padre.

A Jacobo, la justicia ecuatoriana lo consideró prófugo desde el 31 de julio de 2020. El 25 de septiembre de 2020, tras ser detenido en Colombia, fue traído a Ecuador y llevado a prisión, por los supuestos delitos de delincuencia organizada y tráfico de bienes patrimoniales. El 23 de diciembre de 2020, la Fiscalía se abstuvo de procesar a Jacobo por este último delito.

El 23 de febrero pasado, el juez Esteban Calderón, de la Unidad de Violencia Contra la Mujer y la Familia de Quito, dictó arresto domiciliario para Jacobo Bucaram tras aceptar el recurso de habeas corpus, porque “existía condición médica de riesgo”. Antes de esto también había logrado que se lo traslade de la cárcel de Latacunga hasta la cárcel 4 de Quito.

Dalo, su esposa Gabriela Pazmiño y Michel Bucaram Pulley

  1. El 13 de mayo de 2021, Alfredo Arboleda, uno de los abogados de los Bucaram, anuncia el sobreseimiento en el proceso por presunta delincuencia organizada que se seguía también para Abdalá Bucaram Pulley, más conocido como Dalo, para su esposa, Gabriela Pazmiño Pino, y para Michel Bucaram Pulley.

En la audiencia preparatoria de juicio, el juez Ronald Guerrero dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares para ellos por “falta de pruebas”, incluyendo la prisión preventiva que pesaba en su contra. En este caso sí se sigue el proceso contra los otros involucrados como Jacobo Bucaram, los hermanos Salcedo Bonilla, exfuncionarios del IESS y empresarios, que han sido llamados a juicio. Se investiga la venta irregular de medicinas a hospitales del IESS durante los primeros meses, y los más críticos, de la pandemia del COVID-19 en Guayaquil y en el país.

Para esa fecha, el juez Guerrero era parte del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos porque había denunciado que recibió amenazas de tres hombres, con acento colombiano, para que supuestamente revocara la prisión preventiva (medida cautelar) que en ese entonces pesaba sobre Jacobo Bucaram.

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Luego de aquel sobreseimiento, la Fiscalía anunció que apelaría aquella decisión contra los tres sobreseídos. Pero esto no se dio en los plazos previstos, se indicó después.

Para ese entonces, la Fiscalía indicó que presentó 42.000 fojas en 242 cuerpos, que eran 17 cajas con convenios, contratos y más detalles. El fiscal Eduardo Díaz, a cargo del caso.

Antes de que Díaz estuviera a cargo, en diciembre del 2020, la fiscal Claudia Romero emitió un dictamen abstentivo para Gabriela Pazmiño y su cuñado Michel Bucaram, porque “no tenía pruebas suficientes en su contra”, pero la fiscal provincial revocó el dictamen y cambió de fiscal.

Fiscalía, magistrados y abogados de implicados

Y mientras los abogados de los miembros de la familia Bucaram insisten en que no hay pruebas y que se han vulnerado el debido proceso y los derechos de sus defendidos, la fiscal general, Diana Salazar, reiteró la mañana de este jueves, en una entrevista en el canal Teleamazonas, que en el caso que involucra al expresidente Abdalá Bucaram “existen argucias jurídicas, lamentablemente acogidas por la jueza, que causan un retroceso. Hemos apelado la decisión de nulidad. De ratificarse la decisión, Fiscalía volverá a empezar con su labor, pero no habrá impunidad”.

Mientras, en un comunicado firmado por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), se rechazaba “cualquier actuación o tentativa de direccionamiento de las decisiones judiciales que violen el principio de independencia judicial, más aún si los mismos son producto del desconocimiento de la ley...”. Pedían que no se tergiversara la información de los procesos judiciales, deslegitimando el actuar de los magistrados.

Y exponían que en el caso reciente en el que actuó la jueza Verónica Medina (donde se declaró nulo todo el proceso para Abdalá Bucaram y para su hijo Jacobo), la investigación previa se “inició sin notificar a los 9 investigados...”. (I)