En el caso del atentado en el sector Playita del Guasmo, en el sur de la ciudad de Guayaquil, todas las armas que se utilizaron son armas largas, y eso significa la inclusión de armamento sofisticado hasta de uso militar.

Lo señaló la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral la tarde de este 26 de enero, cuando reiteró la necesidad de aprobar el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública, que dijo es emergente para enfrentar el problema que actualmente atraviesa el país relacionado con el narcotráfico, lo que genera inseguridad.

La funcionaria indicó a los legisladores que “se está viendo que hay una migración del uso de armas que antes eran fundamentalmente armas blancas hacia el uso de armas de carácter industrial”.

Cinco personas fueron asesinadas durante ataque armado en la Playita del Guasmo, sur de Guayaquil, la noche de este viernes 21

Manifestó que el proyecto que se pone a consideración de la Asamblea incluye ocho disposiciones legales que tienen que ver con el uso progresivo de la fuerza, que son indispensables dadas las circunstancias que se tienen en este momento y que se necesita que se conviertan en ley, porque las normas que rigen al momento son a nivel de acuerdos ministeriales y se requiere que esas normas suban de nivel y se conviertan en una ley de carácter general.

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Gobierno entregó a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública

Que esas disposiciones no solo servirán para proteger la acción de la Policía Nacional, sino adicionalmente para la posibilidad de acción de las Fuerzas Armadas como una fuerza que apoya el trabajo de la Policía, y como esas disposiciones que requieren las FF. AA. han sido derogadas en virtud de sentencia de la Corte Constitucional, es indispensable tener normativa para que puedan operar de manera conjunta en respaldo de la Policía Nacional en las operaciones para garantizar la seguridad nacional.

Este proyecto es emergente y no es un proyecto para profundizar en uno de los varios cuerpos de carácter legal y que están siendo tratados en la comisión, reiteró la ministra de Gobierno, quien insistió en que lo único que busca el proyecto del Ejecutivo es tratar de solucionar algunos de los problemas que se enfrentan y que se necesita de una reacción inmediata.

Tres proyectos

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional al momento tramita tres proyectos de ley relativos a seguridad y uso progresivo de la fuerza, a los que se sumará el proyecto remitido por el Ejecutivo denominado Ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública.

La propuesta del Gobierno, que tiene como objetivo garantizar los mecanismos para trabajar de forma coordinada en los problemas de seguridad nacional e integral que afectan a los ecuatorianos, aún debe esperar la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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Los tres proyectos de ley que discute la mesa legislativa tienen relación con el código orgánico de seguridad integral, proyecto de ley de seguridad privada y la ley para el uso adecuado y proporcional de la fuerza. Aunque también elaboró un informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo respecto a seguridad.

Respecto al proyecto de Ley orgánica sobre el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza, al momento se encuentra en la etapa de socialización, para ello se ha convocado a expertos, académicos y diversas autoridades con el fin de escuchar sus observaciones y propuestas. Se analizan las propuestas presentadas por los exlegisladores César Litardo (AP) y César Solórzano (PSP).

Este 26 de enero, comparecieron la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el comandante general de la Policía Nacional, Fernando Cabrera.

La propuesta del Gobierno tiene cinco ejes: uso progresivo de la fuerza; cooperación entre las fuerzas del orden: Policía y Fuerzas Armadas; asegura mecanismos de defensa para servidores policiales cuando son sujetos a investigaciones; reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para solucionar los vacíos existentes que impiden realizar el trabajo de la fuerza pública; y, el combate al hacinamiento en cárceles y normas para la administración de los centros de privación de libertad.

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El presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez, planteó a la ministra de Gobierno la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo sea incorporada como un aporte o insumo a los proyectos que analiza la mesa legislativa.

La ministra de Gobierno no descartó que la propuesta del Ejecutivo se acumule a lo que actualmente analiza el Parlamento en materia de seguridad. (I)